Por Antonio Rossi
Con un decreto ómnibus, el Gobierno fijó hasta fines de 2022 la nueva “hoja de ruta” que seguirá para definir los aumentos tarifarios y las modificaciones contractuales que se aplicarán en los servicios de energía eléctrica y gas natural que están en manos de distribuidoras y transportadoras privadas.
Por medio del DNU 1010/20, la administración de Alberto Fernández adoptó cuatro medidas clave que implican la extensión hasta mediados de marzo del congelamiento vigente, la habilitación de aumentos transitorios, la puesta en marcha de una “revisión tarifaria integral” (RTI) y la continuidad de las intervenciones dispuestas en el ENRE y el Enargas.
En contra de lo que había insinuado el titular de Energía, Darío Martínez, hace un mes acerca de un ajuste en los primeros días de enero, el decreto prorrogó los actuales valores tarifarios de la luz y el gas hasta mediados de marzo.
A partir de ese momento -siempre y cuando no aparezcan cuestionamientos internos- deberían entrar en vigencia los nuevos valores del denominado “Régimen Tarifario de Transición”, que se extenderá hasta que concluya la renegociación definitiva de la RTI.
Con los “ajustes transitorios”, los funcionarios de Energía esperan atender parcialmente los reclamos de las eléctricas y gasíferas, que tienen sus ingresos en el freezer desde abril de 2019, y empezar a delinear los nuevos niveles de subsidios que desembolsará el Estado el próximo año en función de las metas y límites que establezca el ministro de Economía, Martín Guzmán.
A eso se agrega un dato no menor en el año electoral que se avecina: para la aplicación de incrementos “transitorios”, el Gobierno no estaría obligado a convocar a audiencias públicas, las cuales quedarían agendadas solo para las “renegociaciones integrales”.
En cuanto a las RTI, el DNU estableció, formalmente, el inicio del proceso de revisión que tendrá un plazo máximo de dos años. De esta manera, la renegociación de los contratos entre los entes reguladores y las privatizadas podrá extenderse hasta el 17 de diciembre de 2022 con la posibilidad de introducir “adecuaciones transitorias de tarifas y/o su segmentación teniendo como premisa la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.
Intervenciones XL
En el caso de los organismos de control, lo que se dispuso es una prórroga de las intervenciones por un plazo mínimo de un año.
No obstante; tanto el titular del Enargas, Fernando Bernal, como la nueva interventora del ENRE, Soledad Manin, podrán seguir en sus cargos más allá de diciembre de 2021 si para ese momento aún no se encuentran finalizadas las RTI.
Los interventores de los entes quedarán a cargo de las RTI con las siguientes funciones y facultades:
-Iniciar el proceso de renegociación efectuando los correspondientes análisis de situación y grado de cumplimiento alcanzado por cada concesionario.
-Solicitar a las empresas y organismos públicos, toda la información y documentación que se estime necesaria y pertinente para la renegociación.
-Requerir del concurso temporario de agentes de otros organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
-Realizar transacciones y/o conciliaciones, compensaciones, novaciones, remisiones y cualquier otra forma de extinción de obligaciones recíprocas o litigiosas entre el Poder Concedente y las empresas privatizadas.
-Organizar un banco de datos del proceso de renegociación.
-Llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes y apropiados.
Un aspecto que llamó la atención de las empresas y especialistas ha sido lo indicado en el artículo 10 del DNU que admite la hipótesis de una falta de entendimiento entre las partes sobre los aumentos y las nuevas condiciones contractuales.La norma establece que, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo, los entes reguladores deberán dictar, ad referéndum, del PEN, el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos de distribución y transporte de energía eléctrica y gas natural”.
En el caso del servicio de gas, las renegociaciones en danza alcanzan a las transportadores TGN y TGS y a las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnea, Camuzzi (Sur y Pampeana), Gasnor, Litoral Gas y Ecogas.
En tanto, por el lado del servicio eléctrico, las empresas involucradas son las distribuidoras de la región metropolitana del AMBA, Edenor y Edesur, y las operadoras de las redes de transmisión Transener, Transnoa, Transnea, Transba, Transpa, Distrocuyo, Litsa, Transcomahue, Yacylec y Enecor.
Tras las nuevas reglas de juego que estableció la Nación para salir del congelamiento y renegociar los contratos, ahora las miradas se orientan a ver qué medidas adoptará el gobierno de Axel Kicillof para actualizar las tarifas de las distribuidoras privadas y cooperativas que prestan el servicio eléctrico en el territorio bonaerense.
Nota Editada en Letra P
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