Por Antonio Rossi
Las dos audiencias públicas realizadas a principios de esta semana para tratar la actualización de las facturas de gas dejaron nuevamente a la luz del día la disputa interna que sostienen en forma solapada el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el interventor del Enargas, Federico Bernal, por el alcance de los aumentos tarifarios que se aplicarán durante este año a los hogares y pymes. Como anticipó Letra P en este espacio, la primera consecuencia de ambos foros será una tercera convocatoria, debido al ajuste del precio del fluido que se desprende del encuentro del lunes y que Bernal juzga q merece un análisis aparte.
En medio de la pulseada entre el criterio de la "sostenibilidad fiscal” que levanta la cartera económica y el “acceso a la energía como un derecho social” que plantea la intervención del ente regulador; las distribuidoras y transportadoras de gas ven cada vez más remota la posibilidad de obtener una mejora en los ingresos que resulte acorde a sus necesidades operativas y económicas.
Sin fecha cierta para la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios, la aparición en escena de los primeros bosquejos del proyecto de ley de emergencia de los servicios públicos -que había sido anunciada por el presidente en la apertura de sesiones del Congreso- sumaron otro motivo de preocupación entre las empresas que avizoran una mayor injerencia estatal y nuevas limitaciones operativas hasta el final del mandato de Alberto Fernández.
Ajustes
En la primera de la dos audiencias públicas que nacieron de la disparidad de criterios que existe en la coalición gobernante, la Secretaría de Energía, que comanda Darío Martínez y depende directamente de Guzmán, volvió a plantear que, junto con el aumento para distribución y transporte, resulta necesario aplicar una suba en el componente del gas que pagan los usuarios de entre el 26% y 35% para poder mantener el nivel de subsidios que está previsto en el Presupuesto y no agrandar el déficit fiscal.
En línea con el informe técnico difundido a principios de marzo, los funcionarios de Energía destacaron que actualmente el Estado cubre alrededor del 60% del valor total del gas necesario para satisfacer la demanda prioritaria y que mantener esa situación inalterable implica un costo fiscal anualizado de 132.963 millones de pesos. Como los subsidios previstos en el Presupuesto alcanzan solo a 76.875 millones de pesos, existe una diferencia de 56.087 millones de pesos que, en caso de no ser cubierta por los usuarios, deberá ser atendida “con mayores ingresos fiscales o con una reestructuración presupuestaria que derive fondos asignados a otras erogaciones”.
Para no llegar a esa situación que alteraría el presupuesto y la reducción del déficit fiscal prevista por Guzmán, el área de Martínez calculó que el precio del gas a cargo de los usuarios debería trepar un 63%, lo cual implicaría un ajuste final en las facturas de entre el 26% y 35%.
Esos porcentajes de aumentos estarían destinados a cubrir alrededor del 65% del precio del gas que el Gobierno les garantizó a las productoras en el marco del Plan 2020-2024. Sin embargo, contrastan abiertamente con la posición de Bernal, para quien la actualización tarifaria debería ubicarse entre el 7% y el 9% y destinarse en su totalidad a mejorar los ingresos de las distribuidoras y transportadoras.
Derechos
En la segunda audiencia de la semana, convocada por el Enargas para tratar el “descongelamiento transitorio” de los ingresos de las distribuidoras y transportadoras, Bernal atacó duramente el criterio fiscal y económico que utiliza Guzmán para definir los aumentos tarifarios.
Con una disertación de apertura que tuvo por momentos un tinte académico y otros pasajes de barricada militante, Bernal sostuvo que el acceso a la energía es “un derecho social equiparable a la salud y la educación” y que a los “usuarios y usuarias se les deben garantizar tarifas justas, razonables y asequibles”, desentendiéndose por completo de las inversiones y los costos económicos que se tienen que afrontar para la prestación del servicio.
El interventor –que expresa las posiciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- destacó que “la política de subsidios energéticos no es competencia del Enargas” y que a la hora de definir las tarifas de los servicios públicos “debe prevalecer el interés público y los derechos de las personas por sobre la rentabilidad de las empresas”.
Por su parte, las gasíferas cumplieron con las formas y llevaron a la audiencia solicitudes de aumentos que fueron desechadas de antemano por Bernal.
Tras dejar asentado que por los contratos vigentes del anterior gobierno tendrían que recibir un ajuste del 128% al 148%; tanto las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Gasnea, Gas Pampeana, Gas del Sur, Gasnor, Litoral Gas, Gas Cuyana y Gas del Centro), como las transportadoras (TGN y TGS) presentaron distintas “propuestas de transición” que contienen subas en sus ingresos del 50% a 58% y que trasladadas a las facturas de los usuarios representan un impacto superior al 15%.
Demoras y alerta
Más allá de que ya saben que los aumentos en juego estarán lejos de sus aspiraciones, las gasíferas aún no tienen en claro a partir de cuándo comenzaron a correr los nuevos cuadros tarifarios.
Según el decreto 1020/20, el “régimen tarifario de transición” del servicio de gas debía entrar en vigencia a mediados de marzo. Como las audiencias se demoraron, y resta casi un mes más hasta que se terminen los informes finales y se aprueben las resoluciones, los ajustes comenzarían a correr desde mayo. Eso siempre y cuando Bernal no decida convocar a una tercera audiencia para tratar cómo se traslada a los usuarios el eventual incremento en el precio del gas que dispongan los funcionarios de Energía.
En medio de este escenario, un borrador del proyecto de ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y desdolarizar las tarifas puso en alerta a las privatizadas.
Es por la inclusión de tres modificaciones clave impulsadas por los referentes kirchneristas que buscan ampliar el protagonismo estatal. Se trata de la extensión del estado de emergencia hasta diciembre de 2023, la anulación sin posibilidad de reclamos de las RTI (Revisión Tarifaria Integral) aprobadas durante la gestión macrista y la creación de un fondo específico para que el Gobierno licite y contrate obras de mantenimiento y de nuevas conexiones con los municipios y cooperativas.
Nota Editada en Letra P
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