Tras presentar ante los medios oficialistas y comunicadores afines un “balance de gestión” cargado de logros que no fueron tales y sin mención alguna a los marcados fracasados registrados, entre otros, con los megaproyectos ferroviarios y los PPP viales; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich aprobó una polémica medida con la cual busca remediar tardíamente una falla de su administración y de paso dejarle un problema operativo a las nuevas autoridades del sector.
A menos de una semana de emprender la retirada, los funcionarios de la cartera de Dietrich salieron a reclamarle a 54 empresas de ómnibus de corta y larga distancia que devuelvan en el plazo de 10 días un total de 1.100 millones de pesos de subsidios que supuestamente habrían cobrado de más y sin justificación durante el año 2017.
Si bien la movida para tratar de recuperar desembolsos económicos del Estado que no correspondían o que estaban fuera de regla puede sonar como algo positivo y políticamente correcto, en los hechos la medida adoptada casi dos años después de que se concretaron los pagos tendría un impacto muy limitado debido a que las principales empresas de colectivos que aparecen como deudoras se encuentran en convocatoria de acreedores o camino a la quiebra.
Por medio de cuatro resoluciones, la Secretaría de Gestión de Transporte que conduce Guillermo Krantzer procedió aprobar las “rendiciones de cuentas” que presentaron las empresas de colectivos de la región metropolitana y del interior del país por los destinos dados a los subsidios y compensaciones económicas que recibieron durante 2017.
Luego de analizar y evaluar las planillas y documentaciones que entregaron alrededor de 600 empresas que recibieron subsidios tarifarios y aportes económicos del Estado, los funcionarios de Transporte resolvieron rechazar “en forma parcial y total” las rendiciones de gastos” de 54 compañías que operan servicios locales y de larga distancia.
Esas empresas –de acuerdo con la evaluación oficial --no cumplieron con la presentación de las declaraciones juradas requeridas y tampoco “han podido demostrar que hayan utilizado los fondos recibidos en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros”.
Según lo dispuesto en las resoluciones, las empresas en falta tienen un plazo de 10 días hábiles para proceder “a la devolución de las compensaciones tarifarias correspondientes, bajo apercibimiento de dar inicio a las acciones de recupero”.
Del total de 1.100 millones de pesos de subsidios que pretende recuperar Dietrich, el 65% corresponde a una sola empresa en convocatoria de acreedores que ya vendió la mayoría de las líneas que operaba y por las cuales había cobrado las ayudas económicas estatales. Se trata de Transporte Automotor Plaza (TAP), la nave insignia del grupo empresarial que estaba en manos de la familia Cirigliano.
A la empresa TAP le rechazaron la totalidad de las rendiciones de gastos y según la cartera de Dietrich tiene que devolver 709 millones de pesos por subsidios que embolsó en 2017 y no destinó a la prestación y mejora de los servicios urbanos y suburbanos de colectivos.
En el segundo renglón de las deudoras se encuentran 39 compañías que prestan servicios locales en las principales ciudades del interior del país y que deberían reingresarle al Estado alrededor de 270 millones de pesos.
En este caso, la que encabeza la lista con 137 millones de pesos es la firma “Autobuses Santa Fe”, la empresa controlada por el hermano del futuro ministro de Defensa, Agustín Rossi que opera varias líneas locales en Córdoba, La Pampa, Río Negro, Tucumán, Santa Fe y Tierra del Fuego.
En segunda posición aparece la empresa ERSA con una deuda 21 de millones de pesos por los subsidios no justificados que cobró por los servicios urbanos de Chaco. Y completan los primeros lugares las empresas Montemar con 20 millones de pesos por servicios locales en la provincia de Buenos Aires y Transportes Monte Cristo con 17 millones de pesos a devolver por las líneas que opera en Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Por el lado de las empresas de larga distancia, el total de subsidios reclamados ronda los 100 millones de pesos, siendo la principal “deudora”-- con 52,5 millones de pesos-- Flecha Bus, la líder del mercado que controla el grupo Derudder y que también está en convocatoria de acreedores.
A continuación figuran las empresas Monticas, con 11 millones de pesos; Pullman General Belgrano, con 9,2 millones y Transportes Unidos del Sud con 8,2 millones de pesos de subsidios a devolver.
Si bien desde las empresas afectadas sostienen que las medidas de la administración saliente de Dietrich son apelables y no ponen en riesgo el cobro de los subsidios vigentes, lo cierto y concreto es que las nuevas autoridades de Transporte se toparán de entrada con esta incómoda cuestión que deberán resolver y desactivar para no ser blanco de las primeras críticas de la futura oposición macrista.
Nota editada en www.letrap.com.ar
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