Urgido por mostrar acciones positivas luego de papelón pasado con el fallido recargo tarifario del gas que intentó imponer a los usuarios para que compensen el impacto de la devaluación a las petroleras, el secretario de Energía, Javier Iguacel quedó otra vez en el ojo de la tormenta por los recientes y polémicos cambios que ha impulsado para facilitar y hacer más atractivas las privatizaciones de las centrales térmicas Ensenada y Brigadier López.
En las últimas tres semanas Iguacel y la conducción de la energética estatal IEASA (la sucesora de Enarsa) que comanda Mario Dell Aqua formalizaron un paquete de modificaciones a los pliegos licitatorios de las usinas estatales con el claro fin de venderlas a toda costa y al primer comprador que aparezca en el camino tenga o no antecedentes y experiencia en el negocio de la generación de energía eléctrica.
Los cambios introducidos en las reglas de juego iniciales de la privatización de las centrales Ensenada y Brigadier López contienen tres alteraciones significativas.
La primera es la eliminación lisa y llana de la exigencia de un “operador técnico” de las usinas para los grupos interesadas en adquirirlas. El pliego original exigía—con justa razón y lógica—que si los oferentes no eran generadores en actividad tenían la obligación de llevar un “operador técnico” reconocido que acredite una capacidad instalada y operativa de al menos 100 megawatts de potencia.
Con esta reforma, las usinas pueden ser compradas ahora por inversores institucionales de cualquier procedencia, sociedades financieras, bancos, compañías de seguros y fondos de inversiones que manejan dineros propios y ajenos.
En los últimos días, los que se mostraron interesados en las usinas han sido los directivos del Lone Star Funds, Brian Charles Collyer y Enrique Boillini y de su pata local Hudson Advisors Argentina, Sebastián Luis Caputo y Luis María Blaquier. Antes también habían visitado las instalaciones de Ensenada referentes del fondo PointState y TGLT, la sociedad que compró la histórica constructora del hermano del alma del presidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo en el inicio de 2018.
La segunda cuestión es la referida a la supresión del plazo de 14 meses que estaba fijado para que los compradores culminen las obras pendientes de los cierres de los ciclo-combinados de ambas centrales. Ahora los nuevos dueños podrán tomarse todo el tiempo que quieran para terminar las usinas y aumentar a capacidad de generación al punto tal que ya no tienen la obligación de presentar la “garantía de habilitación comercial”.
Y la tercera novedad relevante se dio con las tasaciones patrimoniales y los montos mínimos a ofertar en efectivo definidos para cada caso, que a juicio de varios analistas y técnicos del sector quedaron muy por debajo de los valores reales que tienen las centrales.
La usina de Ensenada quedó tasada con un valor de 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares. En el caso de la central Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con una suma mínima de oferta en efectivo de 155 millones de dólares.
Según los pliegos licitatorios, la oferta de los compradores se integrará por el “monto mínimo en efectivo” y el denominado “monto variable” conformado por los “papeles de deuda” que han estado recibiendo los generadores privados de parte de la CAMMESA en los últimos años por la energía entregada al sistema. Esos “bonos” -denominados técnicamente como LVFVD (Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento a Definir)- se tomarán como parte de pago de estas usinas.
Los principales tenedores de esos “títulos eléctricos” que se perfilan como los grandes beneficiarios de esta privatización porque podrán desprenderse de ellos son: Central Puerto -que tiene entre sus accionistas relevantes a Nicolás Caputo, el socio y amigo íntimo del presidente Mauricio Macri-, Pampa Energía (Marcelo Mindlin), el grupo italiano ENEL, AES, Duke y grupo Albanesi.
De esta manera, la administración macrista vuelve a utilizar el mismo mecanismo usado durante las privatizaciones de la era menemista cuando se enajenaron activos y empresas estatales a cambio de papeles de deuda.
Diseñada para funcionar como una central de ciclo combinado de 810 MW, la usina bonaerense de Ensenada sólo está generando a ciclo abierto con un aporte que, cuando no está fuera de servicio por problemas técnicos, llega a un máximo de 560 MW.
En tanto la central Brigadier López –localizada cerca de la capital santafesina--opera desde 2012 con un ciclo abierto de 280 MW y tiene frenadas las obras para ampliar su capacidad de generación a 420 MW.
En ambas usinas, los cierres de los ciclos combinados debían haber estado finalizados a mediados de 2014. Pero por diversos problemas gremiales, demoras en las actualizaciones de precios y reclamos cruzados entre las empresas y la ex Enarsa, las obras aún permanecen inconclusas.
Tras atender la mayor parte de los reclamos económicos que había planteado el consorcio IECSA -Isolux que tuvo a cargo la construcción de esas usinas , la administración macrista adoptó una polémica decisión a fines de 2016: rescindió de común acuerdo los contratos de las obras y les pagó a las constructoras una indemnización de 1.600 millones de pesos.
Más allá que el relato oficial salió a vender que esa cuestionada salida como un hecho “altamente positivo y favorable para el Gobierno”, lo cierto fue que tanto IECSA –la empresa de Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente, que ahora está en manos de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios más afines al Gobierno--, como la quebrada Isolux terminaron haciendo un gran negocio con esa rescisión de los contratos que habían obtenido durante la gestión kirchnerista de Enarsa.
El proceso de privatización comenzó a principios de este año cuando el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren le dio vía libre a la ex Enarsa para que salga a vender las usinas con el personal afectado, los fondos de comercio, los contratos de venta de energía a la CAMMESA y la obligación de los compradores de completar las obras de cierre de los ciclos combinados.
Ese proceso arrancó envuelto en polémica. Dos ex gerentes de IECSA aparecieron formando parte del equipo de funcionarios que lleva adelante la privatización. Se trata de Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, quienes tras haber trabajado durante más de una década para Calcaterra y el grupo Macri desembarcaron a fines del año pasado en la conducción gerencial de la ex Enarsa de la mano de Aranguren y del ex titular de la compañía energética, Hugo Balboa.
Tanto Brusco, como Piccinini formaron parte del “comité directivo” de obras de las centrales Ensenada y Brigadier López, cuyas construcciones habían sido adjudicadas “llave en mano” en 2010 por el gobierno de Cristina Kirchner a la empresa de Calcaterra y a su socia Isolux.
Tras varias postergaciones, el nuevo cronograma de recepción de ofertas prevé la presentación de los sobres de antecedentes (sobre 1) y las propuestas económicas (sobre 2) para el día 16 de noviembre. La precalificación de los oferentes será el 23, mientras que la apertura del sobre 2 se concretará el dia 27 de noviembre. Por las dudas de que surjan impugnaciones y cuestionamientos, la fecha de adjudicación al ganador aún no fue definida, pero se estima que seria antes de que termine el año.
Fuente: Transporte y Energía
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