Por Antonio Rossi
En la nebulosa desde hace más de siete años, la licitación de la central hidroeléctrica Chihuido vuelve a estar en el candelero con la reedición de la vieja disputa que mantienen por la adjudicación de las obras la dupla integrada por las constructoras Helport del grupo Eurnekian y Panedile versus CPC, perteneciente al hólding de Cristóbal López, y Rovella Carranza.
La pulseada por el contrato de la represa neuquina, que supera los 2.000 millones de dólares, pone a la administración de Alberto Fernández en una situación incómoda porque no podrá seguir dilatando en el tiempo una definición que tiene como protagonistas económicos relevantes a los gobiernos que encabezan la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de China, Xi Jinping.
Con una potencia proyectada que equivale a la mitad de El Chocón, la usina de Chihuido había sido licitada en 2014 por el entonces ministerio de Planificación Federal comandado por Julio De Vido y la ex Secretaría de Obras Públicas, de José Francisco López. El pliego de bases y condiciones establecía que, junto con la cotización de las obras y el equipamiento, los grupos oferentes tenían que arrimar un esquema de financiamiento por el 85% del total del contrato.
La pelea licitatoria se dio entre cuatro consorcios y, en diciembre de 2014, los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dieron como ganador al grupo integrado por Helport, Panedile, Isolux, Chediack, Eleprint e Hidroeléctrica Ameghino. La oferta elegida tenía como proveedoras de las turbinas a las compañías rusas Inter Rao y Power Machines, con un financiamiento a cargo del Vnesheconombanak, el Banco de Desarrollo y Comercio Exterior de Rusia.
En tanto, el segundo lugar de la grilla de las ofertas más económicas y convenientes correspondió al consorcio compuesto por CPC, Rovella Carranza, Holdec y Power China.
Pasaron cosas
En medio de las elecciones de 2015 y con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, al consorcio liderado por Helport-Panedile se le venció el plazo inicial que tenía previsto para traer la asistencia crediticia de Rusia. Tras un intento de negociación directa de Macri con su par ruso Vladimir Putin que no llegó a buen puerto, el gobierno de Cambiemos adoptó una polémica salida: en vez de dar de baja la licitación o convocar al grupo que había quedado segundo, le permitió a Helport-Panedile buscar otra alternativa de financiamiento.
Así entró en escena la tecnológica alemana Voith Hydro, una vieja conocida en el país por haber sido la proveedora de la mitad de las turbinas que están instaladas en la central hidroeléctrica de Yacyretá. Con el respaldo de Merkel, la Voith llegó a un acuerdo con el grupo adjudicatario de Chihuido para hacer las obras con un préstamo sindicado de 1.950 millones de dólares que iban a a aportar los bancos Santander, ING, Bayerische Landesbank y Landesbank BadenWurttemberg (LBBW). El financiamiento a 20 años de plazo y un período de gracia de cinco años estaba garantizado por la agencia alemana de crédito a la exportación. Cuando a mediados de 2018 estaba a punto de concretarse el acuerdo definitivo, estalló la crisis económica que llevó a Macri a buscar la ayuda del FMI y a suspender la firma de ese endeudamiento que iba a impactar en las cuenta fiscales.
Contragolpe
Luego de estar más de dos años congelado, en setiembre pasado Fernández decidió reflotar el proyecto con la inclusión en el Presupuesto de 2021 de un crédito a tomar por 1.800 millones de dólares y un otorgamiento de garantías para las obras de 450 millones de dólares.
Tras tomar nota de esa novedad, el que salió a la cancha fue el consorcio de CPC-Rovella con una movida que apuntó a mostrar las ventajas del financiamiento aportado por Power China y a dejar fuera de carrera al grupo que lideran Eurnekian y el titular de Panedile, Hugo Dragonetti, a quien sus colegas en el sector le atribuyen una estrecha relación con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
A fines de octubre, por medio de una nota firmada por el apoderado de la empresa china, Tu Shuiping, el grupo encabezado por Cristóbal López le planteó al Gobierno que ya estaban largamente vencidos los plazos que tenía el consorcio de Eurnekian para concretar la asistencia financiera y firmar el contrato de inicio de obras. En esa misiva enviada a la Presidencia y al ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Katopodis, el grupo destacó que el financiamiento del gobierno chino se encuentra “vigente y en condiciones de ser estructurado” cuando lo dispongan las autoridades.
La ofensiva de CPC-Power China se vio reforzada la semana pasada con una nueva y dura nota de 18 páginas remitida a Katopodis y al secretario de Energía, Darío Martínez. En esa presentación, que habría contado con cierto guiño de referentes del Instituto Patria que no vieron con agrado la prórroga anticipada hasta 2038 de la concesión de Aeropuertos que Fernández le otorgó por decreto a Eurnekian en medio de la pandemia, el consorcio denunció dos hechos salientes.
Por un lado, que la oferta seleccionada en primer lugar contenía varias “inconsistencias técnicas y alteraciones flagrantes” que fueron detectadas oportunamente en el dictamen de la Unidad Técnica de la Unidad Técnica Mixta de Evaluación y Seguimiento (UTMES). Y, por otra parte, que el financiamiento alemán resulta mucho más gravoso que el previsto de China porque “se encontraría supeditado a la evolución de determinadas variables de la macroeconomía nacional”. Esas variables serían tener un acuerdo vigente con el FMI, estar al día con pago de la deuda con el Club de París y contar con una tasa razonable de Riesgo País.
Con esos argumentos, la constructora de López y Power China le reclamaron al Gobierno que “revise” el proceso licitatorio en curso y disponga las medidas necesarias para “asegurar el estricto imperio de la legalidad y del principio de igualdad de los postulantes con el fin de que no se adopten decisiones perjudiciales para las cuentas públicas y los intereses sociales”.
Los ruidos por Chihuido prometen trasladarse en los próximos días al exterior, obligando tanto al ministro de Economía, Martín Guzmán, como al Presidente a dar alguna señal sobre qué piensa hacer el Gobierno. Guzmán arrancará su próxima gira oficial por Europa el 12 de abril en Berlín, donde se verá con las autoridades económicas germanas para tratar la deuda con el Club de París y las inversiones alemanas en el país, entre ellas la demorada represa. En tanto, Fernández tiene previsto, si la crisis sanitaria del coronavirus lo permite, viajar a China a mediados de mayo para avanzar con varios acuerdos económicos y proyectos de infraestructura que la administración de Xi tiene en la mira y entre los cuales figura la hidroeléctrica neuquina.
Nota Editada en LetraP
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