Sin hacer ruido y sin que se hayan percatado los medios oficialistas, en los últimos días comenzó a moverse una causa judicial iniciada a mediados de 2015 contra el ex directorio kirchnerista de la empresa estatal Enarsa que ha vuelto a poner en la mira el accionar de la empresa IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente Mauricio Macri.
Se trata de la causa promovida por el ex legislador radical Manuel Garrido por los supuestos delitos de administración fraudulenta, defraudación, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos que involucra a las ex autoridades de Enarsa y a los directivos del consorcio liderado por IECSA que tuvieron a su cargo la construcción de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López.
Si bien Calcaterra y el grupo Macri trataron de despegarse de IECSA con la “llamativa y curiosa” venta de la totalidad de las acciones al empresario oficialista Marcelo Mindlin anunciada a principios de este año, la investigación que se puso en marcha en el juzgado federal de Sebastián Casanello podría dejar al descubierto las irregularidades y los millonarios negocios que concretó la ex constructora de la familia presidencial durante la administración kirchnerista.
Con el fin de iniciar un “estudio pericial interdisciplinario”, Casanello le requirió a Enarsa “la remisión de los libros Diario, Inventario y Balances e IVA Compras y Ventas, las facturas, los recibos, los extractos bancarios y cualquier otro registro sobre compraventa y aquellas constancias vinculadas a las empresas que hayan cobrado montos de Enarsa por las obras de la Central Térmica Ensenada de Barragán y Central Térmica Brigadier López”.
El requerimiento también incluyó la entrega a la Justicia de todos los certificados de las obras y los contratos originales de las dos usinas de generación térmica ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Según había advertido Garrido en su denuncia “Enarsa omitió incluir en el pliego licitatorio de la construcción y puesta en marcha de las centrales termoeléctricas algunas obras que eran esenciales para poder llevar a cabo esas construcciones y posteriormente las incluyó como “adendas” bajo la modalidad de la contratación directa, entre ellas, la inclusión de dos estaciones transformadoras para poder despachar la energía generada, la construcción de líneas de alta tensión, la construcción de una terminal de hidrocarburos y la construcción de un gasoducto para abastecer a una de las Centrales”.
A eso se habrían sumado varios pagos por obras que no estaban terminadas, anticipos no previstos y redeterminaciones de precios que no debidamente justificadas que terminaron elevaron en forma significativa los montos desembolsados por el Estado a la UTE conformada por IECSA y su socia Isolux.
Las sospechas e irregularidades en torno a las obras de las dos usinas térmicas salpican tanto a la anterior gestión K, como a la actual administración macrista que encabeza Hugo Balboa.
En octubre de 2016 y tras una rápida negociación, la conducción de Enarsa piloteada por Balboa cerró con IECSA e Isolux un polémico acuerdo para rescindir los contratos de construcción de Ensenada de Barragán y Brigadier López a cambio del pago de una indemnización del Estado de 1.600 millones de pesos.
Desde Enarsa, salieron a presentar la rescisión contractual y el desembolso de la millonaria compensación económica al consorcio privado como un hecho “altamente positivo y favorable para el Gobierno”.
Pero más allá del relato oficial, IECSA y su socia Isolux terminaron haciendo un gran negocio con la rescisión de los contratos de las dos centrales.
En primer lugar, la mayor parte de los reclamos de IECSA por mayores costos, gastos improductivos y obras adicionales estaban muy flojos de papeles. En muchos casos, lo único que presentaron los representantes del consorcio constructor fueron correos electrónicos informales con ex funcionarios y actualizaciones de precios fuera de toda lógica.
En segundo lugar, IECSA había acumulado numerosos incumplimientos en los plazos de las distintas etapas de las obras que implicaban el pago de penalidades del orden de los 1.500 millones de pesos. Lejos de usar este punto a su favor, los negociadores de Enarsa no lo tuvieron en cuenta.
En tercer lugar, IECSA y su socia Isolux tenían cobrados varios anticipos que eran para pagar parte del equipamiento de las usinas y trabajos de los subcontratistas que nunca llegaron a esos destinos.
Otro punto polémico es el vinculado con la inclusión en el pago total desembolsado a IECSA e Isolux de una suma significativa correspondiente a la “compra de los equipos y materiales que se encuentran en las obras y depósitos portuarios” y que se necesitan para completar los cierres de los ciclos combinados de ambas usinas.
Los funcionarios también pasaron por alto la cuestión vinculada con el pago de los sueldos de los trabajadores de la UOCRA que están afectados a las obras de las dos usinas. IECSA dejó de abonar la totalidad de los salarios a principios de 2016 y desde entonces el ministerio de Trabajo de la Nación pasó a cubrir esos pagos para no tener que lidiar con conflictos laborales en Buenos Aires y Santa Fe.
Además, el acuerdo que cerró Enarsa con IECSA dejó sin resolver el tema de las facturas impagas que existen con los subcontratistas y proveedores de las obras.
Los trabajos en la usina térmica bonaerense de Ensenada están paralizados desde el primer trimestre de 2015. Había sido adjudicada en 2010 y, según los plazos iniciales de construcción, tendría que haber estado terminada a fines de 2014.
Diseñada para funcionar como una central de ciclo combinado de 810 MW, la usina sólo está generando a ciclo abierto con un aporte que, cuando no está fuera de servicio por problemas técnicos, llega a un máximo de 560 MW.
Con la usina térmica Brigadier López -que está localizada cerca de la capital santafesina- se registra una situación similar a la de Ensenada de Barragán. La central opera desde 2012 con un ciclo abierto de 280 MW, pero tiene frenadas las obras para cerrar el ciclo combinado que elevará su capacidad de generación a 420 MW.
Fuente: Informador Público
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