Por Antonio Rossi
La negociación por los aumentos de “transición” entre el Enargas y las empresas gasíferas se encuentra empantanada. A 40 días del plazo fijado para el debut de las nuevas tarifas, aún no se ha puesto en marcha el proceso formal para definir los aumentos y convocar a audiencias públicas. Ante esa demora, al Gobierno no le quedará otra opción que prorrogar la salida del congelamiento tarifario para los primeros días de abril.
A mediados de diciembre pasado, la administración de Alberto Fernández había establecido la “hoja de ruta” para empezar a actualizar las tarifas energéticas que se encuentran en el freezer desde abril de 2019. Por medio del DNU 1020, el Gobierno habilitó la aplicación de “aumentos transitorios” a partir del 18 de marzo y fijó un plazo de dos años para definir una nueva “revisión tarifaria integral” (RTI) para las operadoras privadas de los servicios de energía eléctrica y gas.
A diferencia de lo que sucede en el ámbito eléctrico, donde el ENRE y las distribuidoras y transportistas del sector comenzaron a delinear los incrementos transitorios en la segunda quincena de enero, en el caso del gas todavía no se han registrado avances concretos por dos motivos salientes.
Uno de ellos es la cada vez más evidente disputa interna que mantienen el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el interventor del Enargas, Federico Bernal, por el tenor de los aumentos.
Tal como reconoció hace pocos días en una entrevista en C5N, la postura de Guzmán es aplicar este año una suba promedio del 29% que siga la línea de la inflación prevista en el Presupuesto. Según el planteo del ministro, ese porcentaje de aumento que deberían afrontar los usuarios se destinaría a atender una parte del pago del gas a los productores y a mejorar los ingresos de las distribuidoras y transportadoras.
En cambio, Bernal, que integra el grupo de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del Instituto Patria, sostiene que el incremento tarifario debe ubicarse por debajo del 10%. Según el titular del ente, esa recomposición tarifaria dejaría al margen a los productores de gas e iría a parar casi en su totalidad a manos de las empresas distribuidoras.
El otro motivo que está trabando la negociación por los aumentos es la decisión de las gasíferas de no firmar, por ahora, el acta-acuerdo que propone Bernal para cubrir sus espaldas ante la eventualidad de futuras demandas en los tribunales locales y en el CIADI.
El interventor del Enargas pretende que las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Gasnea, Gas Pampeana, Gas del Sur, Gasnor, Litoral Gas y Ecogas) y las transportadoras (TGN y TGS) asuman el compromiso por escrito de no reclamar más adelante compensaciones económicas por los aumentos contractuales que dejaron de aplicarse a partir de los primeros meses de 2019.
Además, Bernal busca evitar posibles juicios contra su gestión por el hecho de haber interrumpido la vigencia y los alcances de las revisiones tarifarias integrales (RTI) que habían sido aprobadas para el período 2017-2021 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Antes de ponerle el gancho a las actas-acuerdos, las gasíferas quieren que los funcionarios del ente definan que porcentajes de aumentos prevén aprobar para los ingresos propios de las distribuidoras (Valor Agregado de Distribución) y las transportadoras (Valor Agregado de Transporte).
En el segmento de distribución, los aumentos “transitorios” que reclaman las empresas y los porcentajes de incremento que prevén los reguladores están muy lejos de coincidir.
Con algunos matices, las distribuidoras plantean que el aumento en sus ingresos debería oscilar entre el 80% y 90% para poder compensar el impacto acumulado de la inflación de los dos últimos años en que las tarifas estuvieron en el freezer.
Sostienen que con esa actualización, que trasladada a los usuarios implicaría un aumento final del orden del 30%, pueden cubrir los gastos de operación y mantenimiento y las inversiones mínimas para garantizar las condiciones de seguridad en la prestación del servicio.
Del lado del Enargas, se baraja para las distribuidoras una mejora en sus ingresos que oscila entre el 25% y el 30%. Transferida a las facturas residenciales, esa actualización tendría impacto final del 7% al 9%, por debajo del tope de incremento que quiere autorizar Bernal.
Con este esquema de aumento, los consumidores seguirán abonando por el gas el mismo valor fijado hace casi dos años y que equivale, a los valores oficiales actuales, a 2,10 dólares por MMBTU. La diferencia entre ese valor y el nuevo precio promedio del Plan Gas 2020-2024 reconocido a las petroleras de 3,50 dólares seguiría siendo cubierta con subsidios directos del Estado.
Estacioneros en alerta
Los dueños de estaciones de servicio salieron a abrir el paraguas y advirtieron que, si la Secretaría de Energía no interviene a tiempo, el precio del GNC podría subir hasta un 70% a partir de abril.
Según el nuevo esquema de contratación que puso en vigencia el Plan Gas 2020-2024, los expendedores de GNC ya no pueden seguir siendo clientes de las distribuidoras, sino que tienen que ir a comprar el gas en forma directa a las productoras y comercializadoras.
Como clientes de las distribuidoras, los estacioneros venían pagando por el gas el equivalente a 2,10 dólares por MBTU, pero, al tener que contratar en forma directa con las petroleras, ese valor se eleva a un promedio de 3,50 dólares por MBTU.
Cuando, a fines de diciembre, iba a entrar a regir ese cambio, la Secretaría de Energía decidió postergar la medida por tres meses e instruyó a la estatal Ieasa para que siguiera entregando el gas a las estaciones al precio subsidiado de 2,10 dólares por MBTU.
Preocupadas por el impacto en los surtidores que habría a partir de abril, las cámaras de expendedores de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero han solicitado una reunión urgente con el titular de la Secretaría, Darío Martínez, para ver cómo se pueden evitar los aumentos y qué medidas se tomarán para garantizar el suministro a la región del NOA, que este año recibirá un 20% menos de gas proveniente de Bolivia.
Nota Editada en LetraP
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