Con un nuevo y sesgado fallo que presenta las mismas irregularidades e inconsistencias que el primero que había emitido a fines de 2017, el juez federal, Claudio Bonadío volvió poner a sobre el tapete los supuestos casos de sobreprecios, defraudación y asociación ilícita que se habrían registrado con la importación de gas por barco (GNL) durante los años de la gestión kirchnerista que van desde 2008 hasta a 2015.
El fallo conocido esta semana --en medio de la tambaleante situación que afronta el fiscal del caso, Carlos Stornelli por los coletazos del affaire D’Alessio—muestra una clara intención de Bonadío de avanzar a toda costa contra las máximas figuras del anterior gobierno K utilizando argumentos de ribetes insólitos y dando por válidos hechos que no sustentan con la realidad y que seguramente serán rebatidos por los camaristas de la instancia superior tal como sucedió con el primer fallo que se había basado en una pericia trucha.
Al igual que en fallo anterior de 2017, ahora el magistrado también ha vuelto a dejar al margen en forma llamativa a las grandes empresas internacionales proveedores del GNL que habrían cobrado los sobreprecios, al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, a la ex secretaria de Energía, Mariana Matranga y a ex la cúpula directiva de YPF que encabezó Miguel Galuccio, quienes tuvieron una participación destacada en las importaciones de gas por barco.
El polémico fallo de casi 400 páginas contiene los siguientes puntos principales:
-- La ex presidenta, Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, fueron procesados con prisión preventiva por asociación ilícita y defraudación, junto a un grupo de empresarios y ex funcionarios por la compra de gas natural durante los años 2008-2015. El juez consideró a la ex presidenta como jefa de una organización ilícita y a De Vido y Baratta como organizadores.
--También fueron procesados sin prisión preventiva los ex funcionarios de ENARSA: Exequiel Omar Espinosa; Walter Rodolfo Fagyas; Juan José Carbajales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni, Tamara Natalia Pérez Balda, Fernando Omar Salim, Alejandra Marcela Tagle, Jorge Alberto O´Donnell, Nilda Clementina Minutti, Karina Noemí González, Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti, Haydee Justa Fernández, Alexis Guillermo Zuliani y Mónica Edith Bisconti. A lista se agregaron el ex secretario de Energía, Daniel Omar Cameron; el ex ministro menemista, Roberto Dromi y su hijo Nicolás Dromi (titulares de las consultoras Dysan y Dilligentia); los ejecutivos de YPF, Alejandro Luchetta y Stella Maris Babilani y el titular de la agencia Marítima Meridian, Jorge Alberto Samarin.
-- A diferencia del primer fallo que fue desestimado en Cámara en el cual había asegurado que existió un sobreprecio sideral de casi 7.000 millones de dólares en las compras externas de GNL, ahora Bonadío sostuvo en un tramo del fallo que pudo corroborar solo una “sobrefacturación total y aproximada de 124.750.255 dólares y una subfacturación (sic) de, aproximadamente, 194.288.709 dólares".
-- Pese a lo afirmado por el juez, la nueva pericia efectuada por una decena profesionales liderados por dos especialistas de la UBA concluyó que en buena parte de los años analizados no se hallaron rastros de sobreprecios y que no se podía establecer la existencia de irregularidades por la falta de información y documentación de las operaciones bajo estudio.
--Para fundamentar las acusaciones y los procesamientos –sobre todo el correspondiente a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien no había aparecido mencionada en el primer fallo--, Bonadío utilizó, entre otros elementos, una parte de lo declarado por el falso abogado Marcelo D’Alessio a fines de 2018 referido a la contratación de pólizas más caras a Nación Seguros por una supuesta orden directa de la ex mandataria.
--Pese a que no tenían vinculación alguna con las importaciones de GNL, el juez usó declaraciones de los arrepentidos Carlos Wagner, José López, Ernesto Clarens y Leonardo Fariña para fundamentar que parte del dinero del “cuaderno de las coimas” movilizado por ex chofer Oscar Centeno provino de los sobreprecios de los barcos de gas.
--Según la particular interpretación de Bonadío, “los que prestaron funciones en ENARSA e YPF—la empresa que pasó a licitar las cargas de GNL a partir de 2012-- fueron quienes concretaron los procesos de gestión, adjudicación y compra/pago de los cargamentos, elaborando de esta manera una parte esencial de la maniobra ilegal desplegada, en tanto que el Secretario de Energía fue quien informaba a Roberto Baratta los volúmenes a importarse, tomando conocimiento a su vez sobre los cargamentos que iban amarrando en los puertos".
--El fallo consigna que "Roberto Dromi y Nicolás Dromi San Martino intervinieron como intermediarios de ENARSA y ciertas empresas proveedoras del GNL (Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, luego denominada Gas Natural Fenosa) por medio de las firmas DYSAN y DILIGENTIA SA, incidiendo de esta manera en el precio abonado por el GNL". Y agregó que resulta de relevancia “la participación de la agencia ´Marítima Meridian SA´, presidida por Jorge Alberto Samarin, que intervino -como representante de los armadores (o propietarios) de los barcos, en la totalidad de los buques metaneros que amarraron en el puerto de Bahía Blanca y en gran parte de aquéllos que lo hicieron en el de Escobar; sin licitación y facturando los barcos a precios con variaciones no justificadas".
Más allá del contenido del fallo—que va camino a ser apelado por todos los afectados--, sobresalen cuatro aristas clave que dejan mal parado a Bonadío.
En primer lugar, no se entiende por qué motivos no aparecieron entre los citados a indagatoria, ni entre los procesados los proveedores internacionales de GNL como Repsol, Gas Natural, British Petroleum, Vitol, Morgan Stanley, Shell y Trafigura, entre otros que son los que trajeron los barcos de GNL al país y que, supuestamente, fueron los que facturaron y embolsaron los sobreprecios.
En segundo lugar, no se explica por qué no fue incluida entre los procesados la ex secretaría de Energía, la camporista Mariana Matranga que asumió ese cargo en remplazo de Daniel Cameron en julio de 2014. Cameron en su rol de ex titular de la Secretaría de Energía fue acusado de haber sido “partícipe necesario” de la sobrefacturación y asociación ilícita registradas entre 2008 y 2015. Pero, llamativamente, Matranga que ocupó el mismo cargo en los últimos 18 meses del período investigado no fue ni siquiera citada como testigo.
En tercer lugar, llama la atención que no hayan formado parte de la lista de procesados el ex titular de YPF, Miguel Galuccio, y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quienes fueron los que forzaron la firma del convenio por el cual Enarsa le tuvo que ceder a la petrolera restatizada todas las gestiones de compras y selección de proveedores de GNL a partir de 2012. YPF fue la gestora e intermediaria de ENARSA en todas las compras del GNL entre noviembre de 2012 y diciembre de 2016.
Y en cuarto lugar, resulta más que curiosa la doble vara utilizada por el juez para medir las responsabilidades de Enarsa e YPF. Mientras que en el caso de Enarsa fueron procesados desde los encargados de los trámites burocráticos hasta los integrantes de los directorios que pasaron entre 2008 y 2015, en el caso de YPF –que según el juez tuvo una “participación necesaria” en la maniobra delictiva—sólo fueron alcanzados por el fallo dos directores de áreas, pero ningún miembro de la cúpula ejecutiva que piloteó Miguel Galuccio.
Fuente: Transporte y Energía
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