Por Antonio Rossi
Con el dólar blue por las nubes y una incertidumbre económica cada vez más marcada como telón de fondo, el secretario de Energía, Darío Martínez, salió al ruedo con dos movidas focalizadas en su gabinete y el futuro tarifario que eran largamente esperadas por los empresarios del sector.
A casi dos meses de haber sido ungido como remplazante del misionero Sergio Lanziani, presentó oficialmente a quienes desembarcarán en las cuatro subsecretarías que conforman el nuevo organigrama del área energética.
El equipo que secundará a Martínez proviene de cuatro vertientes diferentes que forman parte de la administración de Alberto Fernández.
El equipo que secundará a Martínez proviene de cuatro vertientes diferentes que forman parte de la administración de que conduce Alberto Fernández.
Al frente de la subsecretaría de Energía Eléctrica fue designado el actual interventor del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE), Federico Basualdo. Investigador y docente de FLACSO, había asumido en marzo en el organismo regulador eléctrico con el apoyo de La Cámpora y el Instituto Patria. A diferencia de su tocayo Federico Bernal, que está al mando de la intervención del Enargas, Basualdo no ha mantenido una posición confrontativa con las empresas y su ascenso como nuevo responsable del área de energía eléctrica ha causado una reacción inicial positiva entre las generadoras y distribuidoras eléctricas.
Al mando de la subsecretaría de Hidrocarburos quedó la ingeniera química Maggie Luz Videla Oporto. Con varios postgrados en petróleo y minería, se desempeñó en distintas direcciones de Enarsa durante los gobiernos kirchneristas. A principios de año, su sumó al equipo del hasta ahora titular de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, como jefa de Asesores. Para los empresarios petroleros, su designación garantizaría una línea de continuidad con lo que se venía haciendo, sobre todo, en lo que respecta a la implementación del nuevo plan de incentivo gasífero, en cuya elaboración tuvo una activa participación.
La Subsecretaría de Planeamiento Energético fue a parar a manos del licenciado en Economía Javier Papa. Sin antecedentes en el sector, responde directamente al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien desde agosto tiene bajo su órbita al área de Energía. Todo indicaría que, además de los temas vinculados con la planificación, el nuevo subsecretario actuará como un veedor de Guzmán para seguir de cerca las cuestiones referidas con la erogación de recursos fiscales en el pago de incentivos y subsidios tarifarios.
Por último, la subsecretaría de Coordinación Institucional recayó en el abogado tucumano Santiago Yanotti. Titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán desde 2013 y con una relación estrecha con Martínez, Yanotti llega al gobierno nacional con el apoyo de los gobernadores del PJ.
PARAGUAS. Casi al mismo tiempo en que daba a conocer su gabinete, Martínez puso en agenda una de las cuestiones más sensibles y complejas que deberá afrontar: el descongelamiento tarifario de los servicios de luz y gas.
En el caso del servicio eléctrico, el secretario comenzó admitiendo algo que el Estado y el empresariado del sector ya dan por hecho, pero que no se animan a reconocer: los cortes de suministro que sobrevendrán con la llegada de los días de altas temperaturas.
Tras tomar nota de dos informes del ENRE y Cammesa que pronostican una mayor demanda que la habitual en los meses de verano, Martínez salió a abrir el paraguas y advirtió que se registrará un incremento en los cortes y fallas del servicio tanto en la Capital Federal, como en el Gran Buenos Aires.
Según las proyecciones oficiales, en la temporada estival una gran cantidad de usuarios de la región metropolitana no podrán salir de vacaciones por la situación sanitaria y las restricciones económicas. La permanencia en los hogares y las altas temperaturas provocarían un aumento del consumo veraniego del 25 al 30% con respecto a los registros promedios de los últimos años.
Como las redes de Edenor y Edesur no están en condiciones de atender esa mayor demanda por la falta de inversiones y la obsolescencia de los cables, lo que se espera es un fuerte salto tanto en la cantidad, como en las horas de duración de las interrupciones de suministro.
En cuanto a las tarifas, Martínez ratificó lo que Guzmán había incluido en el Presupuesto 2021: la aplicación de un aumento en línea con la inflación del 29% prevista para el próximo año.
El ajuste en las tarifas eléctricas se instrumentaría a partir de enero en forma segmentada según los consumos y los niveles de ingresos de los usuarios.
Los primeros bosquejos de aumentos y recortes de subsidios perfilan un escenario de la región metropolitana repartido de la siguiente manera: subas mínimas y tarifa social para el 30% de los hogares de bajo poder adquisitivo, ajustes del 29% para el 40% de los usuarios que tienen ingresos medios y actualizaciones superiores al 50% para el 30% restante de los clientes residenciales que tienen ingresos altos y consumos más elevados.
El ajuste en las tarifas eléctricas se instrumentaría a partir de enero en forma segmentada según los consumos y los niveles de ingresos de los usuarios.
INCENTIVO GASIFERO. Por el lado de las tarifas de gas, los porcentajes de aumentos recién comenzarían a definirse una vez que se implemente el Plan Gas 2020-2023 y surja el nuevo precio del gas en boca de pozo para las distribuidoras que abastecen a los usuarios residenciales. Con ese precio, que saldrá de una megasubasta con valor tope de 3,40 dólares por MBTU, el Gobierno deberá resolver cuánto traslada a las tarifas finales y qué porción cubre con subsidios.
Mientras se aguarda la publicación del DNU con la letra chica del nuevo plan para reactivar la producción gasífera, los legisladores oficialistas introdujeron dos modificaciones clave en el Presupuesto que se tratará la próxima semana en Diputados. Por un lado, determinaron que las compensaciones comprometidas por el Estado a las productoras de gas tendrán como garantía “Certificados de Crédito Fiscal” (CCF) que las empresas podrán usar para cancelar deudas con la AFIP. Por otro, autorizaron la emisión de títulos de deuda pública por 29.514 millones de pesos para cancelar los pagos pendientes con las petroleras por el impacto de la devaluación 2018. Se trata de las deudas por las “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA), surgidas por la dolarización tarifaria que había aprobado el exministro Juan José Aranguren. Por medio del decreto 1053/18, Macri había decidido una cancelación en 30 cuotas mensuales y consecutivas de las cuales pagó solo una. Ahora, el Gobierno prevé pagar lo que falta de una sola vez y con la entrega de un nuevo título de deuda.
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