Por Antonio Rossi
El clima de fin de ciclo que impera por el cambio de gobierno y la espada de Damocles que representan las causas judiciales en curso están llevando a algunos funcionarios macristas a desplegar acciones atípicas para abrir el paraguas “por las dudas” y señalar que procedieron de determinada manera por instrucciones de sus superiores. Tal es el caso que se viene registrando en el área de energía, con la espinosa cuestión de la rescisión contractual de las obras de la central térmica Ensenada que estaba en manos de Iecsa, la ex constructora del primo presidencial Angelo Calcaterra, y su posterior privatización a la sociedad integrada por Pampa Energía, el grupo controlado por el empresario Marcelo Mindlin, y la petrolera de mayoría estatal YPF.
Ante los primeros movimientos detectados en la investigación abierta en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la posibilidad de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) emita un dictamen contrario a lo actuado, los directores de la IEASA –la empresa estatal continuadora de la ex Enarsa- salieron a cubrirse y alegaron que habían aprobado la venta de la central térmica sin haber cerrado los reclamos económicos pendientes por las indicaciones impartidas desde la Secretaría de Energía, que comanda desde fines de diciembre pasado Gustavo Lopetegui.
Desde IEASA hicieron responsable de la decisión política de adjudicar la central Ensenada a la UTE de Mindlin e YPF al jefe de Gabinete de Lopetegui, Nerio Peitiado, el ex gerente general y vicepresidente del Banco Supervielle que desembarcó en la administración macrista en febrero de este año.
LA CARTA. Enterado de los cuestionamientos internos provenientes de la energética estatal, Peitiado decidió contraatacar con el envío de una nota oficial a los directores de IEASA en la cual buscó precisar la participación que tuvo la Secretaría de Energía en la novela la central Ensenada.
En la carta Peitiado sostuvo que tomo intervención por pedido de los titulares de IEASA, Mario del Dell Aqua y Claudia Mundo, “para resolver el conflicto planteado con la ex sociedad contratista de las obras” conformada por la ex Iecsa -que ahora se llama SACDE y también está en manos de Mindlin- e Isolux.
Según el hombre de confianza de Lopetegui, los tres puntos significativos del conflicto que existía con los constructores (penalidades aplicadas por la CAMMESA por falta de despacho, redeterminación de los precios contractuales y reconocimiento de los incumplimientos de obras) se zanjaron mediante un acuerdo de “liquidación final” que fue aceptado y aprobado por los directivos de IEASA Juan Carlos Doncel y Rigoberto Mejía Aravena.
Tras un primer intento fallido de privatización, la Central Térmica Ensenada de Barragán fue adjudicada a mediados de este año al consorcio de Pampa Energía e YPF, el único postulante que ajustó su oferta al valor mínimo de venta que se había fijado oficialmente para la licitación. El monto total de la oferta redondeó los 533 millones de dólares, desglosado de la siguiente manera: 229 millones de desembolso en efectivo y poco más de 303 millones por absorción de deudas con la Anses. A eso se agregó una inversión comprometida de 180 millones de dólares para terminar la ampliación de la central de 560 a 840 MW de potencia instalada.
LA DENUNCIA. El “pase de facturas” entre los funcionarios de Energía y la empresa IEASA volvió a poner sobre el tapete la causa judicial que tiene en sus manos Casanello.
Es por la denuncia presentada a principios de 2019 por los diputados nacionales del kirchnerismo Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana contra las máximas autoridades del área energética y del Poder Ejecutivo por considerar que las usinas Ensenada y Brigadier López salieron a la venta a casi la mitad de sus valores reales, provocándole al Estado una pérdida superior a los 400 millones de dólares.
La denuncia alcanza al presidente Mauricio Macri, a los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel; al actual secretario de Energía Lopetegui, a los ex titulares de Enarsa, Hugo Balboa y Dell’ Acqua y a la actual presidenta de IEASA, Mundo.
Inicialmente la causa había arrancado en el juzgado federal de Daniel Rafecas y la fiscalía de Gerardo Pollicita. Tras analizar las pruebas, el fiscal dictaminó que la presentación tenía conexidad con otra tramitada desde 2015 en el juzgado de Casanello a raíz de una denuncia que había impulsado el exdiputado Manuel Garrido. Según la denuncia de los legisladores K., la construcción de ambas centrales había costado alrededor de 1.000 millones de dólares, pero cuando llegó la hora de venderlas la administración macrista redujo sus precios entre 50% y 60% sin fundamentos sólidos y razonables.
Otro dato no menor es que tanto Brigadier López, como Ensenada habían sido construidas durante la administración kirchnerista por la ex Iecsa (la empresa que Calcaterra le vendió en 2017 a Mindlin) e Isolux.
A fines de 2016 y con las obras aún inconclusas por los incumplimientos de las constructoras, el gobierno de Macri acordó la rescisión del contrato con una indemnización para Iecsa-Isolux de 1.600 millones de pesos que, para los conocedores del tema, no correspondía bajo ningún aspecto.
Para completar las suspicacias, dos ex ejecutivos de Iecsa que tuvieron a su cargo la construcción no finalizada de las usinas se incorporaron como gerentes de la ex Enarsa e IEASA para llevar adelante la privatización de las centrales. Se trata de Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, quienes pasaron por los “dos lados del mostrador": primero como responsables de las obras contratadas por el Estado y luego como privatizadores y evaluadores de las ofertas.
Nota editada en letrap.com.ar
Portal de noticias con información actualizada
de dos sectores claves para el país