POR ANTONIO ROSSI
Tras haber tenido su momento de gloria cuando se produjo la detención del ex titular del gremio Omar “Caballo” Suárez; la interventora del SOMU y diputada nacional del PRO, Gladys González ha quedado en los últimos días en la mira de los obreros marítimos por haber “flexibilizado” en forma arbitraria las condiciones laborales y salariales en favor de una empresa de remolcadores.
La bronca de los afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) contra la interventora macrista estalló al conocerse la letra chica del “Acta-Acuerdo” que González suscribió con Logística y Servicios Marítimos SA, la empresa del grupo Samarín que asociada con el gigante naviero danés Maersk se adjudicó la polémica licitación del servicio de remolcadores para los barcos de GNL que arriban a los puertos de Bahía Blanca y Escobar.
El “Acta Acuerdo” –que fija un nuevo sistema de trabajo con menos tripulantes, baja de sueldos y recorte de los francos previstos en convenio paritario actual-- fue impugnado por un grupo de afiliados de Bahía Blanca con dos argumentos relevantes.
En primer lugar, porque no se encuadra en los parámetros del convenio colectivo vigente que rige para todas las empresas navieras. Y en segundo lugar, porque va en contra de los intereses y derechos de los trabajadores.
Por medio de un recurso administrativo, los afiliados del SOMU Raúl Díaz, Juan Iturbide, Marcos Padilla y Carlos Zambrano cuestionaron la actitud de González por haber aceptado la introducción de cláusulas desfavorables para los trabajadores con el fin de beneficiar a las empresas privadas a las cuales la estatal Enarsa le otorgó un negocio anual del orden de los 50 millones de dólares.
Fundamentaron la impugnación del acuerdo salarial en el hecho de que “el acta ha sido confeccionada desconociendo el Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre el SOMU y la Cámara de Armadores de Remolcadores que fuera homologado por el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por resolución 809/2011 y registrado bajo el número 629/2011 que se encuentra vigente”.
Además, los trabajadores del SOMU denunciaron que “el acta-acuerdo no tiene en cuenta ninguno de los ítems correspondiente de dicho convenio colectivo, esencialmente los artículos 5,11 y 12 concordantes y siguientes, a la vez que resulta ser un documento firmado en total detrimento de los afiliados, atento a que no contempla la determinación de los haberes por trabajos no específicos y demás derechos consagrados en forma legal y convencional “
Los denunciantes hacen responsable a Gonzaléz “de todos los daños y perjuicios consecuentes en caso de que se de aplicación al acta acuerdo, por lo cual hacemos reserva de nuestros legítimos derechos efectuando la pertinente denuncia ante el ministerio de Trabajo para solicitar la nulidad de lo acordado”.
Ante la posibilidad de que se registren represalias por parte de los funcionarios de la intervención, los afiliados del gremio advirtieron que “la impugnación presentada no se interprete o utilice para originar una persecución política, social o laboral contra los firmantes que se reservan el derecho de efectuar las denuncias que correspondan ante los organismos pertinentes y la Justicia Penal”.
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