Por Antonio Rossi
Con el fin de evitar la paralización de los servicios y destrabar la paritaria de los choferes del interior del país en medio de una campaña electoral que va tomando color, el ministerio de Transporte comandado por el massista Alexis Guerrera decidió ampliar en 8.000 millones de pesos los subsidios anuales que la Nación desembolsa para los colectivos provinciales y municipales. La medida incrementa en un 40 por ciento la masa de subsidios para esas líneas urbanas y evidencia la dependencia de las arcas públicas que sufre el sector, que alcanza su máxima expresión en el AMBA, donde las empresas reciben por cada ómnibus en la calle una ayuda estatal de 820.000 pesos mensuales. Lo mismo ocurre con los pasajes, que libres de subsidios y atados a los costos deberían llevar los boletos de las líneas metropolitanas hasta los 150 pesos en la Ciudad y a casi 270 pesos en el Conurbano.
La aparición de los fondos nacionales permitió que el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), piloteado por Roberto Fernández, y las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) cerraran un acuerdo salarial que replica las mismas subas y condiciones que se habían pactado en mayo para los conductores del AMBA.
Los choferes de los servicios de corta y media distancia del interior recibirán un incremento salarial del 37,8% y una suma fija no remunerativa de 30.000 pesos correspondiente al primer cuatrimestre del año. La actualización de los salarios se concretará con tres aumentos del 11,02%, 14,28% y 12,50% entre junio y setiembre y el pago de cuatro cuotas no remunerativas de 17.000 pesos en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2021.
Al igual que lo pautado para las líneas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el acuerdo con los choferes del interior prevé una revisión a partir del 10 de noviembre con el fin de volver a actualizar los salarios para que no queden relegados frente al avance inflacionario.
A juzgar por lo que viene sucediendo con los gremios que habían acordado en los primeros meses del año aumentos del orden del 30% anual y que ahora están reabriendo las negociaciones para seguir a los bancarios y camioneros que obtuvieron ajustes superiores al 40%, no se descarta que la UTA termine adelantando para agosto o setiembre esa reconfiguración salarial pautada inicialmente para el último mes de 2021.
Giros y promesas
Para las líneas urbanas del interior del país, el Presupuesto había establecido una partida de subsidios de la Nación de 20.000 millones de pesos anuales. Entre enero y mayo, la cartera de Transporte giró a las provincias e intendencias un total de 9.500 millones de pesos.
A los 10.500 millones de pesos que aún faltan transferir se añaden ahora otros 8.000 millones de pesos adicionales que saldrán de las arcas nacionales. La nueva suma total de 19.000 millones de pesos se repartirá en lo queda del año de la siguiente manera: 3.500 millones de pesos en junio y 2.500 millones de pesos por mes entre julio y diciembre.
Tras aprobar la nueva partida de refuerzo de subsidios para el interior, los funcionarios nacionales se llevaron el compromiso de los integrantes del Comité Federal de Transporte (COFETRA) de que todas las provincias también van a destinar un monto adicional de 8.000 millones de pesos para que las empresas de colectivos puedan cubrir sus costos operativos y salariales hasta fin de año sin tener que ajustar los boletos.
Para que ese ofrecimiento no quede en el aire, la intención de Guerrera es que las autoridades provinciales y locales asuman cada una por escrito el pago de las compensaciones prometidas para evitar nuevos reclamos de ayudas a la Nación.
Desde el sector empresario ven con desconfianza que las provincias vayan a cumplir con los aportes adicionales. Se basan en dos motivos relevantes: las dificultades económicas y financieras que arrastran la mayoría de los gobiernos provinciales y el constante reclamo que esgrimen para revisar y equiparar la distribución de los subsidios entre las empresas del interior y las del AMBA.
Por las dudas, los directivos de la FATAP abrieron el paraguas por si no aparecen los auxilios económicos prometidos. En el acuerdo firmado con la UTA dejaron establecido que sólo podrán cumplir con los aumentos salariales pautados “siempre y cuando el gobierno nacional y las provincias instrumenten fielmente los compromisos de asistencia económica que fueron asumidos”.
Un freezer cada vez más caro
La decisión del gobierno de Alberto Fernández de seguir manteniendo en el freezer las tarifas de los colectivos del AMBA tiene una contracara fiscal que no deja de crecer y de sumar nuevos niveles récords de subsidios.
Según las últimas planillas oficiales que relevan los “costos e ingresos medios de los servicios del área metropolitana”, las líneas del AMBA recaudan por el cobro de boletos un promedio mensual de 2.200 millones de pesos y reciben una suma total de subsidios operativos del orden de los 14.600 millones de pesos por mes.
La magnitud de las compensaciones tarifarias que desembolsa la cartera de Transporte queda también de manifiesto en la variación del subsidio mensual por colectivo que han recibido las empresas en los últimos años. En el inicio de 2020, el subsidio por cada vehículo en servicio fue de 490.000 pesos mensuales. A principios de este año, ese monto ascendió a 670.000 pesos por mes. Y en los dos últimos meses, el promedio que cobraron las líneas metropolitanas por cada ómnibus en la calle escaló a 820.000 pesos mensuales.
En tanto, otra arista de la compleja carga económica que representan los subsidios se aprecia al desglosar cuánto deberían costar los boletos sin el auxilio estatal. Si se eliminaran por completo, las tarifas de las líneas de la Capital Federal deberían valer 111 y 150 pesos. En el caso de los colectivos del Conurbano habría que pagar entre 90 y 267 pesos. Y en los servicios municipales más alejados de la General Paz, los boletos sin subsidios oscilarían entre 92 y 266 pesos por viaje.
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