Por Antonio Rossi
Como la grieta registrada que separa las posiciones políticas, las impresiones que dejó la reunión entre quienes timonean las empresas gasíferas estuvieron divididas. En algunos casos creyeron ver un promisorio cambio de rumbo hacia un escenario de mayor pragmatismo. En cambio, en otros se fueron con la idea de que se trata de una nueva ronda de promesas para ganar algo de tiempo y calmar transitoriamente las aguas.
Cuando aún resonaban los ecos de las elecciones legislativas y avanzaba la insólita interpretación de que el oficialismo había salido victorioso, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, se juntó la semana pasada con las distribuidoras y transportadoras de gas para analizar el panorama que se viene en los próximos meses y trazar la hoja de ruta que prevé seguir el Gobierno para definir los futuros aumentos de tarifas.
La reunión, de carácter reservado, se realizó en un lugar “neutral” del Gran Buenos Aires y alejado de las oficinas del ente y de la sede institucional de las gasíferas. Asistieron Bernal y el gerente general del Enargas, Osvaldo Pitrau, y los principales ejecutivos de Metrogas, Naturgy, Gasnor, Litoral Gas, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi del Sur, TGN y TGS.
Si bien no pudieron obtener mayores precisiones sobre las dos cuestiones políticas clave que desvelan al sector empresario por estas horas, como son el contenido del acuerdo con el FMI y la postura que adoptará la vicepresidenta Cristina Kirchner, quienes comandan las gasíferas recibieron varias señales concretas de Bernal sobre los pasos que se vienen a partir de 2022.
El calendario esbozado por el interventor gasífero y segundo vocal del Instituto Patria contempla la puesta en marcha de un plan de blanqueo de titularidad del servicio en enero, la convocatoria a audiencias públicas, en febrero, y la entrada en vigencia de nuevas tarifas, en abril.
Con el fin de avanzar con la varias veces prometida “segmentación tarifaria” que permitiría reducir el lastre creciente que representa el pago de subsidios, el Enargas se apresta a lanzar un operativo de “actualización masiva” para que usuarios y usuarias residenciales se pongan al día con la titularidad de los servicios.
El mecanismo va en línea con el dispuesto por la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que comanda la camporista Soledad Manín para quienes son clientes de Edenor y Edesur. Arrancaría en los primeros días de enero y se extendería por un plazo de dos meses. El área técnica del Enargas ya adelantó parte del trabajo e identificó a todas las personas fallecidas que aún figuran como titulares del servicio.
Con respecto a las audiencias públicas para tratar previamente los alcances de los aumentos de tarifas en juego, funcionarios del ente regulador indicaron que, en principio, se estarían convocando para la primera quincena de febrero. Salvo un cambio de último momento, las audiencias para distribuidoras y transportadoras se concentrarían, al igual que las realizadas en marzo de este año, todas en un solo llamado y se desarrollarían de manera virtual.
En cuanto a los incrementos tarifarios que aprobaría la administración de Alberto Fernández, el interventor del Enargas les marcó a los empresarios tres puntos salientes: corresponderán solamente a los “valores agregados” de distribución y transporte, correrán a partir de abril y, según los porcentajes finales que se aprueben, las subas se podrían aplicar en dos veces en lo que reste del año.
Incógnita por el precio del gas
La afirmación de Bernal de que se focalizará únicamente en los aumentos destinados a mejorar los ingresos de distribuidoras y transportadoras promete reflotar la disputa interna planteada a principios de este año por la actualización del valor del gas entre la conducción del Enargas y el tándem conformado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez.
El intento de Guzmán de trasladar a los usuarios y usuarias un aumento del 26% al 35% en el precio del gas para recortar los subsidios chocó con la resistencia del Instituto Patria y de Bernal, quien se negó públicamente a autorizar el ajuste tarifario que estaba destinado a las productoras de gas.
Con respecto a los futuros aumentos, las gasíferas plantearon que, como mínimo, deberían seguir la inflación y los mayores costos acumulados desde el último ajuste aplicado en junio. Si bien no mencionó porcentajes, Bernal dio a entender que el Gobierno no tiene en mente una actualización tarifaria elevada.
De todos modos, la confirmación de que las tarifas van a aumentar en abril dejó a las gasíferas más aliviadas y con una preocupación menos sobre la voluntad oficial de cumplir con los convenios firmados.
Para poder cobrar el incremento final del 7 % promedio que les autorizaron este año, las distribuidoras tuvieron que firmar un “acuerdo transitorio de renegociación” con el titular del ente y el ministro Guzmán, donde se estableció que suspendían las acciones judiciales en curso contra el Gobierno y seguían prestando el servicio “en condiciones de calidad y seguridad” sin distribuir dividendos. A cambio de eso, el Enargas les quitó la obligación de ejecutar nuevas inversiones para extender las redes y se comprometió a recalcular las tarifas transitorias para el cuarto mes de 2022.
A diferencia de lo que ocurrió este año, las transportadoras —según las promesas de Bernal— van a poder a contar ahora con un aumento tarifario que mejore sus ingresos regulados. Tras haber reclamado en marzo ajustes que oscilaban entre el 58 y 70%, tanto TGN (controlada por Techint y el Grupo Eurnekian), como TGS (manejada por Marcelo Mindlin y el grupo GIP de las familias Sielecki y Safra) se quedaron con las manos vacías. El Enargas les negó una actualización de sus tarifas reguladas con el argumento de que no eran deficitarias, habían distribuido dividendos en los últimos tres años y tenían en sus cajas fondos suficientes para afrontar los pasivos y deudas comerciales sin complicaciones operativas.
Nota Editada en LetraP
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