El reciente conflicto planteado entre la Nación y las distribuidoras eléctricas del interior que arrastran fuertes deudas con la CAMMESA –la administradora del mercado eléctrico nacional—dejó en evidencia la “doble vara” que aplica el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui para medir y penalizar a las compañías según sus estructuras societarias y el color político de las administraciones locales de las áreas de concesión donde prestan servicios.
Por un lado, la CAMMESA –con el visto bueno de Lopetegui—decidió poner en marcha el esquema de sanciones con cortes parciales y crecientes del suministro energético a la Cooperativa Eléctrica de Villa Gesell (Cevige) y la empresa estatal de la provincia de Chaco (Secheep) por la falta de pago de las facturas acumuladas en los últimos doce meses. En el caso de la cooperativa de Villa Gesell la deuda en juego asciende a 273 millones de pesos, mientras que lo adeudado por la compañía chaqueña trepa a 4.700 millones de pesos.
Y por otro lado y a contramano de la dureza exhibida con las eléctricas de la costa atlántica y la provincia norteña, la misma CAMMESA que comanda Mario Cairella –un incondicional de Lopetegui—desplegó un tratamiento más benévolo y “comprensivo” con dos distribuidoras provinciales que mantienen deudas millonarias con el sistema mayorista y que también estarían en condiciones de ser castigadas con interrupciones crecientes del suministro.
Se trata de EDERSA –la distribuidora privada de la provincia de Río Negro que controla el grupo Neuss y arrastra una deuda de 2.100 millones de pesos y EDEMSA, la distribuidora eléctrica de Mendoza que está en manos del grupo Vila-Manzano y cuya deuda trepa a los 2.600 millones de pesos.
En el caso de Río Negro, Lopetegui salió en auxilio de la distribuidora de Neuss con una decisión atípica y polémica. Aprobó la contratación de una consultora privada para que analice si es cierto que la empresa no tiene los suficientes ingresos tarifarios para hacer frente al pago de la energía que recibe del sistema nacional. De esa manera dio por válido el argumento de EDERSA de que no puede pagar porque las autoridades provinciales no le autorizaron todos los aumentos de tarifas que había solicitado.
En tanto, con la distribuidora mendocina lo que hicieron los funcionarios de la CAMMESA fue permitir que EDEMSA judicializará el conflicto en la provincia donde un juez de primera instancia falló a favor de la empresa para que durante varios meses no pague la totalidad de las facturas.
Recién en las últimas semanas los abogados de CAMMESA lograron que la Cámara Federal de Mendoza, tras declarar la “incompetencia” de los tribunales locales, proceda a girar el caso a la Justicia Civil de la Ciudad de Buenos Aires, donde ahora comenzará un juicio por el cobro de las deudas que promete ir para largo, mientras la distribuidora continúa en calidad de morosa.
Para los que siguen de cerca los números y las particularidades del negocio eléctrico, detrás de la firmeza mostrada por Lopetegui con Villa Gesell y Chaco habría también, junto con el reclamo económico, un condimento político llamativo.
Las dos distribuidoras “castigadas” prestan servicios en territorios que tienen administraciones opositoras al gobierno nacional. En Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera es del Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana. Y en Chaco, el gobernador, Domingo Peppo es uno de los principales referentes del Justicialismo entre sus pares del interior.
En cambio, en las dos provincias donde operan las distribuidoras que recibieron un “cuidado” especial de la CAMMESA gobiernan mandatarios cercanos al gobierno nacional. En Mendoza, el socio de la Alianza Cambiemos, el radical Alfredo Cornejo y en Río Negro, el aliado Alberto Weretilneck.
El tratamiento dispar desplegado por la administradora del mercado eléctrico mayorista ha puesto en estado de alerta a casi todas las distribuidoras y cooperativas del interior del país.
Y tal como se perfila el panorama, lo más probable es que comiencen a aflorar amparos y fallos judiciales de tribunales provinciales que se opongan y frenen las restricciones de suministro que la administración macrista quiere imponer a las eléctricas morosas y que en varios casos ya advirtieron que no están en condiciones de trasladar a los usuarios el último aumento de febrero de casi el 40% en el precio de la generación que dispuso la Nación.
Fuente: Transporte y Energía
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