Los funcionarios de la cartera de Transporte que conduce Guillermo Dietrich se ufanan de ser más eficientes y mejores planificadores que sus antecesores kirchneristas a la hora de definir y licitar las obras que se pagan con fondos públicos.
Pero ese “relato” que pregonan a través de periodistas y medios oficialistas ha comenzado a mostrar algunas llamativas fisuras que ponen en duda la tan mentada transparencia y prolijidad de la gestión macrista.
En los últimos días y sin hacer ruido, el ministerio de Transporte comenzó a utilizar una de las herramientas que más le cuestionaba a la administración K. y que consiste en la ampliación directa de los montos contractuales de las obras públicas que fueron recientemente adjudicadas.
Por una serie de resoluciones, el área de Dietrich procedió a incrementar en 270 millones de pesos los presupuestos de tres contratos de obras del programa de “Rehabilitación y Mantenimiento Vial, de Aceras y de la Red Pluvial del Área Metropolitana de Buenos Aires” que habían sido firmados hace apenas 8 meses.
Los mayores precios que el Estado abonará por los trabajos y obras de mejora de calles, veredas y desagües pluviales beneficiarán a cinco empresas constructoras que integran el “club” de las principales contratistas de la administración macrista porteña. Una de esas beneficiarias también ostenta la particularidad de haber sido una destacada receptora de las obras de infraestructura que se adjudicaron durante la era K.
Utilizando como argumento central “la necesidad de incorporar ítems nuevos a fines de hacer frente a necesidades sobrevinientes a la firma del contrato”, los funcionarios nacionales decidieron aprobar -llamativamente- actualizaciones que oscilaron entre el 17% y 18% del monto total de las obras muy cerca del límite de ampliación del 20% que permite el régimen de contrataciones de la administración pública.
La primera reconfiguración contractual que quedó bajo sospecha fue autorizada por medio de la resolución 763/17 de Transporte en favor de la firma Construcciones Ingevial SA.
Esta empresa se había adjudicado a fines de 2016 un contrato de obras por un total de 490 millones de pesos. Pero ahora y con el fin de “realizar diversos trabajos no previstos en el alcance original de la obra”, Dietrich le agregó 83,6 millones más llevando el nuevo monto a pagar a casi 574 millones de pesos.
La constructora Ingevial tiene una antigua y larga relación con Dietrich forjada en sus tiempos de funcionario del gobierno porteño de Mauricio Macri. Entre otras obras que hizo para la Ciudad figuran el Centro de Trasbordo Flores, el cerco y vallado del Corredor Metrobús Cabildo y la construcción del “Establecimiento para la Integración Social y Laboral del Infante y Adolescente”.
La segunda ampliación contractual en la mira fue aprobada con la resolución 766/17 y benefició a Construmex S.A. El contrato original de 567 millones de pesos se elevó en 102 millones de pesos dando como resultado un monto final de las obras de 669 millones de pesos. Al igual que en los otros casos, una de las razones esgrimidas para aumentar el precio final de las obras fue la “incorporación de luminarias nuevas con el fin de mejorar los niveles de iluminación de las zonas a intervenir y la seguridad de las mismas”.
Los principales directivos de Construmex figuran entre los principales aportantes de fondos que tuvo Cambiemos en la campaña presidencial de 2015. El titular de la empresa, Juan Manuel Saavedra Vertiz donó 400.000 pesos, mientras que el vicepresidente, Carlos Alberto Dellagiovana aportó 100.000 pesos.
Además de ser contratista de varias obras que lleva adelante la administración de Rodríguez Larreta, Construmex se quedó en los últimos meses con nuevas obras en otro distrito bonaerense gobernado por el macrismo. Se trata del partido de Morón, cuyo intendente Ramiro Tagliaferro le adjudicó un conjunto de obras hidráulicas y de pavimentación de calles.
En tanto, la tercera actualización contractual que generó polémica es la que involucra a las empresas Eleprint, Ilubaires y Predial y que se oficializó por medio de la resolución 771/17.
La UTE conformada por esas constructoras había ganado un contrato de obras por 469 millones de pesos. Por la incorporación de trabajos que no se habían previsto, hubo un reajuste de 84,4 millones de pesos que terminaron elevando el monto final de las obras a casi 554 millones de pesos.
Eleprint e Ilubaires están bajo el manejo y control de la familia Weiss. El titular de Eleprint es Gustavo Weiss, el actual timonel de la Cámara Argentina de la Construcción.
A su empresa, la grieta política no le afectó para nada a la hora de ganar contratos y hacer negocios. Tras haber sido una de las principales favorecidas con obras públicas durante el kirchnerismo, a partir de la llegada de Macri a la Casa Rosada Eleprint se convirtió en una de las empresas que más contratos acumuló tanto a nivel local, como nacional en las áreas de vialidad, ferrocarriles y planes de viviendas.
Publicado en Informador Público
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