Por Antonio Rossi
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(LPO) - Desde fines de marzo, el Ministerio de Energía que comanda Juan José Aranguren y la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña empezaron a seguir de cerca el complicado panorama que enfrenta Electroingeniería, la empresa cordobesa manejada por Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta.
Identificada plenamente con la gestión kirchnerista, Electroingeniería (que pasó de ser una mediana contratista de Córdoba a principios de la década pasada a convertirse en los últimos años en uno de los grandes jugadores de la obra pública nacional) arrastra por estos días una delicada situación económica-financiera y –según la visión oficial—no estaría muy lejos de entrar en un “default generalizado” que afectaría a las distintas sociedades del grupo.
No vamos a tirar la toalla como hizo Lázaro Báez ni declararnos en convocatoria como Cristóbal, afirman voceros de Electroingenieria.
Ante la posibilidad de que en las próximas semanas se agraven los problemas que jaquean a la empresa, los funcionarios del área energética ya se habrían puesto a delinear un plan “B” para la continuidad del megaemprendimiento de las represas santacruceñas.
Mientras definen los cambios estructurales que se introducirán en el proyecto ejecutivo de las obras, los colaboradores de Aranguren salieron a buscar, muy discretamente, a alguna constructora local de peso que pueda ocupar el lugar de Electroingeniería en el consorcio adjudicatario de las usinas patagónicas que tiene como actor relevante al grupo chino Gezhouba, que es el que abre la puerta al financiamiento de China.
El colapso de Electroingenieria
Si bien la mayoría de las constructoras de obras públicas vienen acumulando deudas con sus proveedores y subcontratistas por la falta de pago de los organismos estatales que se remonta a noviembre pasado, en el caso de Electroingeniería las dificultades económicas se acrecentaron significativamente en los últimos tres meses.
En enero, por atrasos en las obras y falta de pago a los contratistas bolivianos, el gobierno de Evo Morales le rescindió el contrato de US$ 250 millones para la construcción de la carretera “Santa Bárbara-Caranavi-Río Alto Beni-Quiquibey" que había ganado a principios de 2010.
En febrero, Ferreyra y Acosta comenzaron a suspender y dar de baja a 600 trabajadores de Vialco, la constructora que tenía a su cargo una serie de obras en la central nuclear de Atucha que la administración macrista canceló hasta nuevo aviso.
A fines de febrero, la empresa dejó de pagar los sueldos de la mayor parte de empleados del canal de cable 360TV y en el caso Radio del Plata, empezó a liquidar los salarios con retrasos.
A eso se sumó la decisión de Vialidad Nacional de no prorrogarle la concesión a la empresa que estaba operando del corredor vial número 7. Se trata VIALNOA, que desde 2010 tenía bajo su órbita casi 800 kilómetros de las rutas 9 y 34 que atraviesan las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
Por la falta de cumplimiento de las obras mínimas y el marcado deterioro de las rutas que estaban dentro de su concesión, Vialidad resolvió darle de baja a la empresa de Electroingeniería y poner transitoriamente en su lugar a la concesionaria de corredor número 3 que integran las constructoras Cartellone y Rovella Carranza.
Tirar la toalla
Por el lado de los proveedores, las quejas y los reclamos se están haciendo sentir cada vez más fuerte. La empresa está pagando con cheques a 120 y 150 días que los bancos son cada vez más reacios a descontar en forma anticipada.
Si bien reconocen la crítica realidad que afronta el grupo, los voceros de Electroingeniería aseguran que seguirán dando pelea y que, por ahora, están lejos de “tirar la toalla”.
“No vamos a bajar la persiana como hizo Lázaro Báez, ni acudir a una convocatoria de acreedores como ha hecho Cristóbal López”, destacó un vocero de la empresa al despegarse de los contratiempos y complicaciones que enfrentan los otros empresarios K..
A la espera de cobrar los certificados de obras energéticas que les adeuda el gobierno nacional, la apuesta y principal esperanza de la empresa está enfocada en la provincia de Córdoba.
Ahí se adjudicó a principios de año una de las tres grandes obras de la red de gasoductos troncales por casi 3.000 millones de pesos y está por recibir un anticipo del 20%.
Y presentó una oferta que estima ganadora en la licitación en curso para la obra de “las redes cloacales de la provincia y la planta depuradora de la capital cordobesa” donde está en juego una inversión estatal de casi 2.000 millones de pesos.
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