POR ANTONIO ROSSI.
En medio de las constantes quejas y críticas de los usuarios por el mal estado de las instalaciones, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich puso en marcha la reprivatización de la terminal de ómnibus de Retiro con el fin de transferirla a un nuevo concesionario a fines de mayo.
Por medio de una licitación pública nacional e internacional, Dietrich salió a buscar un operador privado que deberá mejorar y operar la terminal durante un plazo de 20 años.
El pliego licitatorio-- aprobado por medio de la resolución 47 de la cartera de Transporte—presenta tres puntos relevantes.
--La exigencia de un plan de inversiones obligatorias estimadas en torno de los 400 millones de pesos.
--El pago de un canon mensual al Estado.
--La posibilidad de ampliar los negocios complementarios de la terminal con la construcción de un hotel, cines y salas de entretenimientos.
Pero sin dudas el dato que más llama la atención y que promete generar varios cuestionamientos de la oposición y de los empresarios del sector, es el vinculado con la eventual presentación de TEBA, la actual concesionaria de la terminal que controla el polémico empresario Néstor Otero, quien fue condenado por la Justicia por haberle pagado dádivas al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Según las reglas de juego que definieron los técnicos de Transporte, Otero no tendría ningún impedimento legal para postularse como oferente en la nueva licitación. Si cumple con las exigencias patrimoniales y técnicas y su propuesta es la “más conveniente” en cuanto al programa de obras, mejoras y oferta de canon; podría seguir operando la terminal hasta mayo de 2037.
Lo curioso del caso es que entre los fundamentos del llamado a licitación, el ministerio de Dietrich reconoce que la infraestructura actual de la terminal “muestra un sensible atraso respecto de la evolución habida y esperable en el desarrollo del servicio de transporte público”, pero en ningún momento hace mención a los incumplimientos de Otero que llevaron a esa situación crítica.
Otero también es el dueño de la nueva terminal de ómnibus de larga distancia de Villa Soldati que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Dietrich no han podido inaugurar por la fuerte resistencia que vienen mostrando las empresas de autotransporte de pasajeros.
Los dueños de los colectivos interurbanos se oponen a mudar parte de los servicios a la estación de la zona sur capitalina por tres motivos salientes: los costos operativos duplican los existentes en Retiro, no cuenta con una red de accesos adecuada y no reúne las condiciones de seguridad que se requieren para vehículos y usuarios.la
De acuerdo con el esquema armado por los funcionarios para la reprivatización de Retiro, el Estado no deberá poner peso alguno en la terminal porque los ingresos previstos en concepto de peaje a los ómnibus, alquileres comerciales y explotación de áreas rentables le permitirán al futuro concesionario encarar todas las obras contractuales, pagar un canon mensual y obtener una “adecuada rentabilidad”.
Para elegir al nuevo operador de Retiro, la administración macrista tendrá en cuenta la oferta que resulte más “conveniente” luego de evaluar los siguientes ítems: antecedentes empresariales; capacidad económica-financiera y propuesta técnico-empresarial.
En cuanto a la disponibilidad de fondos para encarar las obras exigidas, el pliego les exige a los oferentes que especifiquen “las fuentes de financiamiento propias y/o de terceros previstas para la explotación, acompañadas de las cartas compromisos o de intención con la información detallada de los préstamos, plazos y tasas de interés en juego”.
En tanto, con respecto al servicio de los maleteros en la estación, el pliego determina que deberá proveerlo el nuevo concesionario y que será sin cargo alguno para los pasajeros.
Y por el lado de los servicios sanitarios, establece que deberán estar permanentemente habilitados y con una dotación mínima de un empleado por baño y por turno.
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