Por Antonio Rossi
Tras haber estado en la mira del kirchnerismo, Emepa, la compañía del empresario radical Gabriel Romero, logró revalidar sus pergaminos en el ámbito de la hidrovía y está a solo un paso de llevarse como premio el nuevo contrato de balizamiento de la vía navegable troncal (VTN) Paraguay-Paraná.
En la “licitación corta” del sistema de señalamiento de la hidrovía que lleva adelante la concesionaria estatal Administración General de Puertos (AGP), Emepa presentó la oferta más baja, que la posiciona como la virtual adjudicataria del contrato en juego.
A menos que se cruce una decisión política en contra, la empresa de Romero seguirá al frente de los trabajos de balizamiento, en principio, hasta setiembre de 2022, con la posibilidad de continuar más allá de esa fecha si el Gobierno no logra concluir a tiempo la varias veces prometida “licitación internacional” de donde tiene que salir el futuro concesionario privado que operará la hidrovía por un período de 15 años.
Luego de varios meses de idas y vueltas y una breve prórroga dispuesta en mayo pasado, la administración de Alberto Fernández decidió dar por terminada la concesión del principal corredor navegable del país que desde 1995 había estado en manos de Hidrovía SA, la sociedad integrada por Emepa y el grupo belga Jan de Nul. Tras ponerle punto final a ese contrato, el Gobierno le otorgó la “concesión temporaria” de la hidrovía a la AGP por un plazo de 12 meses que empezó a correr desde el 11 de setiembre junto con la recaudación estatal de los peajes.
Sin dragas ni equipos propios y sin tiempo para llamar a una licitación antes de asumir su nuevo rol de “concesionario transitorio”, el organismo portuario resolvió mantener en pie las empresas que conformaban la operadora saliente. Lo hizo por medio de dos contratos directos por el término de 90 días hábiles firmados con Emepa y la Compañía Sudamericana de Dragados (CSD), la filial local de Jan de Nul.
Para remplazar esos contratos que expiran a mediados de enero, la AGP que comanda el santacruceño José Beni puso en marcha dos “licitaciones cortas” para elegir a las operadoras temporarias que se harán cargo del dragado y balizamiento de la hidrovía entre febrero y setiembre de 2022.
En la convocatoria correspondiente a los trabajos de balizamiento, se presentaron dos ofertas que estuvieron por debajo de la cotización básica oficial establecida en 15.834.760 dólares más IVA.
La de Emepa fue la mejor oferta con 13.522.671 dólares más IVA, un 15% por debajo de la valuación oficial. En tanto, la oferta de la segunda competidora integrada por Pentamar y Sade Electromecánica se ubicó en 15.182.238 dólares más IVA.
De no mediar contratiempos o alguna inconsistencia en la oferta presentada, los funcionarios de la AGP estarían en condiciones de adjudicarle el nuevo contrato de balizamiento a Emepa en la segunda semana de enero.
Apuesta fuerte y silenciosa
Tras las elecciones de 2019 ganadas por el Frente de Todos, el dueño de Emepa había quedado en la lista negra de las huestes kirchneristas por haber declarado en la denominada Causa de los Cuadernos el pago de un soborno de U$S600.000 por el decreto 113/2010, por el cual el gobierno de Cristina Kirchner le había extendido la concesión a Hidrovía SA.
Con un perfil superbajo y sin entrar en polémicas mediáticas, la conducción de Emepa se movió en silencio para seguir en el negocio de las vías navegables luego de la extinción del contrato de Hidrovía SA.
Además de asegurar su permanencia en el rubro de balizamiento, Emepa también ha apostado fuerte para quedarse con la “licitación corta” de las obras de dragado de la hidrovía que tiene en curso la AGP.
Asociada con Rhode Nielsen, la empresa danesa que por facturación ocupa el quinto puesto entre las principales dragadoras a nivel mundial, Emepa integra uno de los cuatro grupos que pugnan por el contrato temporario de dragado, cuya valuación oficial asciende a 97 millones de dólares.
En esa liza compite con su exsocia Jan de Nul, la holandesa Boskalis y el grupo conformado por la empresa belga Dredging International, la china CCCC Shangai Dredging y la local Servimagnus.
Tras recibir la semana pasada los antecedentes técnicos y económicos de las cuatro firmas interesadas, ahora la AGP tiene que evaluar y definir quiénes cumplen con las exigencias del pliego y pasan a la instancia clave de apertura de los sobres económicos. Ahí ganará directamente el que tenga la oferta más baja y esa definición no debería demorarse más allá de tercera semana de enero.
Nota Editada en LetraP
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