Por Antonio Rossi
( LPO) - Sobre la hora y para no toparse con un fracaso en la licitación en curso, el gobierno salió en auxilio del ministerio de Energía de Juan José Aranguren con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que compromete un total de 4.700 millones de dólares de recursos presupuestarios para mejorar las garantías de pago y hacer más atractivo el negocio de las energías renovables a los oferentes privados.
Por medio del DNU 882, la administración macrista decidió establecer para este año un cupo fiscal de 1.700 millones de dólares para ser asignado a los beneficios promocionales del programa de energía renovables (RenovAr), con cual los funcionarios de Energía buscan incorporar, en una primera etapa, unos 1.000 MW de generación “limpia y no contaminante”.
A ese monto se agregaron otros 3.000 millones de dólares en Letras del Tesoro que podrá emitir el ministerio de Hacienda y Finanzas para que la cartera energética pueda garantizar la “estatización” de las usinas de generación renovables a los operadores privados que no logren cobrar sus facturas mensuales de energía o que, por medidas del Gobierno, no puedan girar dólares al exterior.
Con el argumento de brindar “mayor certeza y seguridad jurídica a los inversores privados que decidan invertir capitales de largo plazo”, el DNU introdujo una serie de modificaciones y beneficios que apuntan a reducir los riesgos y facilitar el acceso al financiamiento de los proyectos de energía renovables.
Con esta movida, el gobierno intenta corregir los errores iniciales que había cometido el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind al reglamentar la ley del sector y convocar a la primera licitación de equipos de generación sin tomar en cuenta la situación económica y financiera y la visión del negocio que tienen los potenciales interesados y los proveedores locales.
Entre los cambios introducidos por el DNU –que en parte tuvo en cuenta los planteos y objeciones que venían haciendo las empresas y los bancos interesados en el negocio—sobresalen los siguientes:
--El Estado nacional se compromete a adquirir las centrales de generación instaladas por los oferentes privados cuando se registre alguna de las siguientes causales: a) falta de pago en tiempo y forma, total o parcial, de la energía entregada a la CAMMESA: b) Imposibilidad de adquirir dólares o convertir pesos a dólares; c) interrupción de pagos y transferencias de dólares a cuentas bancarias del exterior; d) la extinción de las garantías otorgadas por el Estado y e) la falta de cumplimiento de cualquier sentencia judicial o laudo arbitral firme.
--Los contratos de abastecimiento de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables que originariamente iban a ser por 20 años tendrán ahora un plazo máximo de 30 años.
--Se elimina la cláusula por la cual los arbitrajes tenían que hacerse exclusivamente bajo legislación argentina. A partir de ahora, las partes pueden establecer mecanismos arbitraje basados tanto en la jurisdicción local, como en los tribunales de Nueva York y los organismos internacionales del CIADI y la UNCITRAL.
--Se reformula la integración del Comité Ejecutivo del FODER (Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Energías Renovables) que iba a controlar solo el ministerio de Energía. Se suman al manejo del fondo el ministerio de Hacienda y el Banco de Inversión y Comercio Exterior.
--Los contratos que firmen los funcionarios y los oferentes privados podrán incorporar cláusulas de indemnidad por cualquier daño o reclamo relacionado con el ejercicio de sus derechos, funciones y tareas. La obligación de indemnidad se hará efectiva con cargo a las partidas presupuestarias del ministerio de Energía.
Para defender el uso de la vía extraordinaria del DNU y la exclusión del Parlamento, la Casa Rosada esgrimió como argumento que “teniendo en cuenta los plazos que deben cumplirse hasta alcanzar la habilitación comercial de las centrales de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, es indispensable adoptar sin demora alguna las medidas necesarias para complementar el marco jurídico vigente de modo que los potenciales inversores tengan certeza sobre el régimen aplicable en forma inmediata y puedan desarrollar sus proyectos y ejecutarlos a la mayor brevedad posible”.
El apuro del Gobierno para que no fracase la denominada “Ronda 1” de incorporación de energías renovables quedó sobre el tapete en el párrafo que resalta que “también es esencial acelerar los tiempos de instalación de las centrales renovables en atención a la contribución fundamental que significarán para superar la emergencia del sector eléctrico nacional que rige hasta diciembre de 2017”.
Tal como solía hacer la gestión kirchnerista, la administración de Mauricio Macri justificó el DNU remarcando que “aguardar el tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo irrogaría un importante retraso que impediría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”.
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