Las centrales térmicas de Villa María (Córdoba) y Barker (Buenos Aires), que fueron inauguradas con bombos y platillos en los últimos meses con la presencia del presidente Mauricio Macri y las máximas autoridades del Gobierno, tienen dos puntos comunes salientes.
En primer lugar, pertenecen a un mismo dueño: el grupo MSU Energy del empresario macrista Manuel Santos Uribelarrea Y en segundo lugar, en las dos usinas hay un tendal de proveedores, comercios y subcontratistas de obras y servicios que recibieron cheques sin fondos y aún siguen esperando para poder cobrar desde el último trimestre del año pasado.
Según los reclamos que vienen efectuando las entidades empresariales de Tandil y Villa María, las facturas impagas por la construcción de las centrales de MSU Energy ascenderían a 200 millones de pesos y abarcan todo tipo de ítems como servicios de seguridad, provisión de materiales, fletes, alquiler de máquinas, casas, contenedores, riego, prestaciones médicas, internet, comidas y alojamientos.
Pese a que es el propietario de las usinas, MSU Energy busca deslindarse de los incumplimientos de pago con el argumento de que ha contratado las obras “llave en mano” a la estadounidense General Electric (GE) y la ecuatoriana DVSantos SA, que son las que deberían responder por las facturas pendientes.
En el caso de la central Barker—que fue habilitada comercialmente en diciembre pasado--, la Cámara Empresaria de Tandil reclamó por cartas documento la regularización de los pagos a las tres empresas involucradas. Ante las quejas y las protestas de los empresarios y autoridades de Tandil, los directivos de MSU trataron de calmar las aguas con la promesa de una pronta solución que aún no se habría concretado.
La usina de Barker –que estaba proyectada inicialmente en Tandil-- registró varios hechos llamativos. Para instalar las turbinas, MSU le habría adquirido un terreno a una prima del presidente Macri por un valor muy superior a los precios que se manejan en mercado inmobiliario de la zona.
Después, alegando que no había tenido en cuenta las normativas municipales que condicionaban la instalación de usinas, MSU anunció que levantaba la obra prevista en Tandil para trasladarla a la localidad de Barker. No bien se enteraron de esa movida, los habitantes y las organizaciones sociales de Baker salieron a manifestar su rechazo a la construcción de la usina con asambleas públicas y denuncias presentadas ante las autoridades locales y provinciales.
En tanto, en el caso de la usina de Villa María—que entró en servicio en enero de este año—la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino (AERCA) advirtió que hay cerca de 80 empresas y comercios afectados por la demora en los pagos y los casi 150 cheques sin fondo de los constructores de la central que fueron rechazados por los bancos.
La preocupación de los empresarios cordobeses aumentó en las últimas semanas cuando los representantes de DVSantos comenzaron a levantar el obrador y campamento que habían montado en el parque industrial de Villa María.
La usina de Villa María también quedó envuelta en ribetes polémicos.
La oferta inicial de MSU Energy había sido desechada por los funcionarios nacionales en dos rondas licitatorias de la resolución 21 que se efectuaron a principios de 2016 por no haberse ajustado a los precios y a las condiciones técnicas que estaban en juego.
Pese a esos antecedentes en contra, a fines de octubre de 2016, el Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga cambió de parecer y le instruyó a la CAMMESA que adjudique la contratación de la central de 150 MW ofertada por MSU junto con otra de 100 MW en Loma de la Lata que había propuesto el grupo Pampa Energía controlado por Marcelo Mindlin.
De esa manera, la central cordobesa de Villa María de MSU y la neuquina de Pampa Energía lograron entrar por la ventana al negocio de la generación eléctrica que se armó bajo el paraguas de la resolución 21.
Proveniente del sector agropecuario y con su base de operaciones ubicada en Villa Cañas, el grupo MSU -que agrupa un amplio abanico de sociedades conexas como Juamarita SA, MSU Air (transporte aéreo), MSU Ovo (avicultura), MSU Bioenergy (bioenergía), MSU Agribusiness Holding- logró pegar un gran salto a otros negocios vinculados con contrataciones del Estado a partir de la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia.
Esa influencia en el núcleo máximo de poder ya habría sido usada por Santos Uribelarrea para evitar que los funcionarios de Energía le cobren las multas que corresponden por el atraso de seis meses que acumuló en la entrada en servicio de la central térmica bonaerense de General Rojo.
Fuente: Transporte y Energía
Portal de noticias con información actualizada
de dos sectores claves para el país