Por Antonio Rossi
La nueva movida privatizadora que lanzó la administración macrista en el área energética por medio del decreto 882 escondería la concreción de polémicos negocios a favor de las empresas nacionales y extranjeras que controlan el sector eléctrico.
Más allá de la creación de la nueva empresa estatal IESA (Integración Energética Argentina SA) y la autorización para vender usinas y acciones del Estado en generadoras privadas, el decreto sentó las bases para dos acciones relevantes que prometen generar ruidos y fuertes cuestionamientos políticos.
La primera es la aceptación del Gobierno de los “papeles de deuda” que recibieron los generadores privados de parte de la CAMMESA en los últimos años por la energía entregada al sistema.
Esos “bonos” –denominados técnicamente como LVFVD (Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento a Definir)—se tomarán como parte de pago por las usinas y las acciones que IESA debe sacar a la venta en los próximos meses.
Los principales tenedores de esos “títulos eléctricos” que se perfilan como los grandes beneficiarios de la decisión oficial son Central Puerto—que tiene entre sus accionistas relevantes a Nicolás Caputo, el socio y amigo íntimo del presidente Mauricio Macri--, Pampa Energía (Marcelo Mindlin), el grupo italiano ENEL, AES, Duke y grupo Albanesi.
De esta manera, Macri y el ministro de Energía, Juan José Aranguren vuelven a utilizar el mismo mecanismo usado durante las privatizaciones de la era menemista cuando se enajenaron activos y empresas estatales a cambio de papeles de deuda.
La segunda cuestión significativa que queda abierta para el mediano plazo es la posible privatización de las participaciones argentinas en las centrales hidroeléctricas binacionales de Yacyretá y Salto Grande.
Según lo que establece el polémico decreto 882, IESA nacerá de la “fusión por absorción de Enarsa y Ebisa (Emprendimientos Binacionales SA), siendo Enarsa la sociedad absorbente.
Hasta ahora Ebisa que tiene a su cargo la comercialización de la energía eléctrica proveniente de las centrales binacionales e interconexiones internacionales que estaban originariamente en la órbita de la ex Agua y Energía Eléctrica.
Cuando este conformada, IESA asumirá las tareas y participaciones que Ebisa posee en los emprendimientos binacionales de Yacyretá y Salto Grande y con un simple mandato del Poder Ejecutivo podría llevar adelante las transferencias al sector privado tanto del gerenciamiento, como de la titularidad de las porciones argentinas de esas centrales de generación eléctrica.
A la nueva empresa, el Gobierno también le asignó la continuación y ejecución de las obras públicas correspondientes a: las represas santacruceñas rebautizadas con sus denominaciones originales “Condor Cliff y La Barrancosa”; la central térmica de Río Turbio y los gasoductos regionales Centro, Cordillerano, Patagónico y Costero.
En el caso de las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, el nuevo marco legal le otorga a IESA “la concesión para explotar la generación de energía eléctrica” junto una autorización para transferir en algún momento dicha concesión al sector privado “mediante un procedimiento público y competitivo”.
Además la Casa Rosada “instruyó” a la cartera de Aranguren y a IESA para que proceda “a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia” de los siguientes activos estatales: la centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López; los derechos del proyecto de la central termoeléctrica Manuel Belgrano II y la participación accionaria de Enarsa en Citilec la sociedad controlante de Transener.
Por su parte, el ministerio de Energía deberá salir a vender las participaciones accionarias que posee el Estado Nacional en las siguientes empresas y sociedades: Central Dique, Central Guemes, Central Puerto, Centrales Térmicas Patagónicas, la transportadora eléctrica Transpa y Dioxitec.
También tendrá que ponerle el cartel de liquidación a los “derechos” que el Estado conserva en las sociedades y fideicomisos relacionados con las termoeléctricas: Manuel Belgrano, José de San Martín, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.
Por último y como ya es habitual en la administración macrista, el decreto –que para varios especialistas sería inconstitucional--habilita la contratación de consultoras. El artículo 11 le da vía libre a Aranguren y su gente para que efectúe “las contrataciones respectivas con organismos internacionales, personas jurídicas privadas o consultores, nacionales o extranjeros, de reconocido prestigio en la materia, a los efectos de asesorar en el proceso de venta y realizar valuaciones adicionales”.
Fuente: Transporte y Energía
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