Por Antonio Rossi
La ofensiva lanzada por el Gobierno para desactivar los PPP viales heredados de la gestión macrista que aún quedan en pie se topó con un inesperado escollo que promete afectar la relación bilateral y estratégica con China.
Tras haber acordado a fines de setiembre la rescisión de los corredores E y F que estaban en manos del grupo Eurnekian, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el titular de Vialidad, Gustavo Arrieta, iniciaron una ronda de negociaciones con los restantes concesionarios para tratar consensuar una salida antes del 30 de noviembre. Se trata de las empresas que operan los corredores A (Paolini, Vial Agro-INC); B (CCA-Green); C (Cartellone) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil).
El principal argumento que esgrimen los funcionarios para dar de baja los PPP se focaliza en que los concesionarios incumplieron los contratos al no poder obtener las asistencias crediticias que habían comprometido para poder avanzar el cierre financiero de las obras.
En los últimos días, los negociadores oficiales se vieron sorprendidos por una imprevista movida que llevó adelante la empresa china CCA, que es la accionista mayoritaria del corredor B.
Por escrito y en forma verbal, los representantes del consorcio le notificaron al Gobierno que están en condiciones de obtener los recursos necesarios para seguir adelante con la concesión y suscribir el cierre financiero del contrato.
China Construction América (CCA) es subsidiaria de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), una de las grandes corporaciones mundiales dedicadas a la construcción y a proyectos de infraestructura con fuerte presencia en los EE.UU. y en casi todos los países de Latinoamérica.
Su desembarco en la Argentina se produjo en 2018, cuando, asociada con la constructora local Green, se quedó con el control del corredor B, que abarca 546 kilómetros de la ruta nacional 5 que une Luján con la capital pampeana de Santa Rosa.
Los directivos del grupo chino le hicieron saber al Gobierno que no quieren quedar como unos “incumplidores” que son sancionados con el quite de la concesión vial y, como muestra de su voluntad para mantener vigente el contrato firmado hasta 2033, plantearon que pueden conseguir la financiación necesaria que estaba prevista para la concreción de las obras.
Para reforzar el mensaje y dejar en claro que cuentan con el respaldo del gobierno de Xi Jimping, los representantes de CCA acudieron a las dos últimas reuniones con los técnicos de Obras Públicas acompañados por dos funcionarios diplomáticos que dependen directamente del embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli.
Si los funcionarios de Obras Públicas rechazan el pedido de CCA y avanzan con la caída de la concesión, el Gobierno corre el riesgo de que se vean frenados y revisados los créditos y proyectos que otras empresas y el Estado chino tienen en marcha en el país.
De acuerdo con los datos que trascendieron en Vialidad, los fondos que requiere CCA para el cierre financiero del corredor B llegarían por medio de una capitalización aportada desde la casa matriz CSCEC.
Para poder instrumentar la propuesta de financiamiento, los directivos de CCA solicitaron a las autoridades que amplíen hasta los primeros meses de 2021 la fecha límite del 30 de noviembre, que ha sido fijada para la extinción de todos los contratos.
Como había anticipado Letra P, la aparición en escena del “factor chino” en la novela de los PPP obligará ahora a la administración de Alberto Fernández a evaluar detenidamente cómo maneja el pedido de CCA para que no se va afectada la relación estratégica con el gigante asiático.
Si los funcionarios de Obras Públicas rechazan el pedido de CCA y avanzan con la caída de la concesión, el Gobierno corre el riesgo de que se vean frenados y revisados los créditos y proyectos que otras empresas y el Estado chino tienen en marcha en el país.
En cambio, si abren la puerta a la alternativa impulsada por la constructora china, ese mismo criterio también tendría que ser extendido al resto de los concesionarios para ver si pueden lograr las financiaciones pendientes. En ese caso, cualquier definición sobre el futuro de los PPP viales tendría que postergarse hasta el próximo año.
Una variante que analiza el Gobierno para estirar los plazos y no quedar en falta con su promesa de eliminar los PPP macristas consistiría en convocar a los especialistas y técnicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que efectúen un análisis integral del estado legal, contable y financiero de las concesiones.
Con ese estudio, los funcionarios ganarían algo de tiempo para comprobar si el desafío lanzado por CCA tiene bases sólidas o es un nuevo “cuento chino”.
Nota Editada en LetraP
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