Por Antonio Rossi
La creciente inquietud que sobrevuela en la administración macrista por la demora que registran las tan promocionadas y anunciadas inversiones en infraestructura sumó un nuevo motivo de preocupación proveniente de China.
Las gestiones oficiales desplegadas en los últimos quince días por el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Félix Martín Soto, con el fin conseguir nuevos financiamientos para cuatro proyectos energéticos chocaron con una inesperada negativa de las autoridades del Eximbank y de los representantes del gobierno de China.
Con el visto bueno del presidente, Mauricio Macri y del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, Soto fue a golpear las puertas del Eximbank y del gobierno chino en busca de “créditos preferenciales” para poder poner en marcha los proyectos energéticos de la Central Hidroeléctrica El Tambolar—adjudicada al consorcio de Techint y Panedile, con la participación de Power China—, la ampliación del parque eólico Arauco en La Rioja, la instalación de un parque solar en Jujuy y la represa neuquina Chihuido, a la cual se le cayó el financiamiento que tenía de Rusia, como anticipó LPO.
Las gestiones del subsecretario Félix Soto para conseguir nuevos créditos se toparon con una pared: El gobierno de China quiere que se reactive la obra de la central Belgrano II que costará u$s 1.122 millones y ganó el grupo CNTIC.
Ante el planteo del funcionario local, tanto el Jefe del Eximbank en América Latina, Yang Jing, como el embajador chino en Buenos Aires, Yang Wanming respondieron con una especie de ultimátum: antes de negociar nuevos financiamientos, el gobierno argentino debe resolver que hará con el crédito comercial que tiene preacordado desde 2015 para la construcción de la central térmica Manuel Belgrano II (CTMBII).
Se trata de un préstamo del Eximbank enmarcado en la asociación estratégica entre ambos países por 1.122 millones de dólares para financiar el 85% del monto total de la usina bonaerense.
La ejecución de la obra y la provisión de los equipos había sido adjudicada el año pasado por la administración kirchnerista a un consorcio liderado por el grupo chino CNTIC que lleva como socia a la desprestigiada firma kirchnerista Electroingeniería.
La CTMBII es una central de ciclo combinado proyectada en la zona de Campana que prevé aportar al sistema eléctrico una potencia de 810 MW.
Como casi todas las licitaciones de grandes obras que vienen de la era K, la correspondiente a la CTMBII arrastra una historia polémica.
El proceso licitatorio había arrancado a fines de 2011 y recién un año después, en noviembre de 2012, se procedió a la apertura de las dos ofertas que estaban en juego: una de Electroingeniería por 4.589 millones de pesos y la otra, de la dupla IECSA-Isolux por 5.221 millones de pesos.
En agosto de 2014, la empresa estatal Enarsa le adjudica la usina que había sido licitada bajo el esquema tradicional de “obra pública llave en mano” a Electroingeniería.
Pero casi de inmediato y con el aval del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, la firma cordobesa que manejan los empresarios K. Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta arrimaron una propuesta de financiamiento de China por el 85% del proyecto que estaba condicionada a la cesión mayoritaria del contrato al grupo CNTIC.
El cambio y el ingreso de los chinos fue aprobado por el directorio de Enarsa en junio de 2015 y tras el pago de un anticipo financiero de 103 millones de pesos se iniciaron las negociaciones entre el ministerio de Economía y el Eximbank de China para acordar la letra chica de la asistencia crediticia.
Luego del desembarco macrista en la Casa Rosada, la nueva conducción de Enarsa encabezada por Hugo Balboa decidió congelar el proyecto, pese a que la empresa estatal ya había adquirido en Campana y a cambio de 5 millones de dólares el predio para construir la usina.
Si bien el Eximbank chino y la cartera de Economía habían reanudado las negociaciones a mediados de este año, los funcionarios locales no mostraron mayor interés en acelerar los trámites pendientes del crédito para la CTMBII.
Pero ahora, el emplazamiento de los funcionarios chinos obligará al Gobierno a afrontar el costo político de aceptar o rechazar ese préstamo. Si lo toma, estará convalidando la cuestionada actuación de la administración K. Y si lo deja caer, demorará más de la cuenta las nuevas negociaciones que tiene en carpeta para que China siga financiando obras energéticas y de infraestructura.
(Publicado en lapoliticaonline.com) -
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