Por Antonio Rossi
En los pasillos de Vialidad Nacional y el ministerio de Obras Públicas aseguran que no fue algo premeditado y que salieron a la luz ahora porque se cumplieron los pasos administrativos que estaban pendientes. Sin embargo, en la provincia de Entre Ríos son pocas las personas que dan por buena esa versión oficial y creen, en cambio, que la movida tiene un claro tinte electoral que apunta a tratar de mejorar las chances de Enrique Cresto, el candidato del Frente de Todos que sufrió una dura derrota en las PASO.
Con el visto bueno del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, firmó en la última semana un paquete de nueve resoluciones con fuertes sanciones económicas a la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), la concesionaria de los puentes Zárate-Brazo Largo y Rosario-Victoria y las rutas nacionales 12 y 14 que conforman la Autovía del Mercosur.
La empresa vial fue penalizada con una serie de multas que trepan a casi 100 millones de pesos por la falta de mantenimiento y el mal estado de las principales rutas de la provincia que están concesionadas desde la década del 90 bajo el régimen de peaje.
Desde hace varios años y pese a contar con dos carriles en ambos sentidos en la mayor parte de su extensión, la autovía del Mercosur es tristemente conocida por la gran cantidad de accidentes fatales que se registran periódicamente. La elevada tasa de siniestralidad que presenta ese corredor vial es motivo permanente de quejas y reclamos de los y las automovilistas de Entre Ríos a las autoridades provinciales y nacionales.
Tanto las autoridades regionales de Vialidad, como el funcionariado de la administración provincial encabezada por Gustavo Bordet vienen pidiendo desde hace varios meses a las autoridades nacionales de Obras Públicas y Vialidad una solución de fondo para mejorar el estado de las rutas y reducir los accidentes.
Congreso varios pedidos de informes y proyectos de ley para declarar la “emergencia vial” en la autovía del Mercosur con “el fin de disponer de manera urgente los recursos humanos, materiales y presupuestarios que resulten necesarios para paliar las graves deficiencias del corredor vial”.
Hasta mediados de año el gobierno nacional mantuvo una situación expectante y más bien contemplativa con el desempeño de CRUSA. Le había aplicado solamente tres multas atrasadas por 15 millones de pesos. Ese tratamiento cambió drásticamente luego del marcado traspié electoral que cosechó en setiembre la lista del oficialismo entrerriano encabezada por Cresto a manos del espacio opositor de Juntos por Entre Ríos, franquicia local de Juntos por el Cambio liderada por el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien obtuvo casi el 50% de los votos.
Tras tomar nota de reclamos y cuestionamientos de quienes usan la autovía, el organismo vial conducido por Arrieta aceleró las sanciones que estaban en trámite desde 2016 por el mal estado de las calzadas, la falta de mantenimiento, banquinas deterioradas, pastos sin cortar, fisuras en pavimentos y ausencia de señales demarcatorias.
Las omisiones contractuales más relevantes –según las inspecciones de Vialidad– se registraron en la falta de cumplimiento de los dos parámetros técnicos que miden el estado de los pavimentos y las calzadas: el ISP (Índice de Serviciabilidad Presente) y el IE (Índice de Estado Característico).
Hasta ahora, la empresa CRUSA es la única operadora privada de rutas nacionales que se mantiene en pie. Está integrada por seis constructoras: CODI, Coneviar, Parenti Mai, Eaca, Welbers Insua y Babic. Tiene a su cargo desde 1993 el mantenimiento vial y el cobro de los peajes en el enlace Zárate-Brazo Largo y en las estaciones de las rutas 12 y 14 Piedritas (Concordia), Yerúa (Colón) y Colonia Elías (Gualeguaychú). En 2014 agrandó su campo de acción sumando la administración y conservación del puente y la conexión vial Rosario-Victoria.
Estuvo varias veces en la mira y muy cerca de que le rescindan el contrato por incumplimientos y atrasos en las obras. Si bien la concesión expira a fines de 2023, no se descarta que la administración de Alberto Fernández opte por adelantar esa fecha de salida para transferir la principal conexión terrestre del Mercosur a la empresa estatal Corredores Viales (CV).
Peajes con monopolio estatal
Creada en la administración macrista por el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich, Corredores Viales logró convertirse en los últimos dos años en una operadora clave en el negocio de los peajes. Bajo la figura de una sociedad anónima que tiene como accionistas al Ministerio de Obras Públicas (51%) y a Vialidad (49%), la empresa piloteada por Gonzalo Atanasof se hizo cargo de todas las concesiones que venían de la época menemista y de los fallidos PPP heredados de la gestión de Mauricio Macri.
Desde su nacimiento, la empresa recibió fuertes cuestionamientos internos de la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad por las funciones superpuestas que tiene con el organismo vial y sus elevados costos operativos y salariales.
En los últimos días, el plantel técnico de Vialidad volvió a la carga contra CV. En una nota dirigida a Arrieta, planteó su “profunda desazón” por las reiteradas trasferencias de fondos a esa empresa que no puede cubrir sus costos operativos, mientras el 60% de la red troncal nacional se encuentra muy deteriorada y con un Índice de Estado por debajo de lo aceptable.
Nota Editada en LetraP
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