El sorpresivo desembarco de Javier Iguacel como sucesor de Juan José Aranguren al frente del ministerio de Energía dejó a los empresarios sector con una doble sensación de inquietud y preocupación por el nuevo rumbo que le impondrá la administración macrista a la política energética.
En medio de las numerosas versiones que circulan entre los especialistas y empresarios acerca de las primeras medidas que adoptará la nueva gestión, los asesores de Iguacel dejaron trascender tres puntos salientes sobre lo que piensa hacer el flamante titular de Energía con su equipo de colaboradores, los precios de los combustibles y las tarifas de luz y gas.
Con relación al primer punto referido al organigrama de secretarios y subsecretarios, todo indicaría que la intención de Iguacel es prescindir de casi el todo el gabinete interno heredado de Aranguren y cubrir los puestos principales del ministerio con tropa propia.
Los únicos funcionarios que seguirían en sus cargos son los titulares de los entres reguladores -- Andrés Chambouleyron en el ENRE y Mauricio Roitman en el ENARGAS—que fueron elegidos por concursos públicos hasta 2021.
Los restantes funcionarios que llegaron con Aranguren están más afuera que adentro de la nueva conducción del ministerio. No obstante, los cambios no se producirían de inmediato, sino dentro de dos o tres semanas, una vez que Iguacel tenga en claro cual es la situación real que le dejó el ex CEO de Shell tras casi dos años y medio de desempeño al frente de la cartera energética.
En tanto, en lo que atañe a la relación con las petroleras y los valores de los combustibles, lo que tiene en mente Iguacel es acordar una especie de tregua por un plazo de 18 meses para tratar de morigerar y evitar, en lo posible, que las remarcaciones de precios lleguen a los surtidores.
Las petroleras son concientes de que la administración macrista no tiene espaldas para mantener los precios de los combustibles liberados. Mientras esperan una pronta convocatoria del ministro para definir las nuevas reglas de juego, las empresas refinadoras –con YPF a la cabeza—quieren hacer valer el último acuerdo que habían cerrado con Aranguren que prevé un aumento del 3% en las naftas y el gasoil a partir del 1 de julio.
Según los cálculos de las petroleras, para contrarrestar el impacto de la devaluación registrada desde principios de mayo, los combustibles al público deberían subir alrededor del 50%. Tanto las empresas, como los funcionarios de Energía saben que un ajuste de esa magnitud es políticamente inviable.
Por ese motivo, el nuevo timonel de Energía les plantearía a las petroleras un nuevo esquema de “precios acordados” que contemplaría una suba no mayor al 10% entre julio y agosto y otra similar en las primeras semanas de 2019. El acuerdo incluiría el retorno de un precio diferencial para el denominado “barril criollo” destinado al mercado interno y una serie de desgravaciones y compensaciones económicas a definir entre los funcionarios y las empresas.
Por su parte, en lo que respecta a las tarifas y subsidios en los servicios de luz y gas, la intención inicial de Iguacel sería “recalibrar” los aumentos que están pautados para el segundo semestre y establecer un esquema de precios mayoristas que estabilice lo que tienen que pagar las distribuidoras eléctricas y gasíferas.
Si no introduce modificaciones y mantiene lo que contractualmente está vigente, el nuevo ministro debería autorizar en agosto un ajuste promedio en la tarifa eléctrica del 60% y otra suba en octubre de casi 80% para el gas residencial.
Pero al igual que con los combustibles, el Gobierno sabe que no puede convalidar esos aumentos por el marcado descontento social y político que se generaría.
Ante ese panorama, la instrucción que tiene Iguacel es diseñar un “reordenamiento integral” de precios tanto para el sector eléctrico, como para el negocio gasífero.
Para eso deberá juntarse con productoras de gas, generadoras, transportadoras y distribuidoras y convencerlas de que acepten los nuevos escenarios a cambio de más años de contratos y otras compensaciones que no colisionen con los compromisos asumidos con el FMI.
Fuente: Transporte y Energía
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