Por Antonio Rossi
(LPO) - El trabajoso acuerdo que el gobierno macrista logró cerrar con China para reencauzar los proyectos energéticos de las represas santacruceñas y las nuevas centrales nucleares podría entrar en zona de turbulencias por una medida adoptada por la compañía estatal AySA.
La empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires resolvió dar de baja una de sus principales obras de infraestructura que había sido adjudicada en agosto del año pasado por el ministro de Planificación, Julio de Vido, a un consorcio liderado por el grupo chino Gezhouba.
La caída del proyecto denominado Río Subterráneo Sur -que implicaba una inversión (a valores del año pasado) del orden de los 4.617 millones de pesos- disparó las primeras quejas informales de los representantes locales de Gezhouba y del embajador chino en Buenos Aires, Yang Wanming.
En la Cancillería no descartan que la decisión genere un reclamo de los funcionarios chinos en la reunión bilateral agendada para julio en Beijing, donde se analizara la marcha de las represas y centrales nucleares.
Además, fuentes de la Cancillería no descartan que la cuestión forme parte de los reclamos que los funcionarios chinos le plantearán a sus pares argentinos en la próxima reunión bilateral de mediados de julio en Beijing donde se deben tratar los últimos detalles de las readecuaciones contractuales que fueron acordadas para las represas patagónicas y las usinas nucleares.
La empresa estatal que preside José Luis Inglese y que está bajo la órbita del secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, le bajó el pulgar a la megaobra de la zona sur con el argumento de que estaba sobredimensionada y no contaba con todos los estudios técnicos previos.
Ahora la intención de AySA es revisar el proyecto y relicitarlo pero segmentado en dos o tres etapas.
La obra del “Río Subterráneo Sur” fue pensada para extender la cobertura del servicio de agua potable en la zona sur del Conurbano bonaerense. El proyecto contemplaba la construcción de un acueducto bajo tierra de casi 10 kilómetros desde la planta potabilizadora General Belgrano ubicada en Bernal hasta las nuevas estaciones elevadoras que estaban programadas para la ampliación del servicio en los partidos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.
El proceso licitatorio que la administración macrista decidió dejar de lado había arrancado a fines de 2014. A la hora de presentar ofertas, aparecieron tres grupos liderados por empresas chinas.
El grupo Gezhouba llevó como socia local a Electroingeniería. En tanto, Hidrochina fue con Supercemento y Cartellone. Y el hólding CCCC tuvo como acompañante a Iecsa, la empresa que Franco Macri le vendió en el inicio del kirchnerismo a Angelo Calcaterra, el primo hermano del actual presidente Mauricio Macri.
Gezhouba, asociada a Electroingeniería, le ganó en su momento la licitación a la UTE que integraron la china CCCC y la local Iecsa, la firma de Angelo Calcaterra, el primo de Macri.
En marzo de 2015 se abrieron las ofertas y la ganadora fue la de Gezhouba-Electroingeniería -el mismo tándem que se quedó con las represas santacruceñas- con 4.617 millones de pesos y un esquema de financiamiento por el 85% de la obra a cargo del Eximbank de China.
En segundo lugar se ubicó CCCC-Iecsa con una oferta de 4.839 millones de pesos, mientras que la UTE de Hidrochina-Supercemento-Cartellone quedó relegada al tercer puesto tras presentar una propuesta de 4.876 millones de pesos.
Tras casi cinco meses de negociaciones con China, el proyecto fue preadjudicado en agosto de 2015. El contrato de la obra se suscribió en los primeros días de noviembre, pero quedó condicionado a la aprobación del préstamo por parte de las autoridades económicas argentinas.
La gestión K no llegó a concluir ese trámite y el gobierno macrista que asumió el 10 de diciembre pasado optó por no convalidar ese financiamiento externo que ya estaba listo y disponible para hacer la mayor parte de la obra con equipos y materiales provenientes de China.