Por Antonio Rossi
A las puertas de una nueva extensión del aislamiento social que vendrá con un control más estricto en el transporte público del área metropolitana, las empresas de colectivos enfrentan una situación cada vez más preocupante por las demoras que registran las ayudas estatales prometidas para afrontar el pago de los sueldos y el mantenimiento de los servicios.
Los problemas operativos que se habían focalizado inicialmente en las compañías de larga distancia que están inactivas desde mediados de marzo se han extendido en las últimas semanas a las líneas urbanas del interior con una paralización de servicios que, desde hace varios días, afecta a las ciudades de Córdoba, Santa Fe, Rosario y General Roca.
Los problemas operativos que se habían focalizado inicialmente en las compañías de larga distancia que están inactivas desde mediados de marzo se han extendido en las últimas semanas a las líneas urbanas del interior.
En el caso del AMBA, las compañías de ómnibus también enfrentan, aunque en menor escala, complicaciones económicas que, lejos de solucionarse, van camino a agravarse con el correr de los días.
Mientras esperan respuestas de los funcionarios nacionales, los directivos de las cámaras representativas del sector no ocultaron su descontento con la iniciativa que ha comenzado a barajar el Ministerio de Transporte, que conduce Mario Meoni, con el fin de implementar un programa de créditos subsidiados para que la gente pueda acceder a la compra de bicicletas, ciclomotores, motores y monopatines eléctricos.
Con esa medida, el Gobierno apuntaría a reducir la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte público para limitar las posibilidades de contagio del Covid-19. Más que la eventual pérdida de pasajeros, lo que más molesta a los empresarios de colectivos es la lectura parcial e incompleta que estarían haciendo las autoridades de Transporte sobre la crítica situación que golpea al sector, que requiere una urgente implementación de soluciones en un momento donde no sobran los recursos económicos.
LARGA DISTANCIA. En el caso de los ómnibus de larga distancia, la cuestión más relevante es que apenas el 31% de los empleados que estaban en condiciones de recibir el salario complementario del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (PAETP) han percibido esa ayuda del Estado.
Mientras la ANSES y la AFIP les están pidiendo a las empresas que se inscriban para poder transferir la asistencia de mayo, el 70% de los choferes y administrativos de larga distancia siguen esperando cobrar la ayuda de abril por las trabas y objeciones que plantean los organismos oficiales que llevan adelante la instrumentación del PAETP.
Según los números que manejan las empresas, que figuran en la nota remitida al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro Meoni, solo 4.206 de los 13.332 trabajadores inscriptos pudieron recibir la asistencia salarial.
De acuerdo con el relevamiento que hicieron las entidades del sector, los obstáculos administrativos y burocráticos que se plantearon han sido los siguientes:
· Empresas que habrían sido objetadas por AFIP y que requieren revisión,
· Empresas que aún no han tenido respuesta respecto de su pedido de inclusión en el programa AETP.
· Empresas que han tenido respuesta favorable respecto de su pedido de inclusión en el programa, pero no han recibido los listados de personal
· Empresas que han tenido respuesta favorable respecto de su pedido de inclusión y han recibido los listados de personal, pero se han efectuado pagos parciales a la nómina.
· Empresas que no han tenido respuesta respecto de su pedido de inclusión en el programa ATP, no han recibido los listados de personal, pero se han anoticiado vía sus empleados de pagos parciales a la nómina.
COLECTIVOS DEL INTERIOR. Con las líneas urbanas del interior del país, el problema central es que la suma de los subsidios vigentes y la recaudación de los boletos no alcanza para poder pagar la totalidad de los sueldos.
A diferencia del AMBA, donde los ingresos de las empresas son 75% subsidios y 25% venta de boletos, en el interior esa relación es, en promedio, 45% subsidios y 55% recaudación propia.
A diferencia del AMBA, donde los ingresos de las empresas son 75% subsidios y 25% venta de boletos, en el interior esa relación es, en promedio, 45% subsidios y 55% recaudación propia.
Por la fuerte caída en la cantidad de pasajeros transportados, hoy la recaudación por corte de boletos apenas llega al 15% de la habitual.
Por más que siguen recibiendo los subsidios nacionales, provinciales y –en algunos casos—municipales; las empresas del interior no cuentan con ingresos suficientes para abonar los salarios de sus empleados.
En la provincia de Córdoba, hay compañías que solo han podido pagar una parte de los salarios de marzo y deben los de abril. En Rosario, la Municipalidad incrementó solo por este mes la parte de sus subsidios para que las empresas puedan llegar a pagar el 65% de los sueldos de abril.
Los pedidos de auxilio que las empresas elevaron a las autoridades municipales y provinciales tuvieron la misma respuesta: no hay recursos y la única que puede aportar una salida es la Nación.
Con el apoyo de intendentes y legisladores nacionales, los empresarios del interior salieron a reclamar la ayuda del ministerio de Meoni con un planteo que apunta a un “reparto más equitativo y federal de los subsidios que se destinan mayoritariamente a la región del AMBA”.
Desde la cartera de Transporte, las señales recibidas no han sido muy alentadoras. En la audiencia que tuvieron esta semana con la UTA y en el comunicado a sus pares, los directivos de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) expresaron que la gestión ante los funcionarios no había aportado ningún resultado y que el Gobierno no puede ampliar la asistencia que viene destinando para el transporte público del interior.
Las cuentas de la Nación muestran que, en los primeros cuatro meses de 2020, los colectivos urbanos del interior recibieron del fondo compensador creado en 2019 la misma suma que habían embolsado durante todo el año pasado: 6.500 millones de pesos. Y que para el segundo cuatrimestre del año ya está prevista la transferencia de un monto similar en subsidios nacionales.
Como esos recursos no serán suficientes, las empresas y las provincias apuestan ahora a incorporar al transporte de corta y media distancia del interior dentro del PAETP para que los choferes cobren sus sueldos con la asistencia estatal.
Para eso, necesitan que se modifiquen las reglas de juego y que las autoridades nacionales acepten incorporar al sector en ese programa que, por ahora, tiene esa inclusión vedada para las empresas y los servicios que tienen alguna clase de subsidio.
REGION METROPOLITANA. Para los colectivos de la región metropolitana, el problema económico por ahora no es tan grave como en el interior, pero va creciendo como una bola de nieve.
A la caída de los ingresos propios por la menor cantidad de pasajeros y la falta de actualización de la estructura de costos que define los subsidios nacionales, se han sumado los atrasos en los pagos de las compensaciones económicas que deben afrontar los municipios del conurbano y los gobiernos bonaerense y porteño.
Las deudas acumuladas superan los 6.000 millones de pesos, de los cuales 4.000 millones corresponden a la administración de Axel Kicillof.
Las empresas ven con preocupación que el gobierno bonaerense –como confirmara en Letra P el subsecretario de Transporte, Alejo Supply—ya tomó la decisión de no seguir pagando los subsidios.
Con el argumento de que fue una pesada herencia económica que le dejó María Eugenia Vidal y que representa el 32% del déficit provincial, Kicillof quiere sacarse de encima esos subsidios y transferirle a la Nación el desembolso de los 60.000 millones de pesos anuales que reciben los colectivos del AMBA.
Si bien en el primer bimestre la Nación ya había cubierto casi 3.000 millones de pesos correspondientes a la Provincia, hasta ahora el retorno de esas compensaciones económicas a la órbita de Meoni sigue en el aire y sin una fecha cierta de confirmación oficial.
Esta cuestión y la “falta de respuestas a los planteos económicos” llevaron a las cuatro cámaras de la región metropolitana a advertirle a Meoni que las empresas de sector “se encuentran en un estado de precariedad tal, que no pueden garantizar la normal prestación de los servicios”.
Nota Editada en LetraP
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