Sobre llovido, mojado. Las constructoras de obras públicas van camino a cerrar uno de los años más negros de su historia con un nuevo foco de conflicto con la administración macrista.
Al parate casi total de las obras de infraestructura que estaban en curso, la suspensión de nuevas licitaciones y los profundos daños reputacionales y societarios derivados de la causa de los “cuadernos de las coimas”, se ha sumado en las últimas semanas otra situación negativa que afecta el funcionamiento de las empresas constructoras.
Se trata del cuestionado accionar del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) que no solo viene aplicando un inusual esquema de sanciones arbitrarias que no figuran en las normas, sino que además ahora se encuentra virtualmente inactivo por la negligencia operativa que registra el Poder Ejecutivo tras el reordenamiento de funciones ministeriales dispuesto a principios de diciembre.
Desde que estalló la causa de los cuadernos que llevó a desfilar por el juzgado federal de Claudio Bonadío a los principales dueños y timoneles de las constructoras, el RNCOP –bajo la órbita de ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de Rogelio Frigerio—comenzó a implementar un sistema de penalidades “sui generis” para castigar políticamente a más de 50 empresas del sector a las cuales les han negado, sin ninguna clase de fundamento legal, tanto el otorgamiento de los “Certificados de Capacidad de Contratación Anual”, como las aprobaciones de los correspondientes “Certificados de Adjudicación de Obras”.
Esas dos certificaciones son vitales y clave para que las empresas puedan participar en las licitaciones de obras públicas que llevan adelante los organismos nacionales y las provincias.
El “Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación” califica el grado de idoneidad jurídica, técnica, económica financiera y moral de las empresas para ejecutar obras públicas. La “capacidad de ejecución anual” representa el mayor monto anual de obras que una empresa está en condiciones ejecutar en ese período.
Al momento de presentarse en una licitación, las empresas deben exhibir, junto con sus antecedentes y habilitaciones técnicas, el “certificado de capacidad de contratación” otorgado por el RNCOP para que su oferta sea válida y no queden descalificadas.
Según advirtió el director del sitio especializado ConstruAr.com.ar, Miguel Gomez Nieto desde hace más de cuatro meses los funcionarios de RNCOP se manejan con una “lista negra” de las empresas a las cuales por órdenes superiores no les pueden otorgar, ni renovar las certificaciones oficiales.
Gomez Nieto precisó que esa lista “estaba conformada por cincuenta y ocho empresas divididas en tres grupos. Uno de trece empresas con “trámite de sanción por rescisiones”; otro de once empresas ligadas a una causa penal ajena a delitos de corrupción y un tercero de treinta y cuatro constructoras vinculadas a causas de corrupción. Dicha lista negra” fue impresa en dos hojas, en papel sin membrete, sin firmas y adheridas a los monitores de los empleados del Registro”.
Tras confirmar la existencia de esa situación, desde cuatro empresas del sector coincidieron en destacar que los reclamos efectuados ante el Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Ricardo Delgado siempre fueron respondidos con evasivas y sin ninguna explicación oficial clara.
A principios de diciembre, por medio del DNU 1117, el presidente Mauricio Macri le transfirió al Jefatura de Gabinete de Marcos Peña tres nuevas funciones que hasta ese momento estaban en manos de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Transporte, Guillermo Dietrich y de Interior, Frigerio.
Junto el control total de los proyectos diseñados bajo la modalidad de contratos PPP y el manejo de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), Peña quedó a cargo de la “reorganización del RNCOP” al suprimir de DNU la competencia que tenía el ministerio del Interior en la "organización, dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de obras públicas".
Lejos de representar una posible solución, el traspaso del RNCOP a la Jefatura de Gabinete no ha hecho más que agravar el problema para las constructoras.
La negligencia e incapacidad de gestión de la administración macrista volvieron a quedar de manifiesto con este reordenamiento de tareas ministeriales.
El DNU transfirió las funciones del RNCOP, pero no los empleados administrativos y el personal técnico que venía manejando el organismo y que ahora están en la nebulosa en el área de Frigerio.
Sin agentes, ni autoridades designadas, el Registro que absorbió Peña permanece virtualmente cerrado y sin una fecha cierta para la regularización de sus actividades.
Fuente: Transporte y Energía
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