La fuerte disputa planteada a principios de octubre entre la conducción de Vialidad Nacional -que encabeza el ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta- y la Asociación de Profesionales y Personal Superior (APPSVN) por el manejo de los fondos y el programa de obras volvió a recrudecer en los últimos días en medio de nuevos cuestionamientos cruzados y pedidos de informes que apuntan a las cuestiones esenciales del sector vial.
A pocos días de las PASO y ante la falta de respuesta de las autoridades del ministerio de Obras Públicas conducido por Gabriel Katopodis, los técnicos y profesionales de Vialidad Nacional sacaron a la calle un duro informe que puso el acento en que “el 60% de la red troncal nacional se encuentra muy deteriorada y con un índice de estado por de debajo de lo aceptable”.
Por medio de un documento enviado a titular de Vialidad, la APPSVN atribuyó el deterioro de las principales rutas del país al recorte de las partidas asignadas para obras que se son desviadas hacia la empresa estatal Corredores Viales y a los gobiernos provinciales y municipales que licitan y ejecutan distintos proyectos con los fondos que aporta el organismo nacional.
El documento cuestionó la generalización de los llamados “convenios específicos” que desde fines de 2019 vienen firmando los funcionarios de Vialidad con las provincias y municipios para lleven adelante obras de nuevas rutas, repavimentaciones e intervenciones en avenidas y accesos a las ciudades que son cubiertas con recursos económicos que salen del “inciso 4 “del presupuesto que tiene Vialidad para la ejecución de obras en la red troncal nacional.
Según los datos relevados por la APPSVN, en 20202 el total desembolsado por los convenios específicos rozó los $ 25.000 millones y representó el 41,70% de los fondos para obras de Vialidad. Y en los primeros ocho meses de este año, los contratos de los gobiernos provinciales y locales ya se llevaron $ 47.818 millones que equivalen al 43,4% de los recursos previstos para obras de Vialidad Nacional.
Después que se conociera públicamente el cuestionamiento de la APPSVN y por un pedido de la conducción nacional de Vialidad, los Jefes de los distintos distritos provinciales del organismo salieron en defensa de la política oficial y, tras rechazar las críticas de los profesionales, manifestaron su “respaldo total a la gestión vial extremadamente federal” que viene desplegando el gobierno de Alberto Fernández.
Con una nota girada a Katopodis y Arrieta, los jerárquicos provinciales de Vialidad Nacional también defendieron los “convenios específicos porque representan una redistribución equitativa de los fondos, con el objetivo de que las obras viales lleguen a todos los y las habitantes de la Argentina, sin discriminación por motivos políticos o partidarios”.
Esa reacción, lejos de clausurar la pulseada, no hizo más que agravarla.
Desde la APPSVN renovaron su ofensiva y por medio de una nueva presentación invocaron el derecho al acceso a la información pública para que las autoridades de Vialidad respondan en tiempo y forma una serie de cuestiones clave sobre las obras, inversiones, partidas presupuestarias y las licitaciones realizadas en los últimos dos años.
En la última nota suscripta por el titular de la entidad, Jorge Maturano, la Asociación de Profesionales desestimaron las críticas de los Jefes de Distrito “quienes de manera falsa, falaz, mal intencionada e improcedente, nos endilgan una posición inexistente respecto a las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional en general y a la firma de convenios con otras entidades estatales en particular”.
La entidad advirtió que “la mayoría de los Jefes Distritales son políticos partidarios sin incumbencias profesionales para ejercer esos cargos, situación repudiable e innegociable para nuestra Asociación, ya que esos puestos deberían ocuparse con profesionales de la Casa, con larga y probada trayectoria vial”.
Tras ratificar las críticas por el deterioro de la red vial nacional y los desvíos de fondos a provincias y municipios, la APPSVN reclamó la información oficial sobre cuatro aspectos esenciales de la política vial:
–El avance del plan federal de caminos nacionales y provinciales con la definición de los tramos complementarios del sistema troncal nacional y sus respectivos actos de aprobación.
–Los convenios específicos suscriptos en los dos últimos años con diferentes organismos para la construcción, mejora, rehabilitación, mantenimiento, etc. de vías de comunicación que no corresponden a la Red Troncal Nacional indicando la inversión prevista para cada uno de ellos.
–Las licitaciones realizadas en ese mismo período en la Red Troncal Nacional y los índices de estado de las principales rutas del país.
–Las transferencias de fondos efectuadas desde el año pasado a la empresa Corredores Viales y el resultado de los respectivos controles administrativos de los gastos realizados por esa sociedad con los recursos públicos recibidos.
Según los datos que manejan los profesionales, Corredores Viales -la compañía estatal que se hizo cargo de todas las rutas y concesiones que venían de la época menemista y de los fallidos PPP heredados de la gestión macrista- es cada vez más deficitaria y no puede cubrir sus costos operativos con la recaudación de las cabinas. Hasta el mes pasado recibió una asistencia económica de Vialidad de casi 13.000 millones de pesos para poder pagar los sueldos y los trabajos de mantenimiento que quedaron bajo su órbita. Y para cerrar el año, ya se baraja que necesitará otro auxilio del orden de los 3.500 millones de pesos.
Nota Editada en Informador Público
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