Tras tomar nota de la “letra chica” del informe oficial que elaboró el ministerio de Energía para para la audiencia pública destinada a informar y debatir las nuevas tarifas del servicio de energía eléctrica, los especialistas del sector hallaron dos novedosas regulaciones que, en principio, no se ajustarían a la cuestión específica de la convocatoria e impactarían en los bolsillos de los usuarios.
El primer punto polémico gira en torno al análisis oficial que plantea la necesidad de centrales convencionales que sean más flexibles a la hora de hacer frente a la intermitencia de los renovables.
Sin embargo, cuando se menciona los éxitos de las recientes manifestaciones de interés, se observa que la generación flexible viene de la mano de los motogeneradores que mayormente son duales y pueden funcionar tanto con fuel oil, como con gas natural, y que en 5 minutos son capaces de llegar a plena carga; mientras que en los casos de cogeneración se necesita que estén en reserva caliente al mínimo técnico para lo cual requieren de no menos de 20 minutos de carga.
Otra arista llamativa detectada por los analistas es la vinculada con los costos del transporte. La presentación oficial menciona que para la conexión de los ERNC (Energía Renovable No Convencional) resultan necesarias inversiones en la red de transmisión para conectar las plantas asociadas a los recursos renovables. Para ello, el Gobierno propone que el transporte sea pagado por los distintos tipos de usuarios que conforman la demanda del sistema.
De acuerdo con la regulación actual de la CAMMESA, el transporte es pagado por los usuarios conectados al sistema sin distinguir los generadores de los demandantes a través de los cargos de conexión al sistema.
Los cargos de capacidad y de pérdidas del sistema son soportados por aquellos vínculos de conexión que son exportadores netos de energía (generadores), es decir que como todos los vínculos envían energía hacia la región metropolitana, son los generadores los que soportan los costos de transporte actualmente por uso de las líneas y absorción de pérdidas.
Además, las reglas de juego vigentes determinan que la generación debe participar de todas las ampliaciones efectuadas por concurso público como lo fue el caso de la “Cuarta Línea” y otros contratos de partes asociadas a las interconexiones de nuevas generaciones, como los de la resolución 21/2016 y la 287/2017.
El nuevo criterio que se buscaría implementar significa para los generadores la exención de una parte de los pagos de los costos de transporte y de las futuras ampliaciones.
A contramano de este criterio, casi todas las recomendaciones internacionales plantean la necesidad de concretar –como en el caso de Brasil—un “esfuerzo compartido” entre la generación y la demanda para cubrir los costos de transporte y llevar adelante las obras de ampliación de la red.
Por último, los técnicos del sector advirtieron que del informe oficial no queda claro cuáles son los cargos del Valor Agregado de Distribución (VAD) que deben afrontar los usuarios de las distribuidoras Edenor, Edesur, EPEC (Córdoba) y EPE (Santa Fe) en el segmento que va de 220kV a 132kV.
De la forma en que están expuesto los cargos de transporte podría llegar a constituirse un subsidio del interior hacia los grandes centros urbanos y provincias que no sometieron sus empresas estatales a la privatización en la década del 90.
Según los datos del ministerio, los usuarios de la región metropolitana, Córdoba y Santa Fe pagan 31,3 $/MWHh de transporte mientras que un usuario del NEA (que tiene Yacyretá a la vuelta de la esquina) tiene que abonar un cargo que trepa a 102 $/MWh.
Fuente: Transporte y Energía
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