Una inesperada y creciente pelea interna ha quedado planteada en las últimas semanas en el gabinete de secretarios y subsecretarios del ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren.
Más allá de los celos y afán de protagonismo que tienen casi todos los integrantes del equipo de Aranguren y que suelen provocar algún que otro cortocircuito pasajero, esta vez el motivo de la disputa registrada puertas adentro se focaliza en dos cuestiones clave.
Por un lado, la demora en el cobro de las multas a las nuevas generadoras que no han habilitado las usinas comprometidas en los plazos previstos. Y por otro, el marcado atraso que existe en la puesta en marcha de las obras de expansión de las líneas de transporte eléctrico.
El principal destinatario de los cuestionamientos internos es el Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, a quien sus pares del equipo energético hacen responsable de los dos capítulos conflictivos que afectan el accionar del ministerio.
En el primer caso, las críticas al área de Sruoga parten de la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico que pilotea Daniel Redondo. Son por la indefinición observada en la aplicación de las millonarias penalizaciones que el Estado tiene que cobrarles a las generadoras que incumplieron los plazos de entrada en servicio de las usinas térmicas que fueron adjudicadas a mediados del año pasado bajo el marco de la resolución 21 y con el fin de ampliar la capacidad de generación con contratos a largo plazo y el pago en dólares de la potencia y la energía suministradas.
Lo que estaría en juego son multas por un total de 114 de millones de dólares a las empresas APR Energy, So Energy, Methax y MSU Río Energy del empresario macrista Manuel Santos Uribelarrea.
Tanto los funcionarios directos que dependen de Sruoga, como las autoridades de la CAMMESA no terminan de resolver si van a respetar los contratos al pie de la letra para cobrar todas las multas previstas o si van a conceder un “perdón sui generis” para aliviar y dilatar el pago de los castigos económicos.
Con respecto al segundo punto de la discordia interna, las quejas contra Sruoga provienen de la Subsecretaría de Recursos Renovables que comanda Sebastián Kind.
En este caso, las recriminaciones apuntan a la preocupante demora que arrastra la Secretaría de Energía Eléctrica en el llamado a licitación para ampliar la red nacional de transmisión eléctrica.
Según sostienen los técnicos que trabajan con Kind, el sistema de transporte eléctrico requiere una urgente expansión porque se encuentra practicamente saturado. Esta situación plantea una seria complicación para el avance de la próxima convocatoria de la denominada Ronda 2 del plan RenovAr prevista para el segundo semestre del año con el fin de seguir incorporando al parque generador usinas alimentadas con fuentes renovables.
Al no haberse ampliado las líneas de transporte, los oferentes de las nuevas usinas “verdes” también tendrán que hacerse cargo de las obras de transmisión que sean necesarias para poder entregar la energía renovable al sistema. En ese caso, las empresas interesadas en el negocio deberán contar con más financiamiento y recursos para poder armar sus ofertas, lo cual impactará en el precio final de los contratos de energía que se terminan trasladando a las tarifas que abonan los usuarios.
A fines de 2016, Sruoga había lanzado una convocatoria para seleccionar a una consultora privada que iba a llevar adelante un estudio para expandir el sistema de transporte eléctrico. Ese estudio debía definir un “programa de ejecución de obras de transmisión y transformación del sistema de interconexión teniendo en cuenta la incorporación de generación de base de energías renovables y la seguridad del servicio”.
Según los términos del llamado a los consultores privados, el programa de obras que tenían que definir “se encuadra en el objetivo general de apoyar el incremento de la eficiencia y la confiabilidad del abastecimiento eléctrico en las distintas regiones del sistema eléctrico argentino”.
Y agregaba que “las obras permitirán superar los problemas y riesgos que enfrenta el sector de transporte y posibilitará recuperar la capacidad de transmisión a nivel provincial y aumentar la eficiencia y confiabilidad del sistema de transmisión y distribución”.
Pese a contar con financiamiento del BID, la contratación de la consultoría que estaba pautada para enero de este año quedó en la nebulosa y al día de hoy no se sabe en qué momento y qué obras de ampliación del transporte eléctrico llevará adelante la Secretaría de Energía.
Publicado en Informador Público
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