Construidas en la administración de Cristina Kirchner y privatizadas durante el gobierno de Mauricio Macri, las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López han vuelto a quedar en la mira en el plano judicial y en el escenario político.
En medio del preocupante repunte de los casos de infectados y fallecidos por el coronavirus, las usinas térmicas volvieron a captar la atención por cuestiones vinculadas a los inicios de las obras y a una reciente movida que en el futuro cercano podría afectar seriamente a los dueños actuales.
Por el lado judicial, se conoció un fallo del juez federal Sebastián Casanello, que procesó a exfuncionarios de la ex Enarsa y a los exdirectivos de las empresas IECSA e Isolux por presuntas irregularidades en la licitación y contratación de las dos centrales en las que el Estado habría pagado unos 792 millones de pesos de más.
En el caso de la ex Enarsa, fueron procesados el expresidente Exequiel Espinosa y un exgerente acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En tanto, por el lado empresario, los procesamientos recayeron sobre el exceo de Isolux Juan Carlos de Goycoechea, el extitular de IECSA Héctor Javier Sánchez Caballero y los miembros de la UTE adjudicataria de las obras Santiago Altieri, Alejandra Kademian y Osvaldo Macías. Todos ellos fueron acusados de ser partícipes necesarios del direccionamiento de la licitación y de la maniobra de administración fraudulenta. De Goycoechea y Sánchez Caballero también integran la lista de los procesados en la causa de los cuadernos de las coimas.
La causa se había iniciada en 2014 por una denuncia del exfiscal y exdiputado nacional Manuel Garrido sobre la base de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que detectó una serie de irregularidades en el proceso licitatorio y en la posterior inclusión de obras adicionales.
Según el fallo de Casanello, por medio de negociaciones con funcionarios de Enarsa, "la empresa contratista obtuvo en forma directa la contratación de nuevas obras complementarias y mayores ganancias”, lo que trajo aparejado un perjuicio para el Estado, que se privó de efectuar un procedimiento competitivo y transparente para seleccionar al mejor contratista y terminó pagando de más.
Más allá de que todos los involucrados ya apelaron y el caso quedó ahora en manos de la Cámara Federal, la resolución de Casanello tuvo dos curiosas omisiones que causaron sorpresa. La primera fue que, por lado del Gobierno, no incluyó en la cadena de responsabilidades a los funcionarios de la Secretaría de Energía ni del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, que confeccionaron los pliegos, aprobaron los cambios y giraron los recursos para el pago de las obras.
La segunda, en tanto, estuvo vinculada con los empresarios privados y ha sido la no aparición en la lista de los procesados de Angelo Calcaterra, el primo hermano de Mauricio Macri, que en el momento de la licitación estaba al mando de IECSA.
Casanello no incluyó en la cadena de responsabilidades a los funcionarios de la Secretaría de Energía ni del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido. Tampoco a Angelo Calcaterra, el primo de Macri.
Casi al mismo tiempo que se daba a conocer el fallo de Casanello, en las oficinas de IEASA, la energética estatal continuadora de la ex Enarsa, comenzaron a analizar en detalle la privatización de las dos usinas que llevó adelante la administración macrista en 2019.
Asentada en la provincia de Santa Fe, la C.T. Brigadier López pasó a manos del grupo Central Puerto, que tiene como uno de sus principales accionistas a Nicolás Caputo, el mejor amigo y socio comercial de Macri.
Por su parte, la bonaerense C.T. Ensenada de Barragán fue adquirida por una sociedad que integran la petrolera YPF y Pampa Energía, el holding energético que controla Marcelo Mindlin.
En línea con la causa judicial donde se investiga la existencia de irregularidades en la venta de las centrales y que, paradójicamente, también se encuentra en el juzgado de Casanello; los técnicos de IEASA iniciaron un rastreo de los expedientes para ver cómo justificaron las anteriores autoridades de la empresa las adjudicaciones de las usinas a precios más bajos que los que había establecido el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Las primeras revisiones habrían mostrado que por la central Ensenada de Barragán ingresaron 229 millones de dólares en efectivo frente a una tasación oficial que era de 306 millones de dólares. Y, en el caso de Brigadier López, el pago en efectivo fue de 165 millones de dólares contra una tasación que llegaba a los 207 millones de dólares.
En su momento, los funcionarios macristas habían defendido la venta de las centrales con el argumento de que además de los ingresos en efectivo y bonos de la Cammesa, los adjudicatarios también se habían hecho cargo de un paquete de deudas que totalizaban 464 millones de dólares.
La nueva conducción de IEASA llevará adelante una auditoría para determinar el perjuicio económico que sufrió el Estado y ver si corresponde plantear una posible nulidad de la venta de las dos centrales.
Piloteada por Andrés Cirnigliaro, el ex titular de la empresa de servicios públicos de Santa Cruz, la nueva conducción de IEASA, que asumió a principios de marzo, prevé llevar adelante una auditoría a fondo para determinar realmente cuál ha sido el perjuicio económico que sufrió el Estado y ver si corresponde plantear una posible nulidad de la venta de las dos centrales.
Mientras tanto, en la causa que tiene en bajo investigación Casanello, se espera un dictamen solicitado a la SIGEN que, según los primeros indicios, sería contrario a la gestión de las anteriores autoridades de IEASA.
Esa causa fue iniciada por una demanda presentada a principios de 2019 por los diputados nacionales del kirchnerismo Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana contra las máximas autoridades del área energética y del Poder Ejecutivo por considerar que las usinas salieron a la venta a casi la mitad de sus valores reales, provocándole al Estado una pérdida superior a los 400 millones de dólares.
Los que están denunciados son el expresidente Macri, los exministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel; el exsecretario de Energía Gustavo Lopetegui y los extitulares de Enarsa/IEASA Hugo Balboa, Mario Dell’ Acqua y Claudia Mundo.
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PLANTEO INOPORTUNO. Mientras la mayoría de los gremios está aceptando recortes de sueldos para mantener los puestos de trabajo, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas (Fetignra) salió a reclamarle a las distribuidoras y transportadoras de gas un aumento salarial y la “apertura urgente de la negociación paritaria 2020/2021”.
Sin tener en cuenta la situación extraordinaria que se registra por la pandemia del Covid-19 y la fuerte caída en los ingresos que afecta a las gasíferas que tienen las tarifas freezadas desde hace más de un año, la federación gremial del sector sostuvo que “no existen motivos para congelar la discusión y subsanar el desfasaje inflacionario que no cesa con la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.
Además de un incremento salarial, los sindicalistas del gas también quieren que las empresas abonen una “gratificación extraordinaria” a los que concurren a los lugares de trabajo como un “reconocimiento” por su desempeño en medio del aislamiento social que rige por el coronavirus.
Fuente: Nota editada en LetraP
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