Por Antonio Rossi
A 99 días de haberlo creado por medio de un DNU, el presidente Alberto Fernández nombró al frente del nuevo Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (ENCGVN) al actual intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Su desembarco generó un microclima de incertidumbre entre los principales actores portuarios, navieros y agroexportadores del sector, que ven con preocupación su falta de experiencia para ocupar el cargo.
Quienes utilizan la principal vía navegable del país -por donde se movilizan el 80% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores- esperaban que el nuevo presidente del ENCGVN fuera un profesional con experiencia en la materia, tal como lo había prometido el Ministerio de Transporte en agosto pasado. Sin embargo, eso no sucedió.
La aparición en el escenario del intendente de Escobar dejó cierta inquietud. Ahora, el flamante responsable de la Hidrovía tendrá que hacer un curso acelerado de dragado, balizamiento y transporte fluvial para poder arrancar con el pie derecho e implementar las medidas de fondo que tiene asignadas el ente.
Además del copamiento político de los organismos técnicos y específicos, las empresas del sector cuestionan los reiterados cambios de rumbo que ha tomado el Gobierno desde mediados de 2020 con respecto a la operación y control de la Hidrovía.
En agosto de 2020, el Presidente había anunciado la creación de una agencia federal con participación de las provincias para manejar y reelicitar la vía navegable troncal (VNT). Cuatro meses después, se alteraron los planes y entró en juego el Consejo Federal de la Hidrovía, un organismo de carácter consultivo que iba a asesorar a los funcionarios y las funcionarias nacionales en el proceso licitatorio para elegir al nuevo concesionario privado de la hidrovía Paraguay-Paraná. En ese momento, se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria de la Hidrovía con el fin de armar los pliegos y llamar a licitación.
A fines de mayo, desapareció esa unidad ejecutora y sus tareas pasaron a la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables. Al mismo tiempo, el Gobierno avanzó con tres medidas de fondo: le puso fecha de finalización al contrato con la operadora privada Hidrovía SA; designó como nueva concesionaria transitoria a partir de septiembre a la estatal AGP (Administración General de Puertos) y aprobó la creación de un nuevo ente de control y gestión.
Ahora, la principal tarea que tiene en carpeta el organismo de control bajo la conducción de Sujarchuk será la elaboración de los pliegos y el llamado a licitación pública internacional para definir al concesionario privado que deberá hacerse cargo de la hidrovía hasta el 2037.
Ese proceso licitatorio debería estar concluido y adjudicado antes de septiembre de 2022 cuando finaliza, en teoría, la actual concesión transitoria de la hidrovía que tiene a su cargo la estatal AGP (Administración General de Puertos).
Directorio y funciones relevantes
En la conducción del nuevo ente de control, Sujarchuk estará acompañado por un vicepresidente primero elegido por el ministerio de Transporte de Alexis Guerrera; un vicepresidente segundo designado por el Ministerio del Interior a cargo de Eduardo De Pedro, y un vicepresidente tercero puesto por la cartera de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas. A ellos se sumarán siete vocales por cada una de las provincias ribereñas que suscribieron el Acuerdo Federal de la Hidrovía: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
Asentado en Rosario, el ente funcionará como un organismo descentralizado que podrá en el ámbito del derecho público y privado. Contará con una comisión asesora compuesta por ocho miembros que serán designados por las carteras de Seguridad, Agricultura, Obras Públicas, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Relaciones Exteriores. Se completará con los enviados del Consejo Interuniversitario Nacional, las entidades gremiales y las asociaciones de usuarios representativas del sector.
El ENCGVN tendrá su sede operativa inicial en Rosario, todas sus decisiones se resolverán por mayoría y, si lo considera conveniente, podrá habilitar el funcionamiento de delegaciones en otros puntos portuarios de la vía navegable.
Al flamante organismo le asignaron un total de 26 funciones, entre las cuales sobresalen cuatro que son las más significativas:
-Controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y los contratos de concesión aplicando las medidas y sanciones administrativas que correspondan.
-Confeccionar los pliegos de bases y condiciones, llamar a licitación y adjudicar las futuras concesiones del dragado y señalamiento de la vía navegable Paraguay-Paraná hasta 2037.
-Aprobar los procedimientos de aprobación o revisión tarifaria, evaluando las metodologías de cálculo, estudios, análisis y asignación de costos e ingresos que permitan mostrar su razonabilidad y competitividad, con la participación ciudadana correspondiente.
-Resolver las cuestiones que queden pendientes al finalizar la concesión de Hidrovía SA e intervenir en todos los casos de juicios y demandas que resulte necesaria su participación para colaborar con la defensa de los intereses del Estado Nacional.
En cuanto a los peajes, el ente será el encargado de cobrarlos “por cuenta y orden de los futuros concesionarios”. De esa recaudación se tomará el 0,5% para financiar el funcionamiento del organismo, que también contará con los ingresos de las multas que aplique a los concesionarios y las partidas asignadas por el presupuesto nacional.
Nota Editada en LetraP
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