Por Antonio Rossi
Tras la aprobación a principios de mayo de un ajuste promedio del 9% en las boletas domiciliarias para Edenor y Edesur, los nuevos cuadros tarifarios de transición que reclaman las transportistas eléctricas todavía no vieron la luz, entrampados en las esquirlas de la interna oficial que pegó fuerte en el Ministerio de Economía a raíz del freno a un aumento de dos dígitos para las distribuidoras, como impulsaba el ministro Martín Guzmán, y de la imposibilidad del titular de Hacienda de lograr remover de su cargo al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.
Si bien el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que comanda Soledad Manín, ya tomó la decisión de fondo de conceder un ajuste acotado solo para dos de las ocho transportistas eléctricas que están bajo la órbita nacional, aún siguen sin aparecer las resoluciones que convaliden los valores tarifarios que regirán hasta las renegociaciones integrales previstas para el próximo año. Los expedientes están a la firma del ministro Guzmán, pero no fueron rubricados, lo que deja en el aire la puesta en vigencia del aumento concedido como de la negativa a las otras seis compañías.
A diferencia de los ingresos de las distribuidoras eléctricas, que explican el 35% de la factura residencial, las remuneraciones de las transportistas tienen una incidencia mínima que oscila entre el 1,9% y 2,1% del valor total del servicio que pagan los consumidores. En las audiencias públicas realizadas el 29 de marzo, Transener (la compañía más grande del sector) y las transportistas regionales Transba, Distrocuyo, Transnoa, Transnea, Epen, Transpa y Transco solicitaron actualizar sus ingresos entre 60% y 80% hasta fines de 2022. Al trasladarlos a las boletas finales, esos ajustes implicaban subas de 6 a 10 pesos por cada $1.000 facturado a cada cliente.
Inicialmente, Guzmán se había manifestado a favor de otorgar un aumento para todas las transportistas del orden 30%, que pasado a las facturas finales representaba una suba inferior al 1%. A igual que lo acontecido con Edenor, Edesur y las gasíferas, la intención del ministro de alinear los incrementos tarifarios con la inflación del 29% prevista en el Presupuesto se topó con la resistencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que logró imponer un retoque mínimo para los servicios públicos en línea con una prédica que conjuga la lógica electoral con los dramáticos niveles de pobreza de la población, que según el INDEC se ubican en el 42%.
Luego de analizar los aumentos pedidos por las transportistas y recibir el aval de Basualdo, la intervención del ENRE decidió habilitar un ajuste mínimo para Transpa y Transnea y mantener congeladas las tarifas de Transener, Transba, Distrocuyo, Transnoa, Epen y Transco. Según la evaluación que efectuaron los técnicos del órgano de control, las dos empresas que recibirán aumentos no tenían garantizadas proyecciones de ingresos acordes con los gastos operativos futuros y las inversiones pendientes que deben afrontar en los próximos 18 meses.
En el caso de las otras seis transportistas, que seguirán percibiendo las tarifas vigentes desde abril de 2019, los funcionarios del ENRE consideraron que cuentan con fondos disponibles en sus cajas y colocaciones bancarias que resultan suficientes para poder afrontar los costos de operación y mantenimiento hasta el próximo año, cuando se realizará la Revisión Tarifaria Integral (RTI).
La postura contraria a un aumento para las transportistas había sido adelantada por Manín unos días antes de las audiencias públicas, cuando reflotó las conclusiones de la auditoría realizada por el ENRE sobre la RTI que llevó adelante la administración de Mauricio Macri en 2016. Según sostuvo la interventora, “las medidas que se tomaron para el transporte eléctrico estuvieron orientadas a subir los ingresos totales de las empresas muy por encima de lo que podía surgir de aplicar otras variables de referencia de la economía. La etapa 2016-19 estuvo signada por la reducción de subsidios y la dolarización de la energía, lo que llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por los usuarios, mientras que las concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos".
Entre las empresas que se quedaron sin aumentos, el caso que más ruido genera es el que involucra a Transener. La compañía, que opera las redes troncales de alta tensión, está en manos de la sociedad controlante Citilec, cuyo paquete accionario se reparten en partes iguales el holding Pampa Energía del empresario Marcelo Mindlin y la estatal IEASA, que preside el santacruceño Agustín Gerez. A su vez, Transener es dueña del 99% de Transba, la concesionaria de las líneas eléctricas de media y baja tensión de la provincia de Buenos Aires.
Los directivos de Transener requirieron un aumento acumulado para este año y el próximo del 62%, destinado a cubrir las subas previstas en los costos operativos y salariales. El ENRE contrarrestó ese planteo con el argumento de que durante la gestión macrista la empresa no solo obtuvo ganancias extraordinarias por los aumentos otorgados, sino que además no cumplió con el plan de inversiones comprometido, que solo alcanzó el 55% de lo que estaba previsto.
Tanto para las empresas como para los que siguen de cerca los temas del sector, la demora que se registra en la oficialización del nuevo escenario tarifario del transporte eléctrico se enmarca en la disputa interna que, aunque asordinada, aún atraviesa al Gobierno.
Como las transportistas que se quedaron con las manos vacías no aceptan firmar un acta acuerdo para suspender o no iniciar acciones judiciales contra el Estado, el ENRE tiene que convalidar la prolongación del congelamiento tarifario con la firma de una resolución conjunta con Economía que, por ahora, Guzmán vendría dilatando más de la cuenta.
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