A contramano del discurso oficial que pregona la necesidad de bajar los costos laborales y las cargas extraordinarias que deben afrontar las empresas, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich le reconoció al gremio de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) un aporte económico especial de casi 20 millones de pesos mensuales que terminará pagando el Estado con los subsidios que desembolsa a las líneas urbanas de colectivos.
Al actualizar la estructura de los costos operativos y las compensaciones tarifarias destinadas a las empresas que cubren los servicios de corta y media distancia, el titular de Transporte aprobó el pago de una “retribución adicional” para reforzar la caja de la obra social de la UTA equivalente al 1% de las remuneraciones brutas que reciben los choferes.
Por medio de la resolución 506, Dietrich justificó esa ayuda al gremio que encabeza Roberto Fernández con el argumento de que “el ministerio de Transporte considera pertinente sostener y reforzar el compromiso asumido por las cámaras empresarias de pagar una contribución extraordinaria que se considera un elemento fundamental para la consecución de los fines de asistencia y promoción social de los trabajadores del sector”.
Además de este refuerzo económico que, en principio, regirá durante un año, la obra social de los choferes de colectivos seguirá recibiendo el 6% del sueldo bruto de cada trabajador.
El artículo 5 de la resolución firmada por Dietrich dispuso “destinar en tiempo y forma a la Obra Social de la UTA, un UNO POR CIENTO (1%) sobre las remuneraciones brutas, mensuales, normales y habituales de cada uno de los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73, en concepto de contribución extraordinaria de conformidad con lo establecido en el acuerdo complementario al paritario suscripto el 1° de junio entre el gremio, el ministerio de Transporte y las entidades representativas de las empresas del sector”.
La norma establece que el sindicato tendrá un rol de “policía” porque será el encargado de “constatar la observancia respecto del pago de la contribución extraordinaria, debiendo informar al ministerio antes del día veinte de cada período mensual, el listado de empresas que han incumplido con lo acordado”.
La falta de pago de ese aporte al gremio “traerá aparejada para las empresas la retención de las compensaciones tarifarias correspondientes al mes inmediato posterior al de la fecha de la efectiva notificación de la misma por parte de la entidad gremial al ministerio y, hasta tanto ésta proceda a informar la regularización del incumplimiento de que se trate”.
Según los fundamentos esgrimidos en la resolución, el destino de los recursos en juego será “la creación de un fondo especial que tendrá como función esencial posibilitar la recuperación de las prestaciones médico – asistenciales de la Obra Social de la UTA”.
El otro dato llamativo que contiene la resolución de Transporte es la incorporación a partir del mes de abril pasado del rubro denominado “Servicio de Vigilancia” en la estructura de los costos de explotación del transporte urbano de pasajeros de la región metropolitana.
A tono con los problemas de inseguridad que se registran en las calles, la administración macrista convalidó el reconocimiento de los “gastos de seguridad” que afrontan las empresas al entender que “pasaron a formar parte de la operatoria normal de los servicios de transporte público” que se prestan en el área metropolitana que conforman la Capital Federal y el Conurbano bonaerense.
Fuente: TyE
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