El Gobierno de Mauricio Macri hace alarde publicamente de que desde diciembre de 2015 ha erradicado el accionar arbitrario e intimidatorio que la anterior administración kirchnerista desplegaba contra los empresarios y particulares utilizando los organismos del Estado.
Pero a juzgar por los hechos registrados en los últimos días en el ámbito portuario y marítimo, esa impronta de transparencia y normalidad de la gestión macrista ha quedado seriamente dañada.
En medio de la polémica entablada entre los funcionarios del ministerio de Transporte y los Prácticos marítimos por las tarifas del servicio de practicaje, la Casa Rosada decidió echar mano a una de las peores prácticas de la era K como es el uso político de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para tratar de amedrentar a los que se atreven a exponer sus críticas y a señalar los errores que comete el Gobierno.
A sólo dos semanas del fuerte contrapunto mediático que sostuvieron el propio presidente Macri y el empresario del sector Miguel Doñate, la AFIP que conduce Alberto Abad lanzó una clara maniobra de presión sobre los Prácticos que operan en los puertos de Buenos Aires y del Litoral.
Con el argumento de que se tratan de simples “tareas de control”, la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada de la AFIP intimó a más de veinte Prácticos para que presenten en un plazo perentorio un inusual cúmulo de datos y documentos complementarios sobre las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del período 2016.
Según las notas que los inspectores del organismo fiscal comenzaron a entregar en la última semana, los Prácticos que fueron seleccionados para este operativo de control tendrán que dar respuestas a los siguientes pedidos de información y requerimientos:
--Informe sobre la actividad desarrollada y su modalidad operativa con la mayor descripción posible por la que declara ingresos de cuarta categoría.
--Detalle de los ingresos y gastos originados en la actividad discriminando los montos gravados en el IVA de los exentos o no gravados.
--En el caso de las operaciones exentas o no alcanzadas por el IVA deberán fundamentar el motivo de dicha exención.
--Presentación de los papeles de trabajo utilizados para la confección de las declaraciones juradas de IVA y Ganancias
--Exhibición de la documentación respaldatoria de las compras/gastos y ventas de bienes o servicios informados.
Para los Prácticos, la movida de la AFIP no tiene nada de casual ni de rutinaria. No dudan de que se trata de una señal inequívoca de intimidación para que los representantes del sector no sigan adelante con los cuestionamientos y denuncias contra los funcionarios de Transporte y de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC) por haber utilizado argumentos falaces y números irreales en su afán por imponer una reducción de los costos operativos del practicaje.
Más allá de la preocupación que les genera el hecho de que un gobierno que dice representar el “cambio” despliegue una maniobra de estas características, a la mayoría de los Prácticos les resulta muy extraño que la AFIP no haya tomado la misma actitud que ahora cuando en octubre del año pasado recibió una detallada denuncia de empresarios navieros contra el actual Director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Delersnydeer por presunta evasión y adquisición de propiedades en el exterior con fondos no justificados.
Tras no ser tenida en cuenta por la AFIP y el ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich, esa denuncia recayó en manos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Luego de analizar las pruebas e investigar el caso, el titular de la PIA, Sergio Rodríguez procedió a denunciar penalmente a Deleersnuder por los supuestos delitos de lavado de activos y evasión tributaria.
De acuerdo con la denuncia que quedó en manos del juez federal, Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuán, el funcionario que depende del ministro Dietrich habría creado una sociedad offshore con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y, de esa forma, evadir impuestos. Asimismo, la presentación apuntó a la constitución de otras dos sociedades en el extranjero que se utilizaron para comprar activos con el dinero obtenido de la empresa offshore.
Publicado en Informador Público
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