Por Antonio Rossi
En medio de una creciente preocupación por el avance inflacionario registrado en diciembre y en los primeros días de 2021, el Gobierno se apresta a llamar a audiencias públicas para definir las nuevas tarifas de transición que regirán desde mediados de marzo para los servicios de energía eléctrica y gas por redes.
Se trata de las primeras audiencias públicas por ajustes tarifarios que convocará la administración de Alberto Fernández en un escenario donde predominan más las incógnitas que las certezas.
La convocatoria oficial, que saldrá a la calle entre lunes y martes, fijará para la segunda semana de febrero las fechas de realización de las audiencias que serán llevadas adelante por el ENRE y el Enargas, los órganos de control que se encuentran intervenidos bajo las batutas de los camporistas Soledad Manín y Federico Bernal.
En las audiencias, que se desarrollarán en forma virtual, se tratarán los incrementos para las distribuidoras y transportadoras de gas y electricidad en el marco del nuevo “Régimen Tarifario de Transición”, que entrará en vigencia en la última quincena de marzo, de acuerdo con lo establecido en el DNU 1020 de diciembre pasado.
En el caso del servicio de gas, las actualizaciones tarifarias en juego corresponden a las transportadores TGN y TGS y a las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnea, Camuzzi (Sur y Pampeana), Gasnor, Litoral Gas y Ecogas.
En tanto, por el lado del suministro eléctrico, las empresas involucradas son las distribuidoras de la región metropolitana, Edenor y Edesur, y las operadoras de las redes de transmisión Transener, Transnoa, Transnea, Transba, Transpa, Distrocuyo, Litsa, Transcomahue, Yacylec y Enecor.
A fines de octubre, el secretario de Energía, Darío Martínez, les había anticipado a las gasíferas y a las eléctricas que los aumentos tarifarios para 2021 año iban a promediar el 29%, en línea con la inflación anual prevista en el Presupuesto elaborado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Según la promesa inicial de Martínez, esos ajustes iban a instrumentarse a partir de enero en forma segmentada teniendo en cuenta los niveles de consumo y el poder adquisitivo de los usuarios residenciales.
Los primeros bosquejos de aumentos perfilaban un escenario compuesto de la siguiente manera: tarifa social ampliada y subas mínimas para el 30% de los hogares de bajos recursos; alzas del 29% para el 40% de los usuarios de ingresos medios y actualizaciones superiores al 50% para el 30% restante de los clientes hogareños de ingresos altos y consumos más elevados.
Ese esquema tarifario quedó bloqueado luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner saliera a plantear publicamente que el Gobierno tenía que “alinear las jubilaciones y salarios con los precios de los alimentos y las tarifas”.
Recalculando
Tras esa bajada de línea, la Casa Rosada “recalculó” el camino y por medio del DNU 1020 adoptó cuatro medidas relevantes: extendió el congelamiento tarifario por 90 días, habilitó la aplicación de aumentos transitorios desde mediados de marzo, fijó dos años de plazo para definir una nueva “revisión tarifaria integral” (RTI) y prolongó las intervenciones de los entes reguladores hasta diciembre de 2022.
De cara al nuevo régimen tarifario de transición, tanto desde los organismos de control como desde el Instituto Patria salieron al ruedo diversos planteos que coinciden en establecer un tope de aumento que no supere el 10%.
Aunque todavía no lo hayan confirmado oficialmente, todo indicaría que las autoridades de Energía van a terminar adoptando la postura de un ajuste transitorio del orden del 9% anual.
Por la falta de tiempo para concluir los estudios y para evitar reclamos y protestas por posibles errores en la instrumentación, en esta ocasión la Secretaría de Energía podría dejar de lado la tan anunciada “segmentación tarifaria”.
En su lugar, optarían por impulsar para este año un aumento uniforme para todos los niveles de consumo que dejaría al margen a los beneficiarios de la tarifa social.
En principio, los incrementos finales que afrontaría el público usuario no incluirían ninguna porción destinada a las generadoras eléctricas ni a las productoras de gas.
La idea que maneja Martínez es mantener sin cambios hasta después de las elecciones de octubre el precio mayorista de la energía eléctrica y cubrir los mayores costos de combustibles con subsidios. De esa manera, el ajuste tarifario que salga aprobado irá íntegramente a los bolsillos de las distribuidoras y transportistas.
En el caso del gas, la intención es que la entrada en vigencia de los nuevos precios surgidos del Plan Gas 2020-2024 no se impacten, por ahora, en las boletas finales. La gente seguirá pagando el mismo valor del gas que rige desde mediados de 2019 y que equivale, a los valores oficiales actuales, a 2,20 dólares por MMBTU. La diferencia entre ese valor y los nuevos precios reconocidos a las petroleras, que promedian los 3,50 dólares, serán cubiertos con subsidios directos del Estado. Al igual que en el sector eléctrico, el aumento transitorio que correrá desde marzo quedaría en su totalidad en poder de las distribuidoras y transportadoras.
Reclamo eléctrico
Enteradas de que el aumento no superaría el 10%, las distribuidoras eléctricas nucleadas en ADEERA salieron a hacer lobby con un documento conjunto donde plantean que se encuentran "en estado de preocupación frente a la extensión del congelamiento tarifario, en un contexto con una inflación acumulada del 80 %, de la cual el servicio eléctrico no es responsable pero que sí impacta directamente en los aumentos de los costos operativos”.
Las distribuidoras advirtieron que necesitan “pautas más precisas para trabajar en un marco estable” y que “la situación macroeconómica define el futuro del sector, que no espera solamente una recomposición tarifaria sino un escenario de certidumbre para poder planificar el futuro del servicio eléctrico”.
Más allá de las críticas y reclamos al Gobierno, el documento de ADEERA tuvo dos perlitas que llamaron la atención. Por un lado, la brevísima mención de la millonaria deuda que mantienen las distribuidoras con Cammesa, que ya supera los 140.000 millones de pesos y va camino a ser condonada, en su mayor parte, por la Secretaría de Energía en función de la ayuda al sector que dispuso la ley de Presupuesto 2021.
Por otro lado, la aparición entre las firmantes de las distribuidoras estatales de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Catamarca, Neuquén y La Pampa. Estas empresas avalaron los cuestionamientos a las autoridades nacionales pese a que todas ellas dependen de sus respectivos gobiernos provinciales, que son los que tienen que autorizar los aumentos tarifarios.
Nota Editada en Letra P
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