Es un programa de obras de escala local para que haya maquinaria trabajando en los municipios. Toma el modelo de un programa del final del cristinismo. Los intendentes celebran. Las dudas.
Por Antonio Rossi
A casi dos meses de haberlo anunciado y en medio de la emergencia sanitaria que impuso el avance del coronavirus, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, logró poner en marcha el plan “Argentina Hace”, que apunta a un doble objetivo. Por un lado, atender los reclamos de los municipios con proyectos de obras de baja escala y, por otro lado, revertir la sensación de parálisis que envuelve a su gestión por las obras frenadas del macrismo que aún no se han reactivado y la baja ejecución presupuestaria que ha mostrado hasta ahora su cartera.
Con un presupuesto inicial de 8.500 millones de pesos, el plan de Katopodis busca darles un poco de oxígeno a los gobiernos municipales mientras cruza los dedos para que la renegociación de la deuda externa llegue a buen puerto y se defina el presupuesto definitivo que tendrá para moverse en lo que resta del año.
Las metas del plan que fijaron los funcionarios de Obras Públicas son muy ambiciosas. Según la información oficial del ministerio, en una primera etapa se verán beneficiados 343 municipios con los cuales ya se comenzaron a suscribir los convenios para las obras de ejecución rápida.
Después, el plan prevé llegar a un universo de 2.307 municipios de todo el país con el fin de “generar 20.000 nuevos empleos locales con paridad de género”.
Conceptualmente, el “Argentina Hace” (AH) se basa en la misma estructura que tuvo el “Plan Más Cerca” que el Ministerio de Planificación que encabezaba Julio De Vido llevó adelante entre 2013 y 2015.
El esquema funciona de la siguiente manera: los municipios son los que definen, licitan y ejecutan las obras, mientras que el Ministerio de Obras Públicas es el encargado de aprobar los proyectos y desembolsar los fondos a medida que avanzan los trabajos.
“Argentina Hace” se basa en la misma estructura del “Plan Más Cerca” que llevó adelante Julio De Vido entre 2013 y 2015.
Si bien tiene el valor político de ser el primer plan de obras públicas de la administración de Alberto Fernández, el AH luce muy modesto si se lo compara con lo que fue el último año de vida del “Más Cerca” de la era kirchnerista.
En pesos, la partida presupuestaria nominal prevista para el plan de este año es practicamente igual a la suma total que habían recibido los municipios por las obras realizadas en 2015. Pero, si la comparación se hace tomando en cuenta el tipo de cambio oficial, la diferencia resulta mayúscula por el impacto de las devaluaciones y los saltos inflacionarios registrados durante el período macrista: de los 850 millones de dólares movilizados hace cuatro años se pasa a una inversión en 2020 que rondará los 132 millones de dólares.
De acuerdo con el relato oficial, el nuevo plan, cuyas aspectos legales y regulatorios fueron aprobados por medio de la resolución 12 del Ministerio de Obras Públicas, representa "una acción inmediata para generar un fuerte impacto en las economías regionales con la ejecución de obras de corto plazo”.
El AH fue armado sobre la base de los siguientes puntos principales:
Los municipios tendrán que realizar las obras con personal de las entidades comunitarias que se encuentren legalmente constituidas tales como cooperativas, organizaciones sociales, trabajadores de la economía popular y/o MiPyMEs radicadas prioritariamente en la zona. Sólo en caso especiales, los intendentes podrán encarar los proyectos por administración, siempre y cuando implique la contratación de nueva mano de obra.
Los trabajos y las obras tienen que ejecutarse en un plazo no mayor a 180 días.
Los secretarios de Obras Públicas y de Infraestructura y Política Hídrica serán los encargados de fijar los montos máximos que financiará la Nación para obra del plan.
Los tipos de obras y trabajos que podrán proponer y ejecutar los intendentes se encuadran en un amplio abanico que incluye: extensiones y conexiones domiciliarias de agua potable, construcción de veredas, ciclovías, cunetas, cruces peatonales, dársenas para colectivos y playones deportivos; reconstrucción de pavimentos, instalación de semáforos, plantación de árboles, trabajos de pintura y revoques y reparaciones de techos.
En cuanto a los pagos, el plan AH prevé cuatro etapas de desembolsos. Una transferencia inicial del 30% del total del proyecto en concepto de anticipo, un segundo giro por otro 30% al certificarse la ejecución del 50% de los trabajos, un tercer pago equivalente al 30% cuando se llegue al 80% de la obra y una entrega final del 10% restante cuando el proyecto se encuentre terminado.
Si bien confían en que no habrá demoras a la hora de cobrar los desembolsos pactados, para algunos intendentes bonaerenses la lectura de la “letra chica” del marco regulatorio del AH despierta ciertas dudas sobre los fondos en juego. Advierten que, al referirse a la cuestión de los recursos económicos, la resolución 12 resalta en tres ocasiones que el plan “será financiado en función de los recursos financieros existentes en el ministerio y con los presupuestos propios de las diferentes organismos, entes y empresas que adhieran al plan”.
La lista de las reparticiones y empresas que están bajo la órbita del ministerio y que pueden adherirse al plan está integrada por Vialidad Nacional, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Corredores Viales S.A. y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Hasta ahora, ninguna de ellas ha dado aviso de que cuenta con recursos excedentes para poder destinarlos a las obras que prevén realizar los municipios.
Fuente: Editado en Letra P