Por Antonio Rossi
Convencida de que los efectos negativos del coronavirus seguirán afectando la marcha de la economía durante buena parte del segundo semestre y con el fin de sostener las tarifas a los usuarios sin cambios, la administración de Alberto Fernández se encamina a prorrogar por tercera vez en el año el valor del gas natural que las petroleras venden a las distribuidoras gasíferas.
La decisión de extender los contratos de abastecimiento que expiran a fines de junio fue anticipada, a comienzos de esta semana, por los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, a los representantes de las empresas distribuidoras.
La prolongación del precio del gas en boca de pozo le permitirá al Gobierno alargar hasta 2021 el actual congelamiento tarifario que beneficia a los clientes hogareños y las pymes.
La prolongación del precio del gas en boca de pozo le permitirá al Gobierno alargar hasta 2021 el actual congelamiento tarifario que beneficia a los clientes hogareños y las pymes y que, originariamente, se iba a mantener solo durante el primer semestre.
Acordados en febrero del año pasado, los contratos vigentes entre las principales productoras (YPF, Total Austral, PAE, Tecpetrol CGC y Pampa Energía, que concentran el 80% de la producción local) y las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Ecogas, Camuzzi, Gasnor, Litoral Gas y Gasnea) tenían como fecha vencimiento el 31 de marzo pasado.
Pero, tras la situación excepcional registrada a partir del aislamiento social y económico que impuso la pandemia del Covid-19, esos contratos fueron prorrogados, primero, hasta fines de abril y luego, hasta los últimos días de junio.
Ahora, la nueva extensión que impulsan las autoridades nacionales llegaría, en principio, hasta octubre. No obstante, no sería extraño que a último momento ese plazo terminara corriéndose hasta diciembre, de modo tal de trasladar todos los cambios tarifarios y contractuales para el próximo año.
Inicialmente, la intención de la cartera de Kulfas y del interventor del Enargas, Federico Bernal, era que las distribuidoras y la Cammesa, que concentran entre el 70 y el 75 por ciento de la demanda interna, salieran “en un solo bloque” a comprar el gas para un período superior a un año. De esa manera -según la visión oficial-, podían hacer valer el poder de compra conjunto para conseguir un precio promedio y uniforme más bajo para los consumidores residenciales, las pymes y las centrales térmicas.
Por su parte, las petroleras querían mantener el esquema utilizado en los últimos años de “subastas individuales” con cada distribuidora para poder acordar distintos precios para la provisión de gas a nivel nacional. La pretensión de las petroleras era a llevar el precio promedio del gas a un nuevo valor actualizado de 3,50 dólares por MBTU.
Con la nueva prórroga contractual, las distribuidoras seguirán pagando el precio que se había cerrado el año pasado de 4,60 US$ por MBTU con un dólar de referencia de 41 pesos.
Con la nueva prórroga contractual, las distribuidoras seguirán pagando el precio que se había cerrado el año pasado de 4,60 US$ por MBTU con un dólar de referencia de 41 pesos. Esa fórmula arroja un valor de 189 pesos que trasladado a la actualidad y, con la paridad cambiaria de los últimos días, equivale ahora a casi 2,90 dólares por MBTU.
En principio, las petroleras aceptarían seguir facturando el mismo precio a las distribuidoras. Lo harían siempre y cuando llegasen a buen puerto las negociaciones que vienen manteniendo con Desarrollo Productivo para la implementación de una nueva versión del denominado “Plan Gas IV”.
El esquema en danza prevé el pago de un subsidio –sería presentado como un “estímulo”- para que las petroleras embolsen una suma adicional a la abonada por las distribuidoras con el fin de elevar el precio final de gas a un valor que oscilaría entre los 3,30 y 3,50 dólares por MBTU.
Con ese subsidio complementario, el Gobierno busca revertir la caída registrada en la producción por el impacto de la pandemia para no tener problemas de abastecimiento cuando comience a repuntar la demanda en los próximos meses.
En la misma sintonía que el “barril criollo”, que sostienen los usuarios pagando por los combustibles precios más elevados que los internacionales, el “Plan Gas IV” también apunta a incentivar la actividad con una compensación económica destinada a las petroleras que asuman el compromiso de preservar el nivel de empleos y concretar un programa específico de inversiones.
REVISIÓN REGULATORIA. Tras haber creado varios “foros y mesas” de trabajo con las empresas reguladas y las distintas clases de usuarios, la intervención del Enargas creó una nueva “Comisión” que, en los papeles, promete tener una actuación relevante a la hora de revisar el pasado reciente del organismo regulador.
Se trata de la flamante “Comisión de Coordinación y Centralización” (CCC), que tendrá a Hugo Muñoz como director; a Mario Giménez y Ricardo Bussi como subdirectores y a un grupo asesor de abogados y profesionales que tiene entre sus integrantes al exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra.
De acuerdo con la letra de la resolución 80/2020, las funciones principales de la CCC serán “coordinar, centralizar e intervenir en el desarrollo de los trabajos, revisiones y auditorías” que lleve adelante el Enargas.
El regreso del fiscal Ibarra.
Como una suerte de “División de Asuntos Internos”, la Comisión quedó facultada para “requerir expedientes, informes técnicos y todo otro material de trabajo que sea necesario para llevar adelante las funciones de evaluación asignadas, como asimismo solicitar la colaboración de las distintas gerencias del ente regulador”.
Además, deberá informar al interventor “toda circunstancia que considere relevante, aportando la totalidad de la información de base y proponiendo las acciones y medidas que se estime corresponda adoptar”.
Tal como ha sido armada, la CCC será la encargada de aportar los elementos para fundamentar y justificar las decisiones que adoptará la intervención en los planos técnico y económico y en el terreno legal por las posibles denuncias que podrían surgir contra los exfuncionarios macristas por irregularidades administrativas e incumplimiento de sus funciones regulatorias.
Fuente: Nota editada en LetraP
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