Desde que asumió en diciembre del año pasado, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, no ha logrado movilizar los recursos que se necesitan para reactivar en forma plena los proyectos y obras de infraestructura que dependen del Gobierno nacional.
El primer escollo que afrontó fueron los lentos y complejos trámites burocráticos que se registran cada vez que se crea y arma una nueva cartera ministerial como la suya que ha heredado de la administración macrista una parte que estaba en el ex ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich y otra, proveniente del ex ministerio de Interior que comandaba Rogelio Frigerio.
A eso se sumó un segundo obstáculo que condicionó su gestión inicial: la decisión política del presidente Alberto Fernández de priorizar una solución del tema de la deuda externa antes de definir las partidas presupuestarias que se iban a destinar a su ministerio.
Y a partir del 20 de marzo se topó con la pandemia del coronavirus que ha paralizado por completo la actividad y los trabajos vinculados con las obras públicas.
Tras haber conseguido recién a fines de abril la aprobación oficial de las nuevas estructuras organizativas del primer y segundo nivel operativo de su ministerio, Katopodis tiene para exhibir—hasta ahora—dos concreciones modestas para el sector que ha perdido 110.000 puestos de trabajo en los últimos 18 meses:
--La construcción contrarreloj de 11 hospitales modulares y de emergencia en el Gran Buenos Aires, Resistencia, Rosario, Córdoba y Mar del Plata que aportaron 836 camas para terapia intermedia e intensiva. Las obras—por un total de 1.040 millones de pesos—fueron adjudicadas a Ecosan, la empresa controlada por la familia Rudoni, que desde hace varios años es la principal contratista y proveedora de baños químicos, vallas y oficinas modulares de Expoagro y del gobierno porteño.
--El diseño y armado de los planes “Argentina Hace I y II” para el financiamiento y ejecución de obras y trabajos en municipios y provincias. El programa de obras locales apunta a beneficiar a unos 400 municipios. Y el otro prevé la reactivación de un paquete de 270 obras a nivel nacional que tienen paralizadas y atrasadas la secretaría de Obras Públicas, Vialidad, AySA, ENHOSA y Acumar. Entre las dos iniciativas, la inversión prometida llegaría a los 40.000 millones de pesos.
Más allá de que el “relato oficial” intenta mostrar una plena vigencia de esos planes, el inicio real de las obras está supeditado a tres factores: el levantamiento de las restricciones de movilidad en las ciudades y provincias, la aprobación de los protocolos sanitarios para los distintos tipos de obras y la transferencia de los recursos presupuestarios que deben autorizar el ministro de Economía, Martín Guzmán y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Mientras tanto, la cartera de Katopodis puso en juego dos nuevos esquemas normativos que prometen generar ruido. Se trata del “Observatorio de la Obra Pública” y el “Programa de Fortalecimiento Institucional, Integridad y Transparencia” (PFIIT).
El “Observatorio” –que fue creado por medio de la resolución 31—constituye “un espacio de participación destinado a contribuir a la evaluación y mejora continua del marco normativo, de las prácticas, herramientas y procedimientos de planificación, así como de la contratación, ejecución física y financiera de las obras públicas”.
Estará presidido por el Secretario de Gestión Administrativa, Juan Sauro y lo integrarán representantes de “universidades, organizaciones sociales, cámaras y demás instituciones vinculadas al proceso de contratación y ejecución de la obra pública”.
Los que decidan sumarse deberán suscribir un “convenio de colaboración mutua” y, entre otras acciones, el “Observatorio” llevará adelante jornadas técnicas, seminarios, conferencias, capacitaciones, diagnósticos e investigaciones” orientadas a mejorar los mecanismos de contratación y control de las obras públicas.
En tanto, el PFIIT -que fue creado por la resolución 32 y que también quedará bajo la órbita de la secretaría de Gestión Administrativa—tiene como objetivo general un anunciado tan extenso, como ambicioso: “Promover e impulsar la obra pública como herramienta esencial para el cumplimiento de las políticas públicas, promoviendo la innovación, la protección ambiental, la creación de empleo, el fomento de la pequeña y mediana empresa y el desarrollo integral de las distintas regiones del país, maximizando la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad, garantizando, conforme a los estándares nacionales e internacionales de transparencia y eficiencia, las buenas prácticas y modelos institucionales en materia de planificación, contratación, ejecución física y financiera de todas las obras públicas”.
Con el PFIIT, el ministerio de Katopodis busca crear y poner en marcha tres herramientas novedosas:
--Un “Portal de Transparencia” con datos abiertos y de fácil acceso a los contratos de obras públicas y a los avances físicos y financieros de los proyectos.
--Un “Mapa de la Inversión Pública” basado en un sistema de información geográfico (GIS) para que cualquier persona pueda monitorear en tiempo real el estado de ejecución de las obras y denunciar las demoras o incumplimientos que se registren en los trabajos.
--El uso de “nuevas tecnologías de control” con drones, aplicaciones móviles e imágenes satelitales para seguir el desempeño de las empresas constructoras y subcontratistas de las obras públicas.
Si bien entienden que se encuadran dentro de lo “políticamente correcto”, para las constructoras los nuevos esquemas de control pueden hacer más engorrosos y laberínticos todos los procesos y trámites ligados a las licitaciones y pagos de las obras.
Y si de cobrar se trata, las empresas aún siguen esperando que los actuales funcionarios se pongan al día con los 35.000 millones de pesos de certificados de obras que dejó impagos la administración de Mauricio Macri.
Fuente: Editado en LetraP
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