Con una renovada presión del FMI para recortar las escasas obras públicas prioritarias que quedaron en pie y la tasa del riesgo país en niveles récords que impide la obtención de créditos externos para proyectos de infraestructura, la administración macrista puso en marcha una nueva y polémica jugada para mantener en estado latente los PPP viales que fueron adjudicados a mediados del año pasado y que por los incumplimientos acumulados ya deberían haber sido rescindidos.
Esta vez el que salió a desplegar una maniobra de auxilio que no estaba previsto en los pliegos licitatorios, ni en los contratos de concesión es el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que comanda Francisco Cabrera, el ex titular de la cartera de Producción que tuvo una intrascendente y olvidable gestión como ministro.
Con el doble fin de darle aire a los consorcios de los PPP viales y esquivar las sanciones contractuales que ya corresponderían aplicarles, el BICE convocó a unas atípicas e inesperadas “sesiones de socialización de las medidas de manejo ambiental y social para el proyecto de la red de autopistas y rutas seguras”.
Enarbolando un “relato ecológico”, el BICE organizó siete reuniones de “socialización ambiental” para la segunda semana de abril que tendrán lugar en Las Flores, Suipacha, Carmen de Areco, Monte, San Nicolás, Marcos Juárez y Venado Tuerto.
En esos encuentros abiertos para los vecinos, usuarios viales y público en general; los funcionarios macristas procederán a describir una serie de obras que deben realizar los seis concesionarios de los PPP junto con las medidas de manejo ambiental propuestas para “eliminar, mitigar o compensar impactos no deseados”.
Además de responder las preguntas y consultas de los asistentes, los agentes del BICE recibirán las “sugerencias que la población tenga a bien realizar respecto a las medidas propuestas”.
Lo insólito del caso es que esta clase de convocatorias no solo no registran antecedentes similares, sino que además no son necesarias para poder avanzar con las obras. En ese marco resulta más que llamativo que una de las obras puestas en debate sea una simple “reconstrucción de calzada” como la que se prevé para la autopista Ezeiza-Cañuelas en el tramo descendente que va de Puente La Pérgola a la rotonda Cañuelas.
Para los que siguen de cerca los vaivenes de los PPP viales, esta movida del banco manejado por Cabrera apunta a darle aire a los concesionarios mientras se espera la prometida y demorada ayuda crediticia del BID para alimentar el fideicomiso que el Gobierno armó el año pasado para evitar la caída de los contratos.
No sería extraño que ahora afloren cuestionamientos ambientales a las primeras obras de los PPP viales que lleven a los funcionarios a “extender” los plazos en juego tanto los vinculados con el inicio y ejecución de las obras, como los referidos a los financiamientos privados que deben mostrar los consorcios y que hasta ahora no han podido conseguir.
Cabe resaltar que la participación del BICE no figuraba en las reglas de juego iniciales de los PPP viales. Su incursión se produjo en los últimos meses de 2018 cuando la administración macrista estructuró el esquema de salvataje de los PPP por el cual el banco estatal quedó a cargo de la búsqueda y administración de los fondos públicos y externos destinados a pagar las obras que originariamente tenían que financiar los concesionarios privados.
El “auxilio” otorgado por el BICE a las constructoras de los PPP viales con el “debate ambiental” se suma a las ayudas concedidas entre diciembre y febrero por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
En los últimos días del año pasado, Dietrich morigeró la obligación de conseguir financiamiento privado que tienen las empresas adjudicatarias de las obras. En lugar presentar la totalidad de la asistencia financiera exigida para las obras de los primeros cuatro años, ahora las concesionarias sólo tendrán que obtener un apoyo crediticio que cubra los trabajos del primer año de los contratos.
En tanto, en febrero, el titular de Transporte les dio a las concesionarias una nueva prórroga de 90 días para que puedan cumplir con las obligaciones y trámites de los contratos que tienen atrasados desde el último trimestre de 2018.
Si se aplica la letra estricta de los contratos vigentes, el Gobierno ya estaría en condiciones de darle de baja a todas las concesiones de los Corredores A (Paolini y Vial Agro), B (Green y el grupo chino CCA), C (Cartellone), E y F (Helport, Panedile, Eleprint y Copasa) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil).
Además de los incumplimientos de inversiones y los atrasos en las obras comprometidas, los seis consorcios de los PPP viales arrastran otra pesada y significativa “mancha”: en todos los grupos hay una o más empresas socias que están salpicadas en la causa de los cuadernos de las coimas y tienen a sus dueños y principales ejecutivos procesados por el juez federal, Claudio Bonadío.
Fuente: Transporte y Energía
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