Tras haber quedado involucrado en la causa judicial del pago de sobornos de Odebrecht para la adjudicación de obras de AySA, el grupo Roggio salió a asegurarse la supervivencia de su controlada Metrovías con una doble negociación entablada con la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta y el ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich.
Los directivos del grupo Roggio arrancaron el mes de septiembre con una noticia proveniente de los Tribunales que no figuraba en sus planes.
Convencido de que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos y favorecer negocios con empresarios privados, el juez federal, Sebastián Casanello resolvió -a pedido del fiscal Federico Delgado- llamar a indagatorias a 28 personas involucradas en la causa donde se investiga la adjudicación y ejecución de dos plantas potabilizadoras licitadas por AySA.
Junto con los ex directivos de AySA, Carlos Ben y Raúl Biancuzzo y las autoridades locales de Odebrecht; los ejecutivos de Roggio, Esuco, Cartellone y Supercemento deberán comparecer ante Casanello en la causa abierta por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles y defraudación al Estado.
El magistrado sostuvo que, en función de las pruebas reunidas, “las contrataciones estuvieron previamente direccionadas” e implicaron un “millonario perjuicio económico al Estado traducido, entre otras cosas, en mayores costos como consecuencia de las irregularidades cometidas”.
Las obras que están bajo la mira judicial son dos. Una es la planta potabilizadora “Paraná de Las Palmas” que fue adjudicada a Odebrecht, Roggio, Cartellone y Supercemento. Y la otra es la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui que quedó a cargo del consorcio integrado por Camargo Correa y Esuco.
Casi al mismo tiempo en que se notificaba de la decisión de Casanello, Roggio logró cerrar un acuerdo con Rodríguez Larreta para seguir operando la red de subterráneos y el premetro, como mínimo, hasta mediados de 2018.
El actual contrato de concesión entre Metrovías y la administración porteña tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2017. Pero como los funcionarios locales todavía no armaron los pliegos para relicitar la operación de los subtes, Rodríguez Larreta decidió extender el vínculo contractual con Metrovías durante el primer semestre del próximo año.
Los que conocen el paño del sector y las complicaciones que suelen aparecer en los procesos licitatorios consideran poco probable que la Ciudad pueda adjudicar y transferir los subtes a un nuevo concesionario antes de julio de 2018. Por ese motivo, lo más seguro es que Metrovías prosiga al frente de los subtes hasta fines del próximo año.
Pero además, como ya tiene decidido participar en la pelea licitatoria, no sería extraño que Roggio gane la nueva licitación y se mantenga como operador de los subtes hasta 2030.
Por otro lado y tras un guiño recibido de la cartera de Transporte de Guillermo Dietrich, los directivos de Roggio comenzaron a preparar el terreno para que Metrovías amplíe su campo de acción a la operación de trenes de cargas y pasajeros de larga distancia.
Con ese fin, el directorio de la empresa aceleró los trámites para reformar dos artículos clave de su estatuto social.
En el caso del artículo 1 que fija la duración de la sociedad, el plazo inicial de 24 años que expira en 2018 se ampliará otras cuatro décadas y llegará hasta el 2058.
Y por el lado del “objeto de la sociedad” que figura en el artículo 2 del estatuto societario, la modificación en curso prevé expandir la actividad originaria de operadora exclusiva de “servicios ferroviarios de pasajeros” a prestadora de servicios ferroviarios “en cualquiera de sus modos”. A eso se agregará otra actividad que no estaba consignada como es la “ejecución de obras” de infraestructura ferroviaria.
Publicado en Informado Público
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