A contramano de la intención oficial de potenciarlo para compensar el recorte de 30.000 millones de pesos en las obras públicas, el polémico y cuestionado sistema de PPP (Participación Pública Privada) que impulsan los funcionarios nacionales como el único salvavidas para llevar adelante los principales proyectos de infraestructura y servicios estaría por provocarle un doble y serio problema a la jaqueada administración de Mauricio Macri.
Las ofertas que el Gobierno se apresta a recibir en la primera licitación de seis corredores viales bajo la nueva modalidad de financiación privada de obras públicas contendrían dos grandes sorpresas poco gratas para los dos ministros responsables de la instrumentación de los contratos PPP: Guillermo Dietrich y Luis Caputo.
La primera novedad negativa es que--por la elevada incidencia de los costos financieros y la incertidumbre que tienen los inversores sobre la marcha de la economía local-- las cotizaciones finales de las obras de los diez consorcios en pugna resultarían entre un 300% y 350% más elevadas que los precios que viene pagando Vialidad Nacional por obras de similares características.
La segunda cuestión tiene una fuerte implicancia política y amenaza con derrumbar el “relato oficial” sobre la supuesta eficiencia de la administración macrista a la hora de contratar obras viales en comparación con la anterior gestión kirchnerista.
Los valores finales por cada kilómetro de construcción de rutas y autopistas que cotizarían los oferentes de los PPP serían superiores a los que se habían pactado en los contratos viales con las empresas constructoras de Lázaro Baéz y Cristóbal López y que los funcionarios de Macri dieron de baja y denunciaron en la Justicia por “exorbitantes y sospecha de sobreprecios”.
Las posibilidades de que las nuevas concesiones viales por PPP terminen naufragando se acrecentaron en la última semana básicamente por dos motivos salientes: el salto de los costos bancarios y financieros por la suba de las tasas de interés al 40% anual para frenar la tensión cambiaria y el repunte de la inflación por la devaluación del peso y los aumentos de precios internos.
Desde la Cámara de la Construcción advirtieron que el éxito del nuevo sistema depende de las condiciones crediticias que los bancos e inversores externos les impongan a las empresas que acudan a buscar financiamiento privado para ejecutar las obras de los contratos PPP.
Como los costos financieros para los proyectos e inversiones en Argentina se dispararon en los últimos días, ahora a los consorcios que compiten por las obras viales les resulta más caro acceder a las líneas de financiación disponibles para esta clase de contratos donde el riesgo inicial corre por cuenta de las constructoras.
Además, la devaluación registrada en los últimos días ya comenzó a impactar en los precios de algunos insumos y equipos que se están atados al valor del dólar.
A diferencia de los contratos de obra pública tradicional donde el Estado va pagando certificados a medida que avanzan los trabajos, en el caso de los PPP los consorcios adjudicatarios tienen desembolsar por adelantado y a modo de garantía el equivalente al 10% del monto total del proyecto.
Como la totalidad de las obras previstas en la licitación en curso está calculada en torno de los 6.000 millones de dólares, el monto que las ganadoras deberían inmovilizar como respaldo de ejecución de los contratos sería del orden de los 600 millones de dólares.
Una vez acreditados los “depósitos” por esa suma, las empresas tendrán un plazo de seis meses para salir a cerrar los esquemas de financiación para las obras de cada corredor vial. Si no llegan a tiempo, podrán extender ese plazo por otro semestre, pero pagando una penalidad. Y si al cabo de un año no logran obtener el financiamiento prometido, perderán el contrato y la suma dejada como garantía.
Detrás de los nuevos contratos viales por PPP se encuentran diez consorcios conformados por siete empresas internacionales y 19 argentinas. Entre las compañías locales se encuentran Techint, Roggio, MSU, Cartellone, Rovella Carranza, SACDE, Helport, CRZ, Panedile, Paolini y Chediack.
Con respecto a los precios finales que podrían aflorar en las ofertas de los PPP viales, la gran preocupación de Dietrich y del titular de Vialidad, Javier Iguacel es que quedar “offside” con el “relato” de baja de costos y ahorros que dicen haber logrado en las licitaciones efectuadas en los últimos dos años frente a lo que pasaba durante el gobierno kirchnerista.
Según los números difundidos por el ministerio de Transporte, por los contratos rescindidos a las empresas constructoras de Lázaro Baéz y Cristóbal López el Gobierno actual obtuvo un ahorro de 1.250 millones de dólares, equivalente a 600 kilómetros de autopistas.
De acuerdo con los datos oficiales que Dietrich e Iguacel sacan a relucir periódicamente en los medios oficiales, el costo de construcción de un kilómetro de ruta se redujo de 2 millones de dólares en la era K a sólo 1,3 millones de dólares en la gestión macrista.
Y en el caso de las autopistas, el precio pagado por cada kilómetro construido bajó de 4,7 millones de dólares a 2,2 millones de dólares.
Ahora todo indicaría que los precios equivalentes de los PPP viales van a estar por encima de esos valores e incluso podrían superar los que tenían las empresas de Báez y López.
Fuente: Transporte y Energía
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