Por Antonio Rossi
A las tres comisiones que se habían creado durante el primer semestre en los ámbitos de las carteras de Obras Públicas y Transporte, se ha sumado en las últimas semanas la puesta en funcionamiento de un nuevo ente interministerial que también agrupa a legisladores nacionales, empresarios y dirigentes del gremio de la UOCRA.
Se trata de la denominada “Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional”.
Surgida del decreto de necesidad y urgencia 691 de mediados de mayo, la nueva comisión está integrada en total por 16 representantes.
Dos provienen del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de Rogelio Frigerio. Otros dos salen del Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich y otro par, del área de Energía que comanda Juan José Aranguren. Por el lado empresario, la Cámara Argentina de la Construcción tiene dos lugares al igual que el sindicato de la UOCRA de Gerardo Martínez. El staff se completa con tres diputados y tres senadores nacionales.
Las funciones de la Comisión son muy similares a las que ya tienen asignadas las otras armadas en los primeros meses del año. Entre otras tareas, la multitudinaria comisión se ocupará de:
--Analizar la problemática del sector de la construcción y proponer medidas o políticas para superar las mismas, así como también soluciones ante posibles controversias que pudieran suscitarse como consecuencia de la aplicación de la presente medida.
-- Proponer acciones que contribuyan a otorgar certeza y transparencia a los procedimientos de redeterminación de precios.
--Colaborar con el INDEC en la implementación de los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación.
--Monitorear las variaciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, que incidan sobre los precios a pagar a los contratistas.
Gusto a poco
Convocada a pocas horas de que el INDEC informara que el desempleo en el primer trimestre había trepado al 9,3% de la población activa y que la economía registró en los primeros seis meses de 2016 una caída del 1,4%, la reunión de la Comisión realizada el último miércoles dejó a los empresarios con un gusto amargo.
El comunicado oficial del ministerio de Frigerio sostuvo que “la reunión fue muy productiva porque avanzamos en la concreción de muchas obras de suma importancia para las provincias y porque se dio un paso muy importante para la construcción de 30 mil viviendas en todo el país”.
En cambio, para las constructoras, la situación es otra. Sostienen si bien se acordó una modificación en los diversos planes de obras y viviendas federales y municipales de la era kirchnerista que estaban frenados, aún faltan varios meses para la reactivación plena de los trabajos. En el caso de las redeterminaciones de precios, destacan que los avances son a paso de tortuga y que no hay plazos ciertos para la actualización definitiva de los valores contractuales.
Además, cuestionan las superposiciones de tareas que hay entre las distintas comisiones que se constituyeron en torno de las obras públicas.
Junto con la citada comisión del DNU 691, conviven otras tres que son las siguientes:
-) La “Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios” creada por la resolución 20/2016 del ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.
-) La “Comisión de Concertación y Coordinación Operativa de la Obra Pública y Vivienda Federal” conformada por medio de la resolución 102 del ministerio de Frigerio.
-) La “Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procedimientos de Redeterminación de Precios” del ámbito de la cartera de Transporte que creó el ministro Guillermo Dietrich por la resolución 64/2016.
El recorte
A la superpoblación de comisiones, se suma otro cuestionamiento de peso de las constructoras. Es el vinculado con el marcado recorte de fondos aplicado en cinco planes de obras clave.
Según el último informe de la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública), en los primeros siete meses del año la “tijera” del Gobierno afectó a los siguientes programas:
--Plan PRO.CRE.AR: registró una caída del 62% y recibió 4.900 millones de pesos menos que en igual período de 2015.
--Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica: los desembolsos cayeron un 78%, lo cual implicó 2.465 millones de pesos menos que en 2015.
--Fortalecimiento Comunitario del Hábitat: La poda fue del 90% con 2.100 millones de pesos menos.
--Obras a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA): El recorte con respecto al período enero-julio de 2015 fue del 72% que equivalen a 1.775 millones de pesos menos.
--Infraestructura Social: sufrió un ajuste del 79% que representó 1.615 millones de pesos menos en obras destinadas a centros de usos múltiples, salas de primeros auxilios, clubes e infraestructura hospitalaria.
(Publicado en lapoliticaonline.com)
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