Por Antonio Rossi
El ministerio de Obras Públicas comandado por Gabriel Katopodis picó en punta con los aumentos de tarifas que el Gobierno implementará a partir de los primeros días de 2022. Por medio de la resolución 2087 de Vialidad Nacional, la cartera que pilotea el exintendente de San Martín puso en marcha el proceso de “participación ciudadana” que desembocará a mediados de enero en un ajuste promedio del 26% en los peajes de las rutas nacionales y los accesos Norte y Oeste.
Los incrementos previstos para las concesionarias viales son los primeros que aplicará la administración de Alberto Fernández en el inicio del próximo año mientras sigue teniendo en carpeta la varias veces anunciada y prometida “segmentación tarifaria” para los servicios de energía eléctrica, gas y agua.
Las nuevas tarifas de peajes se ubican prácticamente a mitad de camino del ajuste de hasta el 47% que dispuso Horacio Rodríguez Larreta para las autopistas urbanas a partir de enero. A lo largo de 2021, el gobierno porteño también superó por amplio margen a la Nación en los aumentos autorizados: en las autopistas urbanas las subas acumuladas treparon al 193% frente a una actualización del 9,9% que tuvieron las concesiones nacionales.
Los incrementos en juego del 26% promedio se aplicarán las rutas nacionales que quedaron en manos de la estatal Corredores Viales, la autovía mesopotámica de la concesionaria privada Caminos del Río Uruguay y en los accesos capitalinos que controlan Ausol y GCO del grupo español Abertis.
La resolución del organismo vial que preside el exintendente de Cañuelas Gustavo Arrieta admitió que los aumentos no se ajustan a los mecanismos de actualización previstos en los contratos y que se arribó a un porcentaje promedio “siguiendo los lineamientos indicados por el Gobierno para que los incrementos finales resulten inferiores a las variaciones del índice de precios (IPC) registradas entre marzo de 2019 y octubre 2021”.
No obstante, en Vialidad reconocieron que “se ha producido una alteración significativa de los precios de ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento que de no equilibrarse con ajustes tarifarios podrían tener impacto en la calidad de las prestaciones que realizan las empresas concesionarias”.
Al igual que el ajuste aplicado a mediados de este año, las autoridades de Vialidad y Obras Públicas implementaron un mecanismo de participación ciudadana para convalidar formalmente las nuevas tarifas de peajes.
La instancia de consulta previa se extenderá hasta el 12 de enero y estará limitada solo a presentaciones digitales. Usuarios, profesionales y entidades de consumidores que quieran participar y elevar sus propuestas y cuestionamientos deberán hacerlo en forma virtual completando un formulario en la web o por medio de presentaciones por correo electrónico.
Tal como está planteado, este “esquema participativo” resulta algo puramente decorativo porque no es vinculante para el Estado y no le da chance a quienes usan el servicio para poder modificar los aumentos resueltos, por más argumentos y objeciones que acompañen en sus presentaciones.
Los proyectos de aprobación de los nuevos cuadros tarifarios que figuran como anexos en la resolución 2087 ya dieron por cumplido el requisito de la participación ciudadana antes de que se pusiera en marcha.
Tras destacar que las nuevas tarifas “fueron sometidas a consideración de la ciudadanía”, los textos de las futuras resoluciones que autorizan los aumentos resaltan que “han sido atendidas y canalizadas todas las opiniones y aportes de los usuarios”, dando por hecho que no habrá ningún reparo de fondo con suficiente peso que obligue al Gobierno a revisar lo que ya tiene decidido de antemano.
Aunque en el funcionariado de Obras Públicas no lo admitan públicamente, el aumento en los peajes de enero no sería el único que se aprobaría en 2022. El ajuste del 26% promedio representa, a priori, apenas la mitad de la variación inflacionaria que prevén las principales consultoras privadas para el próximo año.
Por el lado de las concesionarias privadas, si no logran actualizar sus ingresos siguiendo la marcha inflacionaria, la variable de ajuste pasará por recortar las obras de mejoras y los trabajos de mantenimiento. En cambio, en el caso de la estatal Corredores Viales un desequilibrio tarifario llevará al Gobierno a tener que reforzar el auxilio económico que viene desembolsando para que la empresa manejada por Gonzalo Atanasof esté al día con los salarios y los trabajos mínimos de conservación vial.
Movimientos bonaerenses
Una vez que entren en vigencia los aumentos definidos por la Nación, la provincia de Buenos Aires también podría seguir el mismo camino para ajustar las tarifas que cobra en el corredor atlántico y en la autopista Buenos Aires-La Plata. Según estiman en el sector empresario y técnicos del sector, lo más probable es que la administración de Axel Kicillof espere hasta la finalización de la temporada veraniega para autorizar una suba de los peajes.
Mientras tanto, en el ámbito provincial sobrevuela un fuerte rumor de una posible mudanza de la Dirección de Vialidad y la concesionaria estatal Aubasa a la órbita del nuevo ministerio de Transporte que encabezará el massista Jorge D'Onofrio una vez que la Legislatura bonaerense apruebe la creación de esa cartera.
D 'Onofrio sumaría los dos organismos viales que actualmente pertenecen al organigrama del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Leonardo Nardini y también las actividades portuarias que están bajo la cartera de Producción de Augusto Costa.
De concretarse esos cambios, D 'Onofrio pasaría a controlar un ministerio de Transporte XL de similares características y funciones al que manejó Guillermo Dietrich en la administración nacional macrista.
Nota Editada en LetraP
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