Un día antes de las PASO, el Gobierno de Alberto Fernández corre el riesgo de afrontar un conflicto gremial de alto impacto por la indefinición e incertidumbre laboral de los trabajadores de la empresa privada Hidrovía SA, cuyo contrato de concesión como operadora de la principal vía navegable del país expira el primer segundo del sábado próximo.
La Administración General de Puertos (AGP), que la semana pasada se convirtió oficialmente en la nueva concesionaria que remplazará a Hidrovía SA, no tiene aún cerradas las contrataciones de las empresas que deberán hacerse cargo de los trabajos de dragado y señalamiento destinados a garantizar las condiciones de navegabilidad del corredor fluvial.
Sin dragas ni equipos propios y sin tiempo para llamar a una licitación, al organismo portuario nacional no le queda otra salida que adjudicar en forma directa las obras y servicios que resultan imprescindibles para el funcionamiento de la autopista fluvial por donde se movilizan el 85% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores.
Todas las señales en juego indican que las obras de dragado quedarían en manos del grupo Jan de Nul, que desde mediados de los 90 viene realizando las obras de profundización del calado como integrante de Hidrovía SA.
En tanto, para el balizamiento la elegida sería la UTE conformada por las locales Pentamar, Hydra y Sade Electromecánica, que operan ese servicio en los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca.
Según el nuevo contrato de concesión que deja la hidrovía en manos del Estado, las empresas que sean contratadas por la AGP tienen la obligación de incorporar a los 800 agentes que conforman el plantel operativo de la concesionaria saliente.
Al no estar formalizados los contratos con las nuevas empresas de dragado y señalamiento, los empleados de Hidrovía todavía no saben quiénes serán sus empleadores a partir del próximo sábado.
Pese a las reiteradas promesas oficiales de que está garantizada la continuidad laboral; desde el sindicato de dragado y balizamiento conducido por Juan Carlos Schmid volvieron a advertir a las autoridades de Transporte que dispondrán un paro total de actividades si no se resuelve el traspaso de los trabajadores antes del viernes.
Preocupados por el escaso tiempo que resta para la salida de Hidrovía SA, los dirigentes que acompañan a Schmid salieron a exigirle a los funcionarios de la AGP que definan cómo se concretarán las desvinculaciones e ingresos a las nuevas empresas y cuándo se pagaran las indemnizaciones por la finalización del vínculo laboral y el cambio de empleadores.
Además de reconocerla como “operadora transitoria”, el nuevo contrato de concesión habilitó a la AGP a cobrar los peajes a los barcos que transitan por la hidrovía y que en los últimos 25 años fueron a parar a la caja de la concesionaria privada.
La concesión de AGP tendrá una duración inicial de 12 meses, la cual se podrá prorrogar hasta la toma de posesión del futuro operador privado que surgirá de la licitación internacional que debe llevar adelante el próximo año el flamante “Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable”. Este nuevo organismo regulador fue creado en la última semana de agosto y su conformación y puesta en funcionamiento demandará, como mínimo, tres meses.
Nota Editada en Informador Público
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