Por Antonio Rossi
El conflicto planteado en el puerto de Buenos Aires por las concesiones de las terminales privadas sigue subiendo de tono y acumula nuevas complicaciones para el ministerio de Transporte en medio de un insólito planteo gremial que reclama el pago de una “gratificación extraordinaria” de 350.000 pesos.
La disputa contractual, que ya se ha judicializado, tiene como protagonistas a las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP), a las operadoras de las terminales TRP, APM y Bactssa y a los sindicatos del sector que integran la Federación Marítima y Portuaria (FeMPINRA).
A principios de mayo y dando por hecho que a mediados de ese mes iba a expirar el contrato de Bactssa, la concesionaria de la terminal 5 que controla el grupo asiático Hutchinson Ports, la AGP procedió a reconfigurar el funcionamiento del puerto capitalino y prorrogar hasta 2024 las concesiones de las otras dos empresas que quedaron en pie: APM, la adjudicataria de la terminal 4 del danés Maersk, y TRP, la operadora de las terminales 1, 2 y 3 que maneja el holding estatal de Emiratos Árabes, Dubai Ports Word, asociado con el grupo local Román.
Pese a que TRP y APM tenían sus contratos prorrogados hasta mayo de 2022, la AGP decidió un año antes de esa fecha volver a extender las concesiones hasta el 31 de mayo de 2024 a modo de “compensación” por los trabajadores y los servicios de Bactssa que iban a absorber esas dos concesionarias.
Por medio de actas acuerdos suscriptas por los directivos de TRP y APM, el organismo portuario conducido por el santacruceño José Beni justificó la medida con el argumento de que “resulta oportuno consolidar un esquema operativo de dos concesionarios que traiga consigo una solución inmediata no solo al desarrollo comercial del puerto de Buenos Aires, sino también a la conservación de las fuentes laborales para luego culminar con una nueva licitación tendiente a adjudicar dos terminales de servicios por un término inicial de 10 años”.
Según lo establecido en esas actas acuerdos, todos los trabajadores de Bactssa que pasaban a formar parte de los planteles de TRP y APM iban a embolsar “una gratificación extraordinaria por traspaso de 350.000 pesos en doce pagos mensuales, iguales y consecutivos”.
Las prórrogas de las concesiones y la reubicación de los empleados quedaron congeladas por un fallo judicial favorable que obtuvo Bactssa sobre la hora de la expiración de su contrato.
A diferencia de sus colegas TRP y APM, cuyos contratos habían sido ampliados hasta mediados de 2022, la concesión de la terminal 5 se extendía solo hasta mayo de este año. En setiembre pasado, Bactssa había hecho una presentación judicial solicitando que se le otorgue una prórroga hasta 2022 para quedar en igualdad de condiciones que las otras concesionarias.
Tras haber sido denegado por el juez federal contencioso administrativo, Enrique Alonso Regueira, la empresa apeló el fallo y, dos días antes de que venza la concesión, obtuvo un amparo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que le permite seguir en actividad por un plazo inicial de seis meses, mientras se resuelve la cuestión de fondo vinculada con la igualación de las prórrogas.
Los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti (este último en disidencia) revocaron la sentencia de primera instancia y le ordenaron a la AGP que “suspenda” la celebración del inventario y constatación del estado de obras de la concesión y “se abstenga de imponerle a Bactssa cualquier medida o sanción estipulada en el contrato de concesión o en los respectivos pliegos o normas complementarias, por la suspensión referida”.
Luego de tomarse unos días para reconocer los alcances de la cautelar, la AGP y la cartera de Transporte comandada por el massista Alexis Guerrera apostaron a que Bactssa no iba a poder afrontar los costos judiciales, los sueldos de sus empleados inactivos y la tasa mensual que debe pagarle al Estado cada concesionaria del puerto capitalino.
Para sorpresa de los funcionarios, la casa matriz de Hutchinson Ports giró los fondos necesarios para que Bactssa haga frente a sus obligaciones y resista la pulseada con el Gobierno. Además de liquidar los salarios, la empresa cubrió los 15 millones de pesos de la contracautela exigida por la Cámara y abonó los 20,5 millones de pesos de la “tasa al concesionario” facturada por AGP.
Ahora la operadora de la terminal 5 está a la espera de recibir la rehabilitación de los permisos que habían sido dados por caídos por la Aduana y Prefectura para volver a operar con las líneas navieras.
Bonazo
Pese a que la salida de Bactssa quedó frenada por la Justicia y el personal de la empresa no pasó a las otras concesionarias, los gremios del sector igual salieron a reclamar el cobro del “bono extraordinario” que se había estipulado para el traspaso de los empleados.
La FeMPINRA que conduce Juan Carlos Schmid remitió una nota a la empresa en la cual solicita “el pago de una gratificación de carácter extraordinario y por única vez que obedece a estrictas razones de equidad y persigue el aseguramiento de un adecuado equilibrio de las condiciones de trabajo en el puerto de Buenos Aires”.
Tras destacar que “realizan una actividad permanente en circunstancias generales de emergencia sanitaria nacional y bajo circunstancias particularmente adversas”, el conglomerado de sindicatos marítimos y portuarios exigió el pago de una gratificación equivalente a 350.000 pesos para el personal propio y contratado de la terminal 5.
Tanto los funcionarios de Transporte, como los directivos de Bactssa coinciden en señalar que la movida gremial no tiene chances de prosperar y que solo ha venido a añadir más ruidos y escollos a un problema que se perfila para largo.
Nota Editada en LetraP
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