Tras casi cuatro años de insistir con un “relato” de supuesta transparencia y de varias decisiones polémicas que beneficiaron a empresas vinculados a la familia presidencial, las concesiones viales y el negocio de los peajes se están convirtiendo en un serio problema para las principales figuras de la administración macrista que a partir de diciembre van camino a tener que afrontar en tribunales varias denuncias por irregularidades, fraudes y negociaciones incompatibles con la función pública.
A las investigaciones judiciales en curso por la renegociación de las concesiones de los accesos Norte y Oeste y el direccionamiento de las millonarias obras del Paseo del Bajo a favor de Iecsa—la ex constructora de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri--, se han sumado ahora nuevas denuncias que hacen foco en:
--Los contratos vencidos de los concesionarios de las rutas nacionales que dependen de ministerio de Guillermo Dietrich
--Las prolongadas faltas de respuestas de las empresas AUSA (que está bajo la órbita de Horacio Rodríguez Larreta) y AUBASA (la operadora vial provincial de María Eugenia Vidal) a los reiterados pedidos de informes sobre los costos operativos y el destino de los recursos desembolsados en el último año.
En el caso de las concesiones viales más antiguas que aún siguen en pie, la denuncia impulsada por el Comité de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y Consumidores Libres apunta a que dichos contratos se encuentran largamente vencidos y que por la inacción de los funcionarios de Transporte las empresas concesionarias están recibiendo un beneficio injustificado que perjudica tanto al Estado, como a los usuarios de las rutas.
En la presentación efectuada ante la Procuración de Investigaciones Administrativas, Ricardo Lasca (CONADUV) y Héctor Polino (Consumidores Libres) denunciaron la existencia de una serie de presuntos ilícitos cometidos contra la administración pública nacional por la ineficiente gestión y fiscalización de Vialidad Nacional y el ministerio de Transporte de las concesionarias viales de las rutas con peajes que pese a tener sus contratos vencidos continúan operando de hecho y recaudando ingresos millonarios en forma indebida.
Según destacaron los denunciantes, la insólita tolerancia oficial que demora la transferencia de las rutas con contratos vencidos a la empresa estatal Corredores Viales SA se traduce en un claro e injustificado beneficio económico para las siguientes compañías privadas: CORREDOR DE INTEGRACIÓN PAMPEANA SOCIEDAD ANÓNIMA (Corredor Vial N° 2); AUTOVÍA BS. AS. A LOS ANDES SOCIEDAD ANÓNIMA (Corredores Viales N° 3 y 7); CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (Corredor Vial N° 4); CAMINOS DEL PARANÁ SOCIEDAD ANÓNIMA (Corredor Vial N°6); y CORREDOR CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA (Corredor Vial N° 8).
De acuerdo con la denuncia, los contratos de esos corredores viales que habían vencido en 2016 ya estaban en condiciones de ser absorbidos en 2017 por la empresa estatal “Corredores Viales SA” que fue creada para operar y explotar cualquier ruta y autopista por peaje de la red nacional.
Además—resaltó la presentación—los funcionarios de Transporte tampoco cumplieron con la promesa de licitar esos corredores bajo la modalidad de los PPP (Participación Público Privada) tal como se había establecido por decreto en 2018.
Para justificar la continuidad de esas concesiones, las autoridades de Vialidad esgrimen un argumento muy cuestionable: sostienen que los contratos se van prorrogando automáticamente cada año hasta que se defina la nueva modalidad de operación y explotación de las rutas.
Pero lo que no explican los funcionarios es por qué se siguen ajustando los peajes sin haber revisado la ecuación económica-financiera de los contratos y sin hacer efectiva las penalidades por los incumplimientos de inversiones y la falta de pago de las multas acumuladas por los concesionarios.
“De esta manera, con la omisión de fiscalizar y controlar debidamente a las empresas, los funcionarios han incurrido en una clara violación del régimen de contrataciones públicas e incumplido con el deber que expresamente le impone el ordenamiento constitucional y jurídico vigente”, advirtió la denuncia ingresada en la Procuración de Investigaciones Administrativas.
En tanto, por el lado de AUBASA, la conducción de la empresa que preside . Víctor El Kassir, hace casi un año que no responde el pedido de informes efectuado por los miembros del CONADUV sobre las siguientes cuestiones: el estado de la deuda de la ex concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata, Coviares con el Banco Provincia, qué pasó con los avales caídos con la Nación y la cantidad de empleados de empresa privada que fueron absorbidos por el Estado provincial.
A su vez, AUBASA también se viene negando a brindar los datos y los documentos referidos a los siguientes puntos: la tercerización de servicios por contratación directa, las remuneraciones mensuales de los gerentes y personal contratado, los viáticos pagados a los gerentes por viajes al exterior, el costo de instalación y funcionamiento de la radio FM de la empresa, los ingresos totales por peajes y negocios colaterales y el gasto operativo mensual de cada estación de peaje.
Por su parte, la estatal porteña AUSA que comanda Carlos Frugoni tampoco ha contestado las solicitudes del CONADUV de acceso a los datos e informes públicos vinculados con: la estructura gerencial y las remuneraciones de los ejecutivos, el endeudamiento actual de la empresa, los precios pagados por las obras realizadas desde 2015, la contratación de consultoras privadas, la cantidad real de empleados y los costos operativos de cada estación de cobro de peaje.
Y en el caso específico de las obras del “Paseo del Bajo”, los representantes de los usuarios viales hace 10 meses que aguardan que los funcionarios de Rodríguez Larreta de AUSA exhiban e informen acerca de: los pliegos de la licitación, la evaluación de las ofertas, los criterios y fundamentos de adjudicación de los tramos de la obra y los actos administrativos por los cuales se anuló la obligación contractual que tenía la ex concesionaria Coviares y la transferencia de la obra inicial conocida como “autopista ribereña” a la Nación y a la Ciudad bajo la nueva denominación de “Paseo del Bajo”.
Curiosamente la mayor parte de estos datos son los que también les ha solicitado el juez federal, Claudio Bonadío a los gobiernos de la Nación y la Ciudad en la causa abierta por el presunto direccionamiento del tramo más caro de la obra a Iecsa, la ex empresa ligada a la familia Macri que fue vendida en 2017 al empresario oficialista Marcelo Mindlin.
Tras las elecciones primarias del 11 de agosto, Bonadío emitió una orden de presentación para que AUSA --cuyo accionista principal es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-- entregue información sobre la licitación de la emblemática y millonaria obra de la gestión macrista.
La denuncia penal tuvo su origen en una presentación de la titular de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura Rattagan ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que encabeza Sergio Rodríguez.
Tras analizar el planteo de la Auditoría, Rodríguez acudió a la Justicia federal para que se investigue la licitación y denunció a los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta por la sospecha del direccionamiento del principal tramo de la licitación que fue adjudicada a Iecsa por un valor inicial superior a los 3.300 millones de pesos luego de un sospechoso cambio en las reglas de juego que se habían fijado para la evaluación de las ofertas.
Fuente: Transporte y Energía
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