Sin recursos suficientes para mantener y apuntalar las obras públicas, la administración macrista decidió impulsar el polémico y cuestionado sistema de PPP (Participación Pública Privada) para financiar y ejecutar los principales proyectos de infraestructura y servicios.
En medio de una fuerte campaña mediática que apunta a amplificar los supuestos beneficios del esquema contractual de la PPP y a contramano de los recientes fracasos registrados en España y Gran Bretaña con multimillonarios perjuicios económicos para los Gobiernos de ambos países europeos; los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich y de Finanzas, Luis Caputo lanzaron la primera licitación de seis corredores viales bajo la nueva modalidad de financiación privada de obras públicas.
Los corredores viales en juego abarcan una extensión aproximada de 3.400 km., de los cuales 810 km. serán autopistas; 1500 km. rutas seguras y 250 km. nuevos accesos. Y si no aparece ningún contratiempo, la presentación de las ofertas se concretaría a principios de abril.
Pero más allá del relato oficial que resalta la construcción de una nueva “Red de autopistas y rutas seguras”, en la letra chica de los contratos PPP aparecen varias aristas conflictivas y una serie de obligaciones económicas y garantías a cargo del Estado que comprometen de manera significativa las finanzas de las futuras administraciones nacionales.
Lo primero que llama la atención en los nuevos convenios es que los funcionarios macristas –al igual que sus antecesores kirchneristas que no hablaban de la inflación y los índices de pobreza—han omitido por completo la palabra “peaje” del andamiaje contractual. Para el Gobierno lo que deberán pagar ahora los usuarios en las nuevas rutas privatizadas no será una “tarifa de peaje” como ha sido siempre sino una “contraprestación por uso o tránsito”.
En cambio, lo que no está definido de manera eufemística son las obligaciones y pagos que asumirá el Estado a los nuevos concesionarios de las autopistas y rutas nacionales.
Bajo la denominación de “Contraprestación Pública”, los constructores y operadores de los corredores viales recibirán cuatro clases de títulos o pagarés en dólares garantizados por el Estado. Se trata de los Títulos de Pago de Inversión (TPI) por las obras principales, las obras adicionales obligatorias y las obras adicionales voluntarias.
Los TPI serán pagarés públicos en dólares que se cobrarán en diez cuotas iguales cada seis meses y tendrán como garantía el SISVIAL, el fondo fiduciario que se nutre de la recaudación del impuesto al gasoil, el cual a su vez está garantizado por el presupuesto nacional. Los concesionarios viales podrán utilizar esos TPI para emitir títulos subordinados y obtener el financiamiento para las obras.
A esos TPI se agregará otro pagaré similar también a cargo del Estado denominado Título de Pago por Disponibilidad (TPD). Será el que desembolsarán los funcionarios en pesos y en forma mensual por la “Contraprestación por Disponibilidad” de los servicios principales del corredor vial. Con este pago—que se actualizará cada seis meses por la variación de los costos operativos--los contratistas y beneficiarios del PPP cobrarán por la “operación y mantenimiento” de los servicios brindados a los conductores de autos, ómnibus y camiones.
A los ingresos que recibirán del Estado, los concesionarios le sumarán los provenientes de los usuarios y los negocios colaterales.
Los usuarios deberán pagar los peajes (ahora rebautizados como “contraprestación por tránsito”) y en el caso de los camioneros, las multas por sobrepesos que también cambiaron de nombre para llamarse “contraprestaciones por exceso de carga”.
En el caso de los nuevos peajes que empezarían a cobrarse cuando concluyan las obras principales a partir de 2020, los valores para los autos serían los equivalentes en pesos a 1,50 dólares en la autopista Riccheri; a 2,70 dólares en las rutas convencionales y a 3,20 dólares en las nuevas autopistas y rutas ampliadas.
Esas tarifas se ajustarán periódicamente en enero y julio de cada año por un índice que tomará en cuenta las variaciones registradas en el valor de la mano de obra, el gasoil, los precios mayoristas, el costo de la energía eléctrica y la amortización de los equipos viales.
En el caso de los negocios colaterales, los concesionarios verán engrosada su recaudación con los ingresos que obtengan por la explotación comercial de las áreas de servicio, los alquileres de predios no operativos y la prestación de servicios adicionales a los automovilistas.
Otras cláusulas contractuales que prometen generar ruido son las siguientes:
--Los usuarios que traspongan una estación de cobro sin pagar recibirán una penalización tarifaria y una multa por no abonar el peaje. El concesionario “podrá utilizar servicios de terceros para perseguir el cobro al usuario cuando el mismo haya transpuesto la Estación sin pagar”.
--Los tiempos de espera en las vías de pago manual no podrán superar los 3 minutos en las cajas exclusivas para autos y 4 minutos en las cabinas de tránsito mixto. Y en la fila de espera para el pago del peaje podrá haber hasta 15 vehículos sin que el concesionario se vea obligado a levantar las barreras.
--Arbitraje: Las controversias entre los nuevos contratistas PPP y el Gobierno se podrán resolver mediante un “panel técnico” o un “mecanismo de arbitraje”. Para estos casos se tomará como base el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) y la sede del mismo podrá localizarse en una jurisdicción extranjera.
--Indemnizaciones al personal: El nuevo contratista PPP deberá afrontar los pagos de las indemnizaciones tanto de los peajistas afectados a las rutas que pasan a integrar su corredor vial, como de aquellos agentes que no decidan mantener la relación laboral.
Por último, un punto del pliego licitatorio parece darle la razón a las quejas de las constructoras locales acerca de que este sistema PPP fue pensado para favorecer a empresas extranjeras. Es el que establece que los Oferentes solo deberán asumir “el compromiso de ejecutar las Obras de Contratista PPP y los Servicios Principales con al menos, un 33% de Componente nacional”.
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