El aumento del 29% para el gas natural que aprobó la administración macrista a partir del 1 de abril ha arrojado dos datos salientes.
Por un lado, dejó a todos los actores involucrados en la prestación del servicio (gasíferas, petroleras, usuarios, reguladores y funcionarios) disconformes y con bronca.
Y por otro lado, trasladó al próximo gobierno que asumirá en diciembre un serio problema tarifario y una nueva factura millonaria de subsidios que no se sabe a cuanto ascenderá, ni cómo se va a afrontar.
Pese a que no llegó al techo del 38% que marcaban las fórmulas de ajuste previstas en las reglas de juego vigentes, el incremento tarifario del 29% que autorizaron las autoridades energéticas y que se aplicará en forma escalonada entre abril, mayo y junio generó un fuerte rechazo entre los usuarios y las entidades de defensoras consumidores.
Más que al porcentaje de la suba final concedida a las empresas del sector, las críticas de los usuarios apuntan contra la seguidilla de aumentos en los servicios públicos que el gobierno macrista viene aplicando desde enero y que, en principio, recién concluirían en mayo con las subas ya anunciadas para las facturas de luz y agua.
Los hogares y clientes residenciales deberán hacer frente un ajuste del 10% en abril; a otro del 9,1% en mayo y un tercero de 7,5 % en junio que en términos acumulados suman 29%.
A partir de junio, la facturación del servicio pasará a ser mensual y para los meses del período invernal de mayor consumo (de junio a setiembre) regirá un “descuento temporal electoral” del 22% que los usuarios deberán abonar en forma diferida entre diciembre y marzo próximos.
Esta “rebaja transitoria” fue introducida a regañadientes por el Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui para atender, en parte, los cuestionamientos internos que plantearon los legisladores y referentes radicales que integran la alianza Cambiemos.
Lopetegui y el titular del Enargas, Mauricio Roitman eran partidarios de “no contaminar” con descuentos las facturas invernales para evitar problemas a futuro y no enturbiar la complicada relación que existe con las gasíferas.
Desde octubre en adelante, las boletas llegarán con el “aumento pleno” del 29% y a partir de último mes del año se sumarán los montos correspondientes a las “bonificaciones invernales” que se terminarán pagando en los meses de calor y de menor demanda de gas.
Según los contratos vigentes que fueron renegociados por los funcionarios macristas, a partir de octubre debería aplicarse la corrección estacional de tarifas pautada para el segundo semestre del año. Pero, tal como ocurrió en 2017, el gobierno ya anticipó que correrá ese ajuste para fines de año con el fin de que no impacte en los días previos a las cruciales elecciones de octubre.
En el caso de las distribuidoras de gas, las quejas se focalizaron en el hecho de que el Enargas, otra vez, no les ha reconocido la totalidad de los mayores costos y el impacto inflacionario que prevén los contratos de concesión.
En el anterior ajuste semestral de octubre, las gasíferas –tomando como base el índice de precios mayoristas (IPIM)--habían solicitado una variación del 32% en el VAD (Valor Agregado de Distribución), pero el ente regulador solo les aprobó una actualización del 19,6 %. Para justificar ese recorte, los funcionarios del Enargas esgrimieron que el ajuste por el IPIM que figura en los contratos no era de otorgamiento automático y que el ente podía revisar los pedidos y tomar en cuenta– tal como hizo en la práctica—otros indicadores de la economía, como el Índice del Costo de la Construcción y el Índice de Variación Salarial para aprobar la actualización final.
Para este último aumento, las distribuidoras habían pedido una suba en el VAD superior al 30% que incluía la diferencia pendiente y el ajuste correspondiente al semestre octubre-abril. Frente a eso, el Enargas sólo les concedió un ajuste del 26% que no tuvo en cuenta la reducción anterior.
Ante esta nueva negativa del Enargas, queda por ver si aquellas distribuidoras que habían amenazado con reducir las inversiones comprometidas si no eran atendidos sus reclamos cumplen con su palabra y se “bancan” un nuevo conflicto con el gobierno que ya les advirtió que iba a sancionar cualquier demora o desvío en obras incluidas en los planes quinquenales en curso.
Para no alterar las cuentas de las petroleras y las distribuidoras y transportadoras de gas, el Gobierno anunció que va a cubrir con nuevos subsidios los costos financieros que surjan tanto del diferimiento del ajuste que se aplicará en tres etapas, como de los “descuentos transitorios” y los cobros diferidos de una porción de los consumos invernales.
Según los números oficiales, para cubrir los costos financieros de las gasíferas se destinarán 2.500 millones de pesos, mientras que para las compensaciones a las petroleras las sumas a pagar ascenderán a 2.000 millones de pesos.
Ahora bien, para los especialistas del sector, esa “factura” de 4.500 millones de pesos que calcularon los funcionarios macristas arrastra dos grandes complicaciones para la próxima administración nacional.
Por un lado, cuando se le agreguen los intereses y actualizaciones, el valor final superará largamente la cuenta inicial de 4.500 millones de pesos. Y por otro lado, mientras no se acuerde una forma de pago, les dará a la empresas una carta de negociación nada despreciable para conseguir cambios contractuales y revisiones de las inversiones comprometidas.
Fuente: Transporte y Energía
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